Las competencias, la piedra en el zapato de la ley de vivienda estatal

MADRIDSi una ley ha sufrido un camino tortuoso ha sido la ley de vivienda estatal. La normativa no solo llegó con 12 meses de retraso al Congreso de Diputados, fruto del tira y afloja entre los dos socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, sino que, una vez aterrizada en la cámara baja española, el Gobierno de Pedro Sánchez la salvó in extremis después de un acuerdo con ERC. El ejecutivo español recogió el compromiso de revisar el texto para garantizar las competencias de las comunidades autónomas, una demanda de los republicanos, pero también otros socios de la investidura como el PNV y EH Bildu, que, si bien aceptaban avalar la tramitación, avisaban que esto no se traducía en un apoyo final al proyecto.

Desde entonces, los partidos han presentado diferentes enmiendas parciales –un proceso que acabó el 27 de abril, si bien todavía pueden presentar de transaccionales, es decir, para modificar el texto original–. En total, casi un millar. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan que, a diferencia de los contactos previos antes de la primera votación en el Congreso, las conversaciones han menguado las últimas semanas, pero anticipan que irán a más sobre todo porque el Gobierno español tiene que tener terminado el texto en otoño, tal como se ha comprometido con Bruselas en el marco del plan de recuperación. Si bien desde el ministerio de Transportes insisten en que están abiertos a valorar aquellas modificaciones que "puedan servir para mejorar la ley siempre que se respete el espíritu del texto y las competencias autonómicas", no detallan en qué puntos estarían dispuestos a ceder. En cualquier caso, hay mucho trabajo para hacer si el ejecutivo realmente quiere salvar el texto (y más teniendo en cuenta el momento de tensión actual con los principales socios de investidura por el caso Pegasus) y no repetir otra votación por los pelos como la de marzo.

De momento, el optimismo sobrevuela el área socialista. Fuentes del PSOE en el Congreso apuntan que trabajan "desde el diálogo para llegar a acuerdos", y que ya han mantenido algunos contactos con los grupos políticos. Ahora bien, los principales socios de la investidura tienen claro que "preservar" las competencias autonómicas es una condición sine qua non y esto ahora mismo no se cumple, aseguran. También el resto de los grupos catalanes en el Congreso. "Sin invadir competencias, [la ley estatal] tiene que articular los elementos necesarios para proteger el derecho a la vivienda", apuntan fuentes de ERC al ARA. Los republicanos han presentado enmiendas en las que se pide la "supresión" de algunos artículos enteros. También lo han hecho el PNV, Junts y el PDECat, tres partidos que en su momento presentaron enmiendas en la totalidad de devolución.

En concreto, los partidos apuntan a aquellos artículos que tocan elementos como la regulación, la planificación urbanística o la protección y promoción habitacional. A modo de ejemplo, entra en juego la definición de zona tensionada. "[Si invade competencias], no lo podremos apoyar", reitera la diputada de Junts, Mariona Illamola. Desde el PNV no han querido entrar en valorar el estado de la negociación actual, pero hace un tiempo fuentes de la formación avisaban que "la máxima será la defensa del autogobierno vasco y de sus competencias en materia de vivienda".

Control de las rentas y vivienda pública

Además, algunos partidos tampoco quieren que la ley estatal rebaje leyes autonómicas vigentes, como la catalana que regula (y limita) el precio de los alquileres, la ley 11/2020. En este caso, el Tribunal Constitucional ha tumbado algunos artículos porque considera que invaden competencias estatales. Son aquellos elementos que están vinculados a la ley de arrendamientos urbanos o reglamentos jurídicos como el Registro Civil y que, a ojos del tribunal, tienen que ver con la regulación de los alquileres o con los desahucios.

Para ERC, estas cuestiones "se tienen que equiparar a la ley catalana", apuntan fuentes republicanas, mientras que desde EH Bildu avisan que esto también es una "línea roja", asegura el diputado Oskar Matute, al ARA, que cree que la ley estatal "puede avanzar mucho más a la hora de proteger y ampliar la vivienda pública". En este sentido, al socio minoritario, Unidas Podemos, también le interesa que prosperen algunas de estas medidas. A la hora de contener las rentas, la formación lila siempre se ha mostrado más ambiciosa que el PSOE. "Hemos de intentar hacer entrar el máximo de enmiendas", reitera Alejandra Jacinto, coportavoz de Podemos.

Sin embargo, aquí la derecha no entra. "Nos podemos entender en aquellas partes competenciales, pero será muy difícil en el control de los alquileres", apunta el diputado del PDECat, Ferran Bel. También el PNV, que en su momento votó en contra de la ley vasca de vivienda, se centra en hablar de las competencias. La tesitura la comparte el Poder Judicial, que cree que la norma invade competencias y, a la vez, "pone trabas al derecho de la propiedad privada".

En cuanto a la oposición, el Partido Popular siempre se ha mostrado contrario a la ley de vivienda planteada por el ejecutivo de Sánchez y rechazaba una regulación de los alquileres porque "iba en contra de la propiedad privada". De momento, sin embargo, el PP ha presentado enmiendas parciales a pesar de que fuentes del partido en el Congreso explican que no han mantenido ninguna conversación con el PSOE.

Presión social

Pero más allá de los contactos con los partidos políticos, los movimientos sociales también han tenido un papel clave en el debate, hasta tal punto que 120 organizaciones, entre las cuales la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentaron una ley propia de garantía del derecho a la vivienda, que, si bien recibió el apoyo de partidos como Unidas Podemos, ERC o Bildu, el PSOE la tumbó. Entre otras cosas, la normativa reforzaba la regulación de los precios de los alquileres y prohibía los desahucios de las personas vulnerables. Ahora bien, que su iniciativa no prosperara no quiere decir que los partidos no hayan recogido a través de enmiendas sus demandas. Lo han hecho ERC y Bildu, pero también la CUP. En el último caso, desde el partido explican que "una enmienda importante es la de la regulación del alquiler social a pesar de que no prosperará porque el PSOE no está dispuesto", sostienen.