"El maltratador sale por la puerta grande y yo quedo muerta en vida"

BarcelonaLa mitad de las violencias machistas institucionales se ejercen en los juzgados en los que las mujeres acuden a denunciar o resolver diferencias con sus agresores. "La juez me dejó como un paño sucio, dice que he actuado de mala fe y no toma pruebas ni informes médicos", explica una mujer joven sobre su experiencia personal, y añade: "El maltratador sale por la puerta mayor y yo quedo muerta en vida". Ésta es una de las 117 mujeres (entre ellas, tres adolescentes y tres criaturas) que han presentado una denuncia anónima a laObservatorio de Violencias Machistas Institucionales del Estado (OVIM), que hace un año impulsaron la entidad Helia y la cooperativa feminista Almena. En ese tiempo, se han identificado 198 instituciones o agentes que han tenido un comportamiento revictimizante con las mujeres.

Entre estas instituciones, juezas y jueces son quien sale peor parado. De hecho, más de la mitad (52%) de las denuncias recogidas a través de un formulario online señalan el ámbito judicial. A gran distancia de los magistrados, también se reprocha el comportamiento de fiscales y abogados del turno de oficio. En otra de las denuncias recogidas, una adolescente que de pequeña había sido obligada a convivir con el padre condenado por violencia machista, años después le denunció por maltrato. La sorpresa fue que la juez la "cuestionó continuamente", hasta el punto de que presionó para la reconciliación familiar.

La OVIM constata que el sistema judicial reproduce los estereotipos de género que marcan el machismo y el patriarcado, pero también sigue discriminando, aplicando un sesgo racista y clasista, así como una lógica de edadismo y capacitismo, es decir, cuestiona a las mujeres con discapacidades, explica Marina Oliva Seguro, portavoz del Observatorio y miembro de Helia, que constata que el grueso de las denuncias hacen referencia a la denegación de medidas de protección, a las custodias compartidas y al régimen de visitas a hombres condenados. "Es muy grave que todavía se aplique el falso SAP (síndrome de enajenación parental)", rechazado por la ONU y reconocido por ley como violencia machista institucional.

Un 11% de las denuncias hacen referencia a la desatención y obstáculos por poner denuncias que ejercen los cuerpos policiales. Es el caso de una mujer que acabó con una denuncia por desacato a la autoridad cuando intentaba denunciar a la autoridad cuando intentaba denunciar a la autoridad.

Maltrato en la consulta

En tercer lugar, se encuentran los profesionales de la salud, que siguen patrones definidos que señalan, por ejemplo, restringir la atención a las mujeres que no tienen la documentación en regla o carecen de tarjeta sanitaria, así como ignorar las demandas de atención psicológica de menores si el padre no está de acuerdo. En su tercer embarazo una mujer relata cómo la obstetra la humilló y la hizo llorar de rabia cuando le hizo comentarios ofensivos, al no entender que se permitiera la maternidad a las mujeres obesas como ella. "Menos llorar y más correr", le respondió la profesional. También a una mujer hondureña le negaron la atención de urgencia aunque presentaba una fractura nasal por carecer de tarjeta sanitaria.

No se escapan de las denuncias los profesionales sociales, principalmente educadoras y trabajadoras sociales, el tercer grupo más señalado. Las mujeres critican que emiten informes favorables al padre agresor para favorecer un encuentro con sus hijos, sin tener en cuenta la opinión de estas criaturas. En este ámbito, una mujer marroquí lleva al Observatorio su caso: no pudo ser atendida por los servicios sociales porque no estaba empadronada y, sin que nadie le diera respuesta al sufrimiento por la violencia, tuvo que pasar de un servicio a otro.

Para Oliva Seguro, las 117 denuncias que la OVIM ha podido investigar son sólo "la punta del iceberg" y, aunque admite que es una cifra pequeña, valora que dé voz a los miles de mujeres que sufren violencia y no tienen la capacidad de romper el silencio. El trabajo no identifica a ninguna persona ni juzgados o comisarías porque, según el activista, los casos no apuntan "manzanas podridas ni casos aislados ni tampoco son malas experiencias" de unas pocas mujeres, sino que responden a "patrones y lógicas del patriarcado".

A raíz de las denuncias. la OVIM ha realizado 40 recomendaciones para todos los ámbitos en los que se pide que se cumpla la ley de violencia machista, se creen mecanismos de investigación, denuncia y sanciones de actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de las mujeres, en especial las migrantes que carecen de permisos legales de residencia. De lo contrario, apunta Oliva Seguro, el maltrato institucional seguirá quedando impune.