"Necesito un lugar donde dormir": cuando se juntan la vivienda precaria y la casa arrasada

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Torrente / CatarrojaJuan Borja tiene 68 años y vivía con su esposa y dos hijos de 37 y 42 años en el humilde barrio de la Mancha de la ciudad valenciana de Torrent. El 29 de octubre del 2024 tuvo que salir de su casa, y, desde entonces, todavía no ha podido regresar porque el inmueble se encuentra justo en el punto en el que confluyen el barranco de l'Horteta y la rambla de Poio –cuyo desbordamiento causó la mayoría de los fallecidos durante la dana–. Es de uno de los lugares en los que la herida por la catástrofe es aún más visible. La peligrosidad de la ubicación de las viviendas ha impulsado al consistorio a poner en marcha procedimientos de demolición de 45 casas, según un recuento publicado esta semana por Amnistía Internacional. La iniciativa, que también se produce en otros municipios, ha topado, sin embargo, con una realidad muy diversa dado que afecta a propietarios que tendrán que ser indemnizados si son expropiados, con otros más vulnerables que, si no reciben ayuda de la administración, serán incapaces de conseguir un lugar para guarecerse.

En el barrio de la Mancha ya han derribado tres viviendas y una decena más están amenazadas. Todos están situados en la calle Murcia, que linda con el barranco de l'Horteta, y donde residen más de una treintena de vecinos. Uno de ellos es Juan, que desde hace un año vive en una casa cedida temporalmente por el Ayuntamiento de Manises. Con el ruido de fondo de las excavadoras que trabajan para consolidar los márgenes de la rambla, explica al ARA que no tenía asegurado el inmueble y que no tiene recursos para adquirir uno nuevo. Menos aún cuando, según detalla, el Ayuntamiento no contempla indemnizarle porque no reconoce el documento con el que pretende acreditar que un amigo le dio la vivienda. "Me dicen que soy uno ocupa cuando llevo 37 años viviendo aquí", relata enfadado. "Si me dan una alternativa, me voy, pero debe estar con la llave en la mano, para que necesito un lugar donde dormir", insiste. Su malestar se ve agravado por el gasto de 6.000 euros realizado durante los últimos meses para reparar la casa. "Primero, el arquitecto municipal me dijeron que la derribarían, después, como nos quejamos, accedieron a dejarla, y ahora, de nuevo quieren tirarla", resume cabreado.

A quien ya le han derribado la vivienda es a Pepa, madre de un hombre de 34 años con seis hijos que también se llama Juan. Su madre, de 56 años, vive realojada desde hace unas semanas en una casa de una oenegé. Juan se queja de que todavía no sabe si su madre recibirá una indemnización. Enfatiza que el consistorio dice que ya ha bastado asumiendo los costes de la demolición. "Hay que entender que son familias muy vulnerables. Personas que para realizar cualquier trámite necesitan ayuda ya las que la administración debe acompañar y ayudar", resume María Jiménez, una voluntaria del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de la localidad vecina de Aldaia, que acompaña al ARA en la visita al barrio. Comparte el análisis Amnistía Internacional, que acusa al consistorio de vulnerar el derecho a la vivienda "porque no garantiza información clara y accesible sobre la fecha de los derribos, el destino de los terrenos y la potencial percepción de indemnización o compensación por la pérdida de éstos". El documento también alerta de que, según la Generalitat Valenciana, existen 15.969 viviendas dañadas. De hecho, el Consorcio de Compensación de Seguros ha informado haber recibido en fecha 18 de septiembre 76.481 expedientes correspondientes a casas y comunidades de vecinos dañadas por las inundaciones. Esta situación convive con que el parque público de vivienda social es extremadamente limitado: Paiporta, con 25.309 habitantes, cuenta con 8; Torrent, con 89.456 vecinos, con 65, y Aldaia, con 34.035 residentes, con 22.

Algo más optimista es el caso de José Cerdán, un vecino de Catarroja de 53 años que vivía con su pareja y un hijo en una vivienda situada a 100 metros del barranco de Poio. El agua dañó los cimientos de su casa y de otras cuatro familias, lo que les obligó a abandonarlas cuatro días después de las inundaciones e hizo necesaria la demolición de los inmuebles. Desde entonces residen en unas viviendas que han alquilado con la ayuda que reciben de la Generalitat. Ahora están pendientes de renovar el contrato, porque vence el 30 de noviembre. "Aún no sabemos nada, y es un sufrimiento no saber nada cuando faltan tan pocos días", se queja en el ARA mientras nos muestra el solar donde se encontraba la casa. También está inquieto ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Catarroja les reclame el coste del derribo, que inicialmente asumió el consistorio. Para hacer frente al gasto, hace seis meses solicitaron una ayuda del gobierno valenciano, pero, de nuevo, todavía no han obtenido respuesta. En cuanto a la reconstrucción de los inmuebles, y gracias a la indemnización de los seguros, ya cuentan con el 90% del presupuesto de la obra, que todavía no han empezado, pero que confían en finalizar dentro de tres años. Mientras esperan y sufren por los retrasos de la administración, intentan evadirse de tanta incertidumbre con la solidaridad que reciben a través de la asociación Birdana, que han impulsado. Cerdán repite que lo que necesita es su casa. "Tuvimos que derribar una vivienda en la que hemos vivido 15 años. Es muy duro y necesitamos recuperar la normalidad", concluye.

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