Cataluña aprueba la ley para erradicar el amianto y reconocer a las víctimas

BarcelonaPaso histórico para eliminar el legado tóxico originado por el crecimiento urbanístico e industrial en Cataluña. Este miércoles el Parlament ha aprobado por unanimidad la ley que fija el horizonte del 2032 para erradicar los cerca de cuatro millones de toneladas de amianto que todavía quedan en las construcciones del país. La norma establece las bases para la retirada progresiva de un material prohibido desde el 2002 pero que continúa presente en miles de edificios, infraestructuras y redes de suministro.

La ley también incorpora el reconocimiento de los afectados por décadas de exposición al fibrocemento (cemento mezclado con fibras de amianto) y abre la puerta a futuras compensaciones económicas. Además, crea un censo nacional y municipal de la presencia de amianto y fija multas de hasta 100.000 euros para los propietarios que no lo retiren allí donde se detecte.

Se trata de una ley que inició el gobierno de Pere Aragonès pero que decayó por el adelanto de las elecciones. Este miércoles todos los grupos parlamentarios le han dado apoyo —si bien Vox y el PP se han abstenido en algunos de los puntos— en una sesión en la que han participado víctimas, entidades y representantes de los municipios con más instalaciones con amianto.

el amianto fue el producto estrella de la construcciónUn problema del tamaño de Sabadell

Conocido popularmente como Uralita, el amianto fue el producto estrella de la construcción en todo el Estado a finales del siglo pasado porque era barato y prometía infraestructuras sólidas en un momento en que la prioridad era construir muy deprisa. En 2002 se prohibió su uso en cualquier formato, pero Cataluña continúa llena de construcciones con este material porque, según los expertos, mientras no esté dañado no supone un riesgo para la salud pública y no era obligatorio retirarlo. Ahora Paneque ha subrayado que con la garantía normativa la erradicación es un "reto muy importante".

Según el censo de cubiertas con fibrocemento consultado por la ACN, Cataluña tiene 121.982 tejados con presencia de amianto, que representan más de 683.000 toneladas de este material y que, una al lado de la otra, ocuparían un área de 38,6 km², aproximadamente el área de Sabadell. Las cubiertas son el elemento más visible, pero no el único: hay en los depósitos de agua, las tuberías, los bajantes y los colectores horizontales, así como en las redes de suministro de agua.

Según las estimaciones del Govern, Cataluña acoge todavía cerca de cuatro millones de toneladas de fibrocemento, a las que se suman entre 6.000 y 30.000 toneladas de otros materiales que contienen amianto. El mapa que se dibuja a partir del censo de la Generalitat muestra una gran extensión de amianto en Barcelona y su área metropolitana, las zonas más densamente pobladas. Pero, en segundo lugar y de forma destacada, la mancha se extiende con fuerza en una importante área de Poniente, con Lleida como epicentro, el delta del Ebro y alrededor de Vic –con una importante industria cárnica– y Manresa.

Subvenciones y multas

La ley aprobada fija la obligación de las administraciones públicas de identificar, gestionar y retirar el amianto de los bienes muebles e inmuebles de los que son titulares, y obliga al resto de empresas y a la ciudadanía a informar de los lugares que conozcan con presencia de materiales que contienen amianto. De hecho, deben mantener los inmuebles de su propiedad "libres de este material". Paneque ha explicado que desde 2019 el Govern ha concedido subvenciones por 100 millones de euros para la retirada y que esperan ampliar el importe a 20 millones de euros anuales en las convocatorias futuras.

La nueva ley establece un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros a los propietarios que no retiran los elementos de uralita degradados. La recaudación de las sanciones se incluirá en el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña que crea la ley, que se destinará a la financiación de actuaciones de gestión y retirada o de difusión y sensibilización.

La ley incorpora el reconocimiento de las víctimas del amianto, pero ahora está pendiente el desarrollo del reglamento, que debe incluir compensaciones a los afectados, aún pendientes de concretar. Este miércoles, tras la votación, extrabajadores de la fábrica Macosa-Alstom de Barcelona y miembros de asociaciones que han trabajado en el impulso de la ley han calificado la aprobación de hito histórico, pero han advertido que debe contar con recursos económicos y unidad administrativa para sacar adelante los planes.

Miguel Moreno, de la Asociación Jubilados de Macosa - Alstom Afectados por el Amianto, ha recordado que al menos unos 40 compañeros han enfermado o muerto por los efectos del amianto y ha señalado que la ley puede tener un impacto importante en el ámbito global porque es "pionera internacionalmente". Por otra parte, desde la comisión contra el amianto de la FAVB, Joan Maria Soler ha admitido que el texto aprobado no es la ley que ellos habían presentado, pero ha valorado que se haya llegado a un acuerdo en la gran mayoría de aspectos y ha anticipado que las líneas de subvención se agotarán "en pocas semanas".

Reacciones políticas

Los grupos parlamentarios han valorado positivamente la nueva ley del amianto, aunque han expresado dudas sobre su desarrollo. Junts ha reclamado una aplicación "rápida", mientras que los comunes la han definido como un "paso necesario y largamente reivindicado" y han exigido los recursos necesarios para ejecutarla.

ERC ha reivindicado el origen republicano del proyecto y ha advertido que seguirá de cerca el desarrollo reglamentario, y la CUP ha celebrado el "avance" que supone la norma, aunque ha reclamado un reglamento ambicioso, calendarios vinculantes y financiación estable.

Tanto Aliança Catalana como el PP han destacado que la ley da respuesta a una reivindicación histórica, pero que sin presupuesto puede "quedar en papel mojado". Vox la ha considerado innecesaria por el aumento de burocracia que comportará, pero ha votado a favor para no obstaculizar su aprobación.