Vivienda
Sociedad 29/01/2021

"Pasaría de pagar 400 a 900 euros de alquiler, por encima del precio de mercado"

Más de 3.000 familias, sin salida por la anulación del decreto de la vivienda del Govern

2 min
Rafael Gómez, a la puerta de su portal del barrio de Bellithe

BarcelonaA Rafael Gómez hace cuatro meses que no le cobran el dinero del alquiler del piso. El propietario que se quedó la vivienda no le ha pasado los recibos desde septiembre, cuando se le acabó el contrato por el cual pagaba 400 euros mensuales de alquiler social. La anulación del decreto aprobado por la Generalitat en 2019 para proteger a los más vulnerables y a los que ocupan por necesidad deja ahora a este vecino del barrio de Bellvitge de L'Hospitalet casi a la intemperie, porque el Tribunal Constitucional elimina la prohibición de desahuciar a este colectivo.

Gómez vive con su madre de 80 años y una hermana en el piso que fue de su propiedad hasta que hace unos años lo perdió por pagar la deuda de una estafa. La familia consiguió “después de luchar mucho” un alquiler social de 400 euros que se acabó el mes de septiembre pasado, en plena pandemia. La inmobiliaria Anticipa, con sede en el Prat de Llobregat, es ahora la propietaria y le reclama 900 euros mensuales si quiere continuar en el piso. La cifra supone doblar el precio actual y “supera el precio de mercado de Bellvitge”, apunta Gómez, miembro de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH). El hombre está en un ERTE y ahora cobra 700 euros al mes, así que el margen de maniobra es escaso. “Sinceramente, no tengo un plan B”, admite una vez se ha sabido la resolución del Constitucional, que entra en vigor de manera inmediata.

Como Gómez, se calcula que actualmente hay más de 3.000 familias en la misma situación en Catalunya, según los cálculos de las entidades. Personas que no pueden hacer frente a unos precios de alquiler o de hipoteca o que ocupan una vivienda vacía para no quedarse en la calle. El decreto del Govern obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de sacar adelante el desahucio.

El Constitucional, además de tumbar este decreto, ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP a la ley 11/20 del Govern, que regulaba el precio de los alquileres de las viviendas. Para Diana Vigorós, se trata de una mala noticia, a pesar de que confía en que los magistrados finalmente no consideren que el texto pisa competencias a la administración estatal. A esta arrendataria de un piso del Raval, la ley le permitía mantener una cuota de 500 euros mensuales. Si la ley queda finalmente anulada, los bajos de 39 metros cuadrados donde vive pasarían a costar poco más de 900 euros, casi el doble. La “trampa” del fondo buitre es que le ofrece un nuevo contrato por siete años con una “bonificación” los tres primeros del 50% y, a partir del cuarto, ya se aplicaría el 100%. “Es una estafa de ley”, denuncia Vigorós, porque en la práctica la propiedad “cambia las condiciones a medio contrato” y lo aprovecha para cargar al inquilino gastos que no le corresponden, como el IBI, la comunidad y un seguro de impago. Vigorós, miembro del Sindicat de Llogaters, ha participado en la concentración que esta tarde se ha organizado en la Plaça Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la resolución del alto tribunal.

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