La regularización desborda las previsiones: 1,2 millones de solicitudes, la mayoría de latinoamericanos

BarcelonaBalance final de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el gobierno español. Finalmente han sido 1.174.978 personas las que han presentado la solicitud para acogerse al proceso. Se trata de una cifra que desborda las previsiones de medio millón que había hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando anunció la apertura del procedimiento, el séptimo de estas características en democracia y el primero desde hace 20 años. De el total de peticiones, más de un 50% ya han sido admitidas a trámite, y por tanto los beneficiarios ya disponen de una primera autorización temporal para residencia y trabajar en España. La mayoría de los migrantes solicitantes son latinoamericanos, concretamente un 67%, de los cuales, un 27% son colombianos. También destacan en las primeras posiciones las solicitudes de los migrantes marroquíes, que ocupan la segunda posición. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha avanzado que Cataluña es el territorio que más solicitudes ha registrado, 257.000, es decir, dos de cada 10. Por detrás se sitúan, por este orden, la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valenciano (167.000) y Andalucía (161.000).

La regularización ha llegado a su punto final entre ataques furibundos de la derecha y la ultraderecha a la política migratoria de la Moncloa y en medio de una batalla judicial en el Tribunal Supremo. El alto tribunal, de hecho, ha expresado dudas sobre el encaje del proceso al derecho europeo y valora plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. Los expertos consultados por ARA, sin embargo, coinciden en que es poco probable que estos movimientos judiciales tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas.

En un mensaje de vídeo, Elma Saiz ha subrayado que la medida extraordinaria permitirá que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza". "Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha celebrado la ministra.

El plazo de solicitudes se abrió de manera telemática el 16 de abril y cerró el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este período por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas para pedir el certificado de vulnerabilidad, una exigencia que propuso días antes del inicio del proceso el Consejo de Estado.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso con el apoyo de más de 600.000 firmas, pero quedó bloqueada en la cámara baja por falta de acuerdo parlamentario. Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que vivieran de manera irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevaran al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.