Sánchez descarta un nuevo estado de alarma: "Es el pasado y hay que mirar al futuro"

MadridContinúa el debate abierto entre gobierno español y oposición sobre qué medidas hay que tomar después del fin del estado de alarma. El lío de la Moncloa con la necesidad o no de hacer reformas legales ha dado municiones al PP, pero también los socios de coalición de Pedro Sánchez piden medidas que amparen a nivel legal a las comunidades. Pero el presidente español no tiene intención de dar marcha atrás. Si bien el lunes, desde Atenas, descartaba nuevas modificaciones legislativas, este martes ha asegurado desde la Moncloa que "el estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro".

Durante una comparecencia conjunta con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Sánchez ha pedido "coherencia" sobre todo al PP después de que votara en contra del estado de alarma dos veces y en el caso del último, de seis meses, se abstuviera. Preguntado específicamente qué hará el gobierno español si el Tribunal Supremo no avala las restricciones de las comunidades, como el toque de queda, el presidente español no ha dado ninguna solución más allá de garantizar que los gobiernos autonómicos ya tienen suficientes instrumentos y que hay que tener en cuenta el adelanto en la vacunación contra el coronavirus.

Ha descartado así de nuevo el "plan b jurídico" que proponen los populares para reformar la ley orgánica de salud pública de 1986 porque a su parecer "una ley ordinaria nunca podrá sustituir el estado de alarma". De hecho, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha ido más allá y ha asegurado que su partido no prepara leyes porque ya existe un "arsenal normativo" para las comunidades. Fuentes socialistas, sin embargo, admiten que no negocian con sus socios un "plan b" porque les piden contrapartidas que no tienen relación con el estado de alarma.

La Moncloa se aferra a la cuenta atrás para el objetivo del 70% de personas vacunadas como muy tarde el 18 de agosto anunciado el lunes por Sánchez. "Queden 99 días para conseguir la inmunidad de grupo", ha aseverado el presidente español, a pesar de que expertos epidemiólogos advierten que no se conseguirá con el 70% de la población y menos si los menores no están vacunados.

Por lo tanto, ante las críticas de las comunidades autónomas, la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, ha señalado que lo que tienen que hacer es "acelerar el proceso de vacunación porque es la única herramienta legal" para responder a la situación. También ha pedido "responsabilidad" a la población para mantener la incidencia acumulada a la baja porque "no podemos poner en riesgo la llegada de los turistas que tanto necesitamos".

Según Montero, la situación actual en relación a la pandemia es "extraordinariamente diferente" a la de hace seis meses, el octubre pasado: entonces había una incidencia acumulada de contagios por 100.000 habitantes los últimos 14 días de 360, ahora es de 198 casos, casi la mitad.

Portazos de los Tribunales Superiores de Justicia

Mientras que el gobierno español no ofrece una alternativa clara a las comunidades más allá del Supremo, continúan sucediéndose los portazos judiciales a las medidas autonómicas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tumbado el toque de queda nocturno porque lo considera desproporcionado. A su parecer, los controles de los botellones se pueden hacer con la legislación ordinaria. Tampoco ratifica el cierre de las terrazas de la hostelería a las 22h porque considera que es una medida ligada al toque de queda.

Añade así presión a las comunidades para recurrir al Supremo. Todavía ninguna lo ha hecho a pesar de que Canarias sí que tiene intención de dar el paso. Junto con el País Vasco se han encontrado con que sus tribunales han rechazado el toque de queda, mientras que la justicia lo ha avalado a las Baleares y el País Valenciano. Habrá que ver si el alto tribunal realmente quiere hacer de garante de las medidas, pese a las críticas de algún informe interno al decreto anticovid del gobierno español porque consideran que se traslada a la justicia una decisión política.

En paralelo, la justicia andaluza también ha tumbado el confinamiento perimetral de un municipio, mientras que lo ha avalado en tres meses, añadiendo más incertidumbre a las restricciones.