Trabas e incertidumbres alrededor de los terrenos del futuro hospital Trueta

GironaEs uno de los proyectos “más importantes” del país —en palabras del conseller de Salud, Josep Maria Argimon—, pero el nuevo hospital Josep Trueta también será una de las operaciones más largas y pesadas que habrán vivido nunca los gerundenses. Además de las promesas que hasta cinco consellers de la rama les han hecho, tuvieron que esperar dos años a que Salud decidiera su ubicación, con un rifirrafe territorial entre Girona y Salt incluida. Finalmente, se optó por una opción salomónica: dos tercios de los terrenos son de Salt y un tercio de Giriona. Sin embargo, para conseguir las parcelas harán falta varios trámites que pueden acabar en los tribunales, lo que supondría alargar todavía más los plazos del nuevo hospital, del que tanto se ha hablado, pero tan poco se ha concretado. 

En octubre de 2021, Argimon presentó el plano del nuevo campus de Salud, que ocupará 100.000 metros cuadrados, delante del Hospital Santa Caterina. Mantuvo la previsión de terminarlo en 2028, pero matizó que la Generalitat no licitará el proyecto hasta que los ayuntamientos hayan hecho la cesión de los terrenos. Para cumplir este paso, los consistorios tendrán que finalizar el proceso de reparcelación del espacio. Así, los vecinos tendrán que pagar los costes de urbanización y se les compensará con el rendimiento que saquen de los pisos o comercios que se levantarán. Por ley, tienen que ceder un porcentaje de tierras a los consistorios y serán los que se ofrecerán en Salud por el Trueta.

“No nos iremos de casa”

En Girona, afecta a dos terratenientes: a los del restaurante Mas Sureda —que está catalogado— y a la familia de Olga Bellsolà, que vive en una masía del siglo XVII, con el pajar también protegido. Bellsolà critica las formas del Ayuntamiento —“En la primera reunión nos dijeron que nos lo quitarían todo”— y deja claro que irá a los tribunales para evitar perder la casa donde viven ella, sus hijos y su madre. “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en ceder todos los terrenos, pero la masía no. No es un tema económico, sino sentimental. Bajo ningún precio nos harán irnos de casa”, afirma contundente. El regidor de Urbanismo de Girona, Lluís Martí, recalca que antes se tienen que hacer muchos trámites: “No sabemos si impugnarán el proyecto ni si el que se acabe aprobando les acabará perjudicando o supondrá un retraso en el proceso”. 

Además, puede surgir otra traba: hay dos construcciones catalogadas y la administración tiene la obligación de protegerlas. Por lo tanto, ni el restaurante ni el pajar se podrían tirar abajo, “sino que se tendrían que integrar en el nuevo proyecto urbanístico”, según el profesor de derecho de la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre.

Medio centenar de propietarios

En cuanto a los terrenos de Salt, también son pantanosos. Las parcelas están incluidas en el llamado sector Sur, que el Ayuntamiento empezó a desarrollar en 2017, cuando Ikea quería instalarse. En 2018, se aprobó una modificación del plan general y un avance del plan parcial, que preveía una zona comercial y residencial, y un espacio por si Salud quería hacer el nuevo Trueta. Ahora bien, cuando el departamento presentó el plano, en 2021, preveía una superficie superior a la que previeron los habitantes de Salt. Por eso, el documento que hay en su web ha quedado obsoleto y se está trabajando en uno nuevo. 

Una de las principales dificultades de esta área es el número de propietarios: más de medio centenar. La mayoría son particulares, pero hay cuatro empresas que tienen el grueso del espacio: Invergisa, Nou Center d’Aro, Inver Baixvallvera y Nova Probet Vilassar. El miedo de los pequeños terratenientes es que se quiera hacer un proyecto “faraónico” que haga inasumible su urbanización. “Es muy diferente si cuesta 60 euros el metro cuadrado, 120 o 200, porque tendremos que hacer una inversión muy grande que no sabemos si recuperaremos nunca ni cuándo”, señala uno de los afectados. El ARA ha hablado con una decena de los propietarios particulares, pero todos han puesto la condición de que no salga su nombre. Salt es un pueblo pequeño y se tendrán que ver en futuras reuniones.

Además, se da la circunstancia que dos propietarios aseguran que desde Invergisa les han enseñado unos planos de desarrollo diferentes: se ampliaría el espacio que urbanizarían y la rotonda que hay al acceso de la autopista “se reconvertirá en una vía subterránea y una vía aérea superior”, como una solución para descongestionar los atascos diarios. El ARA se ha puesto en contacto con representantes de Invergisa, que han rechazado hacer declaraciones. 

El teniente de alcalde de Salt, Àlex Barceló, asegura que no sabe cómo este plano ha acabado en manos de los propietarios. “Es una de las diferentes opciones que tenemos sobre la mesa, pero puede ser que se acabe haciendo esta u otra”, expone. De hecho, el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos están estudiando diferentes soluciones para evitar el colapso circulatorio que se produce en este acceso y que se ha agravado con la liberación de los peajes.

Indemnizaciones a los comercios

Todos los propietarios de Salt consultados exponen que “hace mucho tiempo” que no saben nada de los planes del Ayuntamiento para este sector, donde hay varios negocios como una fábrica de piensos, un taller mecánico, dos centros de jardinería, una gasolinera y una planta de gas. “Nosotros tenemos diez trabajadores, calculamos que nos tendrán que indemnizar con un millón de euros”, indica uno de los perjudicados. 

Barceló recalca que están trabajando y que, antes del verano, esperan aprobar el nuevo plan parcial —que necesitará el visto bueno de la comisión de Urbanismo para que sea definitivo— y que marca, entre otros, los usos de cada parcela y los costes de urbanización. Según el regidor, “después serán los vecinos los que tendrán que pactar las indemnizaciones a los negocios”. Por lo tanto, tanto en Girona como en Salt queda un camino largo y embarrado hasta obtener los terrenos que, algún día, tienen que acoger el nuevo Trueta.