La legislatura catalana

El Parlament aprueba el informe sobre la DGAIA que constata años de irregularidades

La cámara rechaza el punto del dictamen que insta a "eliminar el margen de lucro opaco de las entidades de la gestión externalizada"

La consejera Martínez Bravo y los secretarios Teresa Llorenç y Raúl Moreno, durante la reunión de este lunes con las entidades para abordar los cambios en la DGAIA
D.S. / X.T.
Act. hace 20 min
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BarcelonaTras nueve meses, quince sesiones y hasta cincuenta comparecencias, este martes el Parlament ha aprobado parte del dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2011 y 2025. La comisión se creó, entre otras cosas, por el caso de la menor de edad protegida por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales entre 2020 y 2021 y que desencadenó la refundación y cambio de nombre del servicio por parte del Govern.

Las conclusiones y propuestas de mejora de la comisión que evidencian años de irregularidades se han aprobado por la mínima y solo dos días después de que la ya exconsellera Mònica Martínez Bravo dejara el cargo por motivos personales. Este martes, pues, su sustituto, Raúl Moreno, ya ha vivido la votación como nuevo titular de la conselleria de Drets Socials.

Los votos de PSC, ERC y Comuns han permitido sacar adelante la mayoría de apartados del texto, que ha recibido el rechazo de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança. Ahora bien, la cámara catalana no ha incorporado uno de los puntos que validó la comisión y que instaba a "eliminar el margen de lucro opaco" de las externalizaciones. La parte del texto rechazada también proponía un "control absoluto, transparente e integral de cada euro público destinado a la infancia" y establecía que antes de acabar el año el Govern debía disponer del “proceso de fijación pública de los escandallos, las tarifas y los costes reales de los servicios concertados". En este sentido, sí que se ha aprobado una parte del dictamen que denuncia que la mayoría de centros residenciales de la DGAIA son gestionados por empresas externas y reprocha que la administración “no puede limitarse a financiar plazas y derivar niños”. Además, se insta a asumir “plenamente la dirección pública” del servicio.

"Sistema desbordado"

Entre lo que sí que ha aprobado la cámara está la constatación de que la DGAIA tenía un "sistema desbordado", que ha operado "desde la lógica de la emergencia". También se ha concluido que ya "arrastraba condicionantes estructurales previos" al "incremento extraordinario" de la asistencia que ha absorbido en los últimos años. De hecho, el texto recuerda que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que se debían atender en la DGAIA, con un incremento del número de menores tutelados en Cataluña de un 71%. Todo esto, según subraya el texto, no se ha ido acompañando del incremento de los recursos.

Ante este escenario, el Parlament ha concluido que la DGAIA presentaba "problemas estructurales y de gobernanza" que limitaron "su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes". Además, también se ha advertido que los "retos estructurales" se fueron acumulando a lo largo del tiempo en lo que respecta a la planificación, financiación, provisión de recursos y capacidad de adaptación ante incrementos extraordinarios de demanda del servicio.

La comisión que ha investigado durante nueve meses la situación de la DGAIA también denuncia que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”. Por otra parte, la cámara catalana también ha avalado una parte del dictamen de la comisión que apunta cómo "los recortes en inversiones y presupuestos sociales de la etapa convergente, junto con la política de externalización" contribuyeron a una "presión sostenida durante tanto tiempo" en la DGAIA.

Finalmente, el informe también ha identificado una “brecha existente” entre trabajadores concertados y de la administración por “hacer el mismo trabajo”, motivo por el cual se reclama una equiparación salarial “urgente”, ya que esto supone una “elevada rotación” y la “dificultad” para encontrar personal cualificado, entre otras cosas. Finalmente, el informe también identifica “diferencias de criterio entre territorios, falta de protocolos homogéneos, y problemas de coordinación entre servicios y centros".

Oposición y socios reclaman a Illa más cambios en el Govern

El mismo día que el Parlament ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA, el presidente Salvador Illa ha comparecido para explicar el relevo al frente de la conselleria de Drets Socials i Inclusió después de agradecer “el trabajo hecho” a la hasta ahora máxima titular del departamento, Mònica Martínez Bravo, que ha sido relevada por su número 2, Raúl Moreno. “Es un cambio de conseller, no de políticas”, ha reiterado. Illa ha defendido "la estabilidad" de su gobierno después del relevo, pero ha señalado que “hay circunstancias personales y de contexto que pueden obligar a adaptarse”. En este sentido, se ha mostrado tajante a la hora de evitar hablar de crisis. "En mi gobierno, vaivenes, pocos", ha concluido.

Unos argumentos que no han convencido ni a los socios ni a la oposición, que le ha reclamado una remodelación más profunda recordando las peticiones de dimisión o las reprobaciones de otros miembros de su ejecutivo. La más contundente ha sido Mònica Sales, de Junts: “El problema no es una conselleria, es la mala gestión de un gobierno agónico que es un desbarajuste”, ha espetado, aunque también ha subrayado que Moreno era “la mano derecha de la consellera y es corresponsable de la mala gestión del departamento”.

Josep Maria Jové, de ERC, también ha exigido “una remodelación más profunda” y se ha referido a las reprobaciones de conselleras que Illa no ha atendido “sin cumplir con las resoluciones del Parlament”. “Cambien las caras que tengan que cambiar, con los presupuestos aprobados ya no tienen más excusas, la duda es si tienen las personas más adecuadas para hacerlo”, ha añadido. El otro socio del Govern, los comunes, se han limitado a exigir que se aceleren “las transformaciones sociales que el país necesita”, ha afirmado Jéssica Albiach.

Lorena Roldán, del PP, ha acusado a Illa de aprovechar la celebración de la victoria de España en el Mundial para hacer el cambio en la conselleria. “La consellera se va por la puerta de atrás, sin dar ninguna explicación”, ha remachado para reclamar un cambio de políticas. Ignacio Garriga (Vox) ha denunciado que el cambio se produce con las conclusiones de la reforma de la DGAIA o el informe sobre las listas de espera sobre la mesa.

La exdiputada de la CUP Maria Pilar Castillejo, por su parte, ha lamentado que “el relevo relámpago transmite que su Govern hace aguas con dimisiones y reprobaciones de consejeras y con huelgas a la vuelta de la esquina”, mientras que Rosa Maria Soberana, de Aliança, ha concluido que “no es un cese, es una huida de una consejera que vivía en el “absentismo remunerado”.

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