El Gobierno cerrará trece vertederos y descarta nuevas plantas de incineración

BarcelonaEn la actualidad, cerca de un tercio (31,7%) de los residuos que se generan llegan a uno de los 25 vertederos disponibles en el país. Sin embargo, según los objetivos fijados por la Unión Europea, estos depósitos controlados sólo deberían ser el destino final de, como máximo, el 10% de los desechos municipales. Aunque la valoración que realizan fuentes gubernamentales de la recogida y el tratamiento de los residuos en los últimos años es positiva, los datos evidencian que Cataluña sigue lejos de alcanzar los objetivos europeos. Ante este escenario, una de las medidas que el Gobierno plantea para recortar distancias implica el cierre de la mitad de sus vertederos.

En un plazo de diez años el departamento de Territorio, encabezado por la consejera Sílvia Paneque, propone dejar inoperativos e iniciar el sellado de trece depósitos controlados, concretamente los ubicados en Bellver de Cerdanya, Berga, Beuda, Banyoles, Solius, Lloret de Mar, Espluga de Francolí, Granadella, Boradilla Tárrega.

Enviar los desperdicios (restos y orgánicos) a los vertederos debe ser la última de las opciones si se quiere tener un sistema de gestión y tratamiento de residuos sostenible y se quiere cumplir con la legislación (catalana, estatal y europea), ya que son una actividad generadora de emisión de gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono (CO₂). En total, es necesario frenar la llegada de dos de cada tres toneladas que ahora llegan al vertedero.

La gestión de estos depósitos controlados encabeza el nuevo plan del Gobierno de infraestructuras de prevención y tratamiento de los residuos municipales de cara al período 2025-2035, un marco que la ley fija que debe actualizarse cada seis años Sobre el papel, este documento que hay que consensuar con el mundo local debe mejorar la manera en que el proceso municipal y la ciudadanía pueda revisarlo y proponer las enmiendas que considere adecuadas. "Estos últimos meses ha habido muchas reuniones con ayuntamientos y consejos comarcales para compartir la estrategia", dice la consellera, que confía en que el proceso de negociación no se alargue demasiado.

Más reciclaje

La clausura de vertederos forma parte de las recomendaciones del comité de expertos en crisis climática de Catalunya, pero que se cierren trece no significa que el objetivo del Govern sea eliminarlos todos progresivamente, sino controlar las cantidades y el estado de los residuos que llegan. De cara al 2035, la Generalitat también se plantea la ampliación y mejora de cuatro depósitos controlados: el de Tremp, el de Mas de Barberans, el de Pedret y Marzà y el de Orís. Ahora bien, se calcula que cerca de un 75% del material que termina en un vertedero puede pasar antes por procesos de tratamiento, y el nuevo plan también busca la forma de aumentar en tiempo récord el número de residuos reciclados.

Según las directrices comunitarias, en 2025 debía reciclarse el 55% de los desechos generados y en 2035 el porcentaje debe subir hasta el 65%. Pero con datos de 2023, los más actualizados, esta proporción sigue estancada en torno al 40%. Además, entre lo recogido y lo reciclado se pierde entre un 5% y un 10% y las autoridades defienden que hay margen de mejora. Por tanto, además de la prevención –responsabilidad individual y colectiva, de empresas y del sector productivo–, la base del nuevo plan es impulsar la reutilización para evitar que todo lo que se lanza a la basura se convierta en residuos.

Uno de los palos de esta estrategia será, según explica Paneque, la habilitación de hasta medio millar de centros de recursos. Simplificándolo mucho, son espacios a caballo entre los puntos limpios y los centros de tratamiento que permitirán llevar objetos "con potencial de reutilización" de los que, hasta ahora, la población no sabía cómo deshacerse de ellos. "Nos deben ayudar a alargar la vida de materiales como libros, juguetes, material deportivo, joyas o muebles", afirma. La ubicación de estos espacios deberá pactarse con los municipios, pero la idea del Gobierno es que estén en las ciudades y no en las afueras para incentivar la separación –evitando que lleguen a las plantas de tratamiento– y la economía circular.

También se considera la creación de nuevos centros de transferencia, es decir, espacios ubicados en un territorio que permiten realizar agrupación de los residuos recogidos en varios municipios para asegurarse de que los desechos reciben tratamiento previo sin disparar los costes.

Nueve nuevas plantas de fracción

Por tener un sistema sostenible tanto medioambiental como económicamente, la consellera señala dos prioridades: "Aumentar la recogida selectiva y disminuir el porcentaje de residuos que ahora llegan al vertedero". En este sentido, Paneque subraya que la mayoría de los desechos deben pasar por plantas de tratamiento y no llegar directamente a los depósitos controlados. En un escenario muy optimista, el Govern confía en que en el 2035 el 90% de los residuos municipales pasen a infraestructuras de revalorización, es decir, que serán tratados en espacios especializados para recibir otra vida, sea material o energéticamente.

El hecho de que cada vez más ayuntamientos apuesten por sistemas de alta eficiencia, como los contenedores cerrados o el portapuerta, hace pensar que se generarán más residuos orgánicos y restos y el Govern se compromete a "adecuar" las infraestructuras. Por ello, el plan incorpora la construcción de nuevos puntos limpios y la ampliación de algunos ya existentes, así como la implementación de otras dos instalaciones de valorización orgánica (en Girona y en Sant Adrià del Besòs) y siete de tratamiento previo de la fracción resto (en Tarragona, Ebro, Manresa, Girona, Tremp, la Seu d'Urgell).

Lo que seguro que el ejecutivo catalán no hará, al menos hasta el 2035, es ampliar las plantas de valorización energética, que seguirán siendo cuatro: la de Tarragona, la de Sant Adrià de Besòs, la de Mataró y la de Girona. Entre otros motivos, porque en Cataluña el 18,4% de los residuos se destinan a la generación de energía, y dentro de una década este porcentaje podrá subirse como máximo hasta el 25% siguiendo las directrices del propio Parlament de Catalunya.