Multas de hasta 100.000 euros a los que no retire el peligroso amianto de sus edificios

BarcelonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recuperado la ley para erradicar al amianto de los edificios catalanes que aprobó su predecesor, Pere Aragonès, y que decayó por la convocatoria de elecciones. La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha anunciado que la norma se presentará de nuevo al Parlamento en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. Entre las medidas prioritarias se encuentra la elaboración de un censo, municipio por municipio, de todos los edificios construidos con este material, y el despliegue de un régimen sancionador que permita multar con hasta 100.000 euros a los propietarios que no quitan los elementos de uralita degradados a petición de las autoridades.

En el marco de esta normativa, el Gobierno también estudiará realizar un certificado de presencia de amianto en edificios privados construidos antes de 2002 (como ya se hace con las condiciones energéticas) que, además, sea vinculante para la compra y alquiler . Por otra parte, se contempla la ampliación de la red de infraestructuras para absorber el aumento de residuos de amianto de los próximos años, sea habilitando espacios en los puntos limpios o creando vertederos controlados. "Este producto se utilizó especialmente entre los años 60 y 80, por lo que, en estos momentos, estaría en el final de su vida útil y esto puede ser peligroso para la salud pública", alertó Paneque.

La Agencia de Residuos liderará este plan nacional, que se ha aprobado sin modificar ni una coma de la propuesta del anterior ejecutivo y que ahora debe debatirse en el Parlament, donde sí que pueden haber enmiendas. Paneque ha subrayado que ésta es la primera norma sobre amianto que se sale adelante del Estado, y se prevé que esté lista, como máximo, en el 2026. Según la Generalitat, este recurso permitirá tener una fotografía más detallada de la presencia del amianto y agilizar su retirada en los casos que suponga un riesgo para la salud de la población.

El último estudio disponible es de 2001, y entonces ya se estimaba que había aproximadamente 4 millones de toneladas de este material, considerado el producto estrella de la construcción de viviendas, fábricas y conductos para el suministro de agua al 'Estado entre los años 60 y 80. Ahora la Generalitat calcula que se han retirado en torno a 2 millones de toneladas y que quedarían entre 2 y 3 millones más, pero fuentes conocedoras admiten que sólo se tiene constancia de la existencia de 800.000 toneladas en cubiertas de fibrocemento (cemento mezclado con fibras de amianto).

10 millones anuales para los municipios

El marco normativo exige la elaboración de un mapa al por menor de los tejados de amianto y, para ello, ofrece plantillas para la recogida de datos y pautas para que los consistorios puedan presentar la documentación. empezado a realizar formación en ayuntamientos y consejos comarcales Otro de los objetivos de la ley es habilitar herramientas para agilizar la tramitación forzar la retirada en inmuebles particulares donde hay amianto. degradado. A estas alturas un ayuntamiento puede instar a un propietario a inspeccionar elementos y, si se confirma que está dañado, el consistorio puede incoar un expediente, pero el procedimiento es enrevesado.

La Generalitat también tiene previsto abrir un fondo específico que incluye subvenciones al mundo municipal de hasta 10 millones de euros anuales, ya que, en una primera fase, los ayuntamientos tendrán que tener controladas sus instalaciones mediante el mapa cartográfico, así como de las cubiertas de los inmuebles privados. Sólo seis municipios han enviado esta documentación a un nivel de detalle que el Govern considera óptimo –Badía del Vallés, Flix, Masquefa, La Pobla de Segur, Ripoll y San Lorenzo de la Muga– porque han destinado más recursos o han externalizado la tarea a empresas especializadas, pero fuentes gubernamentales valoran que existen muchos territorios trabajando intensamente desde hace años, como Barcelona.

La nueva normativa se alinea con las recomendaciones de la Unión Europea, que pide que en 2028 todas las instalaciones de titularidad pública estén libres de amianto, sobre todo si están en entornos vulnerables como escuelas o centros sanitarios. En este sentido, la Generalitat ya ha revisado el 83% de sus 6.500 inmuebles y no ha detectado amianto en un 90%, es decir que cerca de medio millar de edificios sí que los tienen. "Nos hemos marcado como objetivo cumplir estas recomendaciones europeas", aseveró Paneque. De cara a 2032, la UE también plantea que el material haya desaparecido de todas las edificaciones, tanto públicas como privadas.

Sin embargo, cabe decir que se trata de un objetivo ambicioso –y que no tiene carácter obligatorio porque no es una directiva europea, sino una recomendación–, teniendo en cuenta que en el 2021 el Estado ya impuso a los ayuntamientos de toda España realizar los censos para planificar la retirada de este material antes del 10 de abril de 2023 a través de la ley de residuos y suelos contaminados. Sin embargo, en el caso de Cataluña, sólo un 20% de los municipios han entregado el inventario, algunos de ellos con documentación parcial. Según fuentes gubernamentales, el ejecutivo español no planteaba ningún calendario o sanción para quien incumpliera el orden, ni daba recursos económicos o técnicos para retirar el material; una ausencia de indicaciones que penaliza sobre todo a los municipios pequeños.

Vida útil de 30 y 40 años

Conocido popularmente como uralita, el amianto era un producto al alcance, barato y que prometía infraestructuras sólidas en un momento en que la prioridad era construir muy rápido. En 2002 se prohibió su uso en cualquier formato, pero mientras no esté dañado no supone un riesgo para la salud pública y no es obligatorio retirarlo. De ahí que Catalunya esté todavía llena de construcciones con amianto. Las cubiertas son el elemento más visible, pero no el único: las hay en los depósitos de agua, tuberías, bajantes y colectores horizontales, así como en las redes de suministro de agua.

La vida útil del amianto es de máximo 40 años, pero si se degrada puede resultar perjudicial para la salud. Combinado con enfermedades de riesgo o el consumo de tabaco, exponerse de forma prolongada se asocia a cáncer de pulmón y asbestosis, que es una irritación de los tejidos pulmonares que puede causar insuficiencia respiratoria. Los casos más conocidos son los de trabajadores del metro que enfermaron décadas después de la exposición al material desgaste de los antiguos zapatos de freno, la pintura, los talleres, los túneles y los conductos de ventilación.