Vuelve la guerra por el agua, ahora por el Tajo-Segura

ValenciaManifestantes con carteles con lemas como "Si nos quitan el trasvase adiós al huerto de Europa", "Miles de agricultores al paro" o "Nos ahogan y no con agua" a la puerta del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, acompañados de representantes de los gobiernos valenciano, murciano y andaluz, y también de los secretarios generales del Partido Popular y Vox, Teodoro García Ejea y Javier Ortega Smith. Es la imagen que ejemplifica mejor la oposición a la propuesta del gobierno español de modificar el trasvase Tajo-Segura. Una iniciativa que enfrenta a Castilla-La Mancha, la comunidad que cede el recurso, con las tres autonomías receptoras, en la que amenaza de ser una nueva guerra por el agua. Y esta vez agravada por un cambio climático que, según el Agencia Estatal de Meteorología y la Oficina Española del Cambio Climático, podría provocar una reducción de los recursos hídricos del Tajo de entre un 3% y un 8% en el periodo 2010-2040.

La propuesta de modificación del gobierno español, la tercera en los 42 años de vida de la infraestructura, consiste en rebajar el agua que se puede transferir al nivel dos (hay cuatro) de reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Este grado dos se activa cuando los pantanos acumulan menos de 1.300 hectómetros cúbicos de agua, que equivalen al 35% de su capacidad. En este contexto, el ministerio propone reducir los 38 hm³ mensuales que se trasvasan hasta 27. La medida tiene el apoyo del Consejo Nacional del agua, que la aprobó con 43 votos a favor, 19 en contra y 19 en blanco. Se trata, sin embargo, de un órgano consultivo y la decisión recae en el ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Complementariamente, el ministerio prepara una futura modificación del plan hidrológico del Tajo, que incluirá un caudal ecológico del río, y que podría reducir la cantidad de agua a transferir. Se prevé que este segundo cambio se apruebe durante la primavera de 2022.

A pesar de las numerosas presiones recibidas, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no parece dispuesta a recular. Al menos esto dio a entender después de un encuentro con el director del Consejo, Ximo Puig, hecha el 19 de mayo en el Palau de la Generalitat Valenciana. Durante la conferencia de prensa posterior, Ribera calificó la actual transferencia de 38 hm³ al grado dos de "barbaridad" que favorece que los embalses logren "rápidamente el nivel de emergencia" en el que ya no se puede hacer ningún trasvase. También defendió que el nuevo método aportará "estabilidad" al sistema y permitirá poder transferir agua más meses al año. Finalmente, añadió que para suplir la carencia habrá que apostar por la desalinización. Las afirmaciones de la ministra se basan en los datos de un informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que defiende que la nueva regla no reduce las aportaciones, y que afirma que si desde la inauguración del trasvase se hubiera aplicado la nueva norma se habrían transferido 326 hm³ cada año de media, dos menos de los que se han trasvasado aplicando el modelo inicial y el vigente.

¿Una burbuja del agua?

Las palabras de Teresa Ribera no convencieron a Ximo Puig, el único presidente del PSOE de una comunidad receptora, que reiteró que para el País Valenciano el trasvase es "irrenunciable" y que el Consejo recorrerá la modificación, si se aprueba. Un poco más contundente se mostró lunes en Madrid el dirigente del PP y presidente murciano Fernando López Miras, que calificó la rebaja de “inadmisible e inaceptable”. En el lado contrario está el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, que defendió que la medida es "valiente" y "equilibrada".

Los otros dos grandes actores del debate son las entidades agrarias y las ecologistas. Al frente de las primeras, está el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que se opone a modificar un trasvase que afirma que tiene un impacto de 2.364 millones de euros y genera 100.000 puestos de trabajo. Entre las segundas destacan organizaciones como WWF y la Asociación de Naturalistas del Sureste, que denuncian que en la Región de Murcia hay "una burbuja del agua", y que solo de 2007 a 2017 se pasó de 170.000 hectáreas de regadío a casi 190.000. También acusan a SCRATS de rechazar los cambios porque la irregularidad en los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía y el cierre del trasvase algunos meses al año facilita que el gobierno español apruebe declaraciones extraordinarias de sequía que incluyen exenciones del pago de las tarifas de agua y acceso a los caudales de las comunidades de regantes tradicionales.