Subir al bus o bajar en el metro sigue siendo una odisea para las personas con discapacidad

BarcelonaEdificios públicos con una entrada no accesible, con una rampa demasiado inclinada o con ascensores tan pequeños que no cabe ni una silla de ruedas. Son algunas de las denuncias que el año pasado recibió el Ecom, una entidad de personas con discapacidad física u orgánica que defiende su derecho a llevar una vida independiente. En su radar sobre la vulnerabilidad de estos derechos, la asociación ha detectado que dos tercios de las quejas que recibe son contra las administraciones públicas, en especial de organismos dependientes de la Generalitat, por delante de los ayuntamientos. Muy por debajo, un 9% de los casos son por desacuerdos con comunidades de vecinos, sobre todo por la negativa de los demás propietarios a pagar reformas de accesibilidad a los espacios comunes (también las piscinas).

A pesar de la renovación de la flota de autobuses y de convoyes, el transporte público sigue siendo una gran asignatura pendiente para el colectivo con discapacidad. La situación es especialmente grave fuera de las conurbaciones urbanas, con menor oferta, o cuando, por ejemplo, se producen incidencias ferroviarias y se ignora que los servicios alternativos estén adaptados. Por eso, la entidad reclama que la red de transporte se ponga al día eliminando las barreras arquitectónicas y haciendo un buen mantenimiento de plataformas y ascensores para evitar que estén fuera de funcionamiento durante semanas o incluso meses, como ha ocurrido en alguna ocasión en estaciones muy concurridas.

En segundo lugar, aparecen los problemas de accesibilidad a edificios y los obstáculos urbanos en las aceras –estrechas o sobreocupadas de elementos como las terrazas, aparte de los aparcamientos indebidos–. Entre las quejas se repiten año tras año la poca consideración que los consistorios tienen en organizar actos festivos y populares, ya que en muchos casos no contemplan para el colectivo lugares con buena visibilidad y sonido o un espacio para las personas en silla de ruedas. Capítulo aparte merece la queja por la falta de parques infantiles inclusivos para todas las criaturas, lo que deja las que tienen problemas de movilidad sin poder jugar.

Durante el año pasado, el Ecom registró 226 vulneraciones, aunque sólo en 75 de los casos se formalizó una denuncia. "Las personas con discapacidad creen que no sirve para nada denunciar", subraya Marta Alonso, técnica del Ecom.