Más protección para las mascotas: prohibida su venta en tiendas y prisión para los maltratadores

BarcelonaHasta 24 meses de prisión por matar un animal a golpes o infligiéndole torturas. Es una de las novedades que incorpora la ley de protección animal, que este viernes ha aprobado el consejo de ministros. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que la normativa responde a la mayor sensibilidad de la sociedad española con los animales domésticos y pretende acabar con la impunidad que hay contra el "maltrato tradicional y el abandono" y promover, a la vez, una tenencia de animales "responsable".

Para Maria José Mata, abogada y socia fundadora de INTERcids, entidades de agentes jurídicos para la defensa de los derechos de los animales, la buena noticia es que por primera vez el gobierno español armoniza en una única norma contra el maltrato toda la legislación que comunidades y ayuntamientos han ido desplegando, pero lamenta que en este esfuerzo por avanzar en el reconocimiento de los derechos se deje fuera los toros y los perros de caza y de pastores. A su parecer, esto supone una "discriminación" de los perros puramente domésticos con los que desarrollan una "función que beneficia y hacen servicio a los humanos", a pesar de ser la misma especie y ser reconocidos igualmente como seres con sentimientos.

La ley, que se prevé que entre en vigor antes de que acabe el año después de superar el trámite parlamentario, ha abierto una rendija entre los socios del gobierno español, que tienen repartidas las competencias referidas a los animales. Los de Belarra, de Unidas Podemos, han acusado al ministerio de Agricultura, gobernado por el socialista Luis Plans, de ceder a los intereses del sector de la caza.

Se calcula que en un tercio de los hogares españoles viven animales de compañía. En total, 13 millones de ejemplares están identificados, pero el ministerio estima que hay que sumar unos 5,6 millones más que no están en ningún registro oficial. Sin censos fiables, se calcula que anualmente se abandonan unos 300.000 animales, que acaban en los mejores casos en una protectora a la espera de una familia de adopción.

El proyecto presentado por el ministerio de Belarra prevé la modificación del Código Penal para aumentar las condenas para los que maltraten y torturen los animales de compañía. En caso de que haya lesiones graves, que requieran atención veterinaria, la pena máxima será de 18 meses de prisión (actualmente es una falta tipificada con multa económica y trabajos en beneficio de la comunidad) y llegará a los 24 meses si la conducta acaba con la muerte del animal, frente al actual castigo, que solo prevé entre tres meses y un año. En este sentido, la ministra ha valorado que se reducirá "la distancia entre el sentido común de la ciudadanía y las leyes", puesto que por fin se pondrá fin a la "tradicional impunidad" de la cual han disfrutado los maltratadores.

La ley unifica los criterios que ya aplican comunidades como Catalunya, que hace años que acabó con el sacrificio de los animales abandonados, y se busca limitar estas muertes en casos excepcionales. Por eso, el texto del proyecto de ley establece que la eutanasia solo se autorizará cuando haya criterios y controles veterinarios y solo para evitar sufrimiento innecesario al animal. Por el contrario, en ningún caso se podrá aplicar por cuestiones económicas, abandono, enfermedad (si tiene un tratamiento) o por falta de plazas en un centro de acogida. Como la norma se refiere siempre a los animales domésticos, quedan excluidos expresamente los de granja, como vacas, cabras, ovejas y cerdos.

Como ya pasa en Catalunya desde hace unos años, las tiendas no podrán exhibir animales vivos, pero la novedad es que con la ley en la mano tampoco se permitirá la comercialización de ejemplares, que quedará limitada a criadores profesionales autorizados. Estos tendrán que inscribirse en un registro de la dirección general de Derechos de los Animales para poder operar tanto en su comercialización como en la cría. Los peces quedan excluidos de la ley y sí que se podrán seguir vendiendo como hasta ahora.

Los animales domésticos tampoco pueden ser exhibidos para fines comerciales y, cuando participen en espectáculos como los pesebres vivientes, las cabalgatas y romerías, los organizadores tendrán que garantizar su confort, proporcionándoles puntos de descanso y bebederos. Los concursos y las ferias tendrán que contar con la atención de un auxiliar de veterinaria.

Anteproyecto de ley de protección de los animales publicado en el BOE

Antes de comprar o adoptar un perro, habrá que pasar un cursillo de formación con el objetivo de aprender cómo cuidar del animal y garantizar a su vez una buena convivencia y una tenencia responsable. Quedan excluidos los propietarios de perros de caza y para vigilar rebaños, puesto que se supone que ya tienen una formación previa.

En el articulado de la ley se recoge la prohibición de usar aparatos de descarga para inmovilizar a los animales, así como llevarlos atados con correas que los estrangulen o les causen heridas en la piel.

La ministra ha avanzado que la voluntad de la ley es ir convirtiendo los zoológicos y delfinarios en centros de recuperación y cría de especies autóctonas, en la línea que ya siguen muchos de estos establecimientos, como el Zoo de Barcelona. Así, se tenderá a dejar de comprar y criar ejemplares de especies exóticas.

La ley establece un régimen sancionador más duro que el actual Código Penal, según la gravedad de la infracción. Para las leves –dejar de cuidar el animal–, se fijan multas de entre 600 y 30.000 euros; para las graves –abandono, causar la muerte o mutilar por imprudencia–, entre 30.001 y 100.000 euros, y en caso de provocar la muerte intencionadamente, sacrificar ejemplares sin autorización o adiestrarlos para peleas, las sanciones económicas van de los 100.001 a los 600.000 euros.

La ley creará un registro estatal para incluir la identidad de las personas que penalmente o por sanción administrativa hayan quedado inhabilitadas para poder tener un animal de compañía. Para que sea efectiva, en principio la lista estará al alcance de los vendedores y criadores autorizados por ley.

Con la ley acabará la impunidad hacia las personas que publicitan y exhiben el maltrato y comportamientos tan salvajes como "ahogar una cría de jabalí o quemar un zorro vivo y colgarlo en las redes", ha explicado en rueda de prensa Belarra.

A partir de ahora desaparecerán las listas de perros peligrosos porque se entiende que este potencial peligro no tiene que ver con las razas sino con la manera de educar y adiestrar cada ejemplar, dice la abogada Mata.