El Gobierno se compromete a negociar el traspaso de los hospitales que destapó un reportaje del ARA

BarcelonaHace unas semanas el ARA publicaba un reportaje que ponía sobre la mesa que todos los grandes hospitales públicos del Institut Català de la Salut y los centros de atención primaria (CAP) históricos están adscritos a la Generalitat. Sin embargo, en muchos casos, la titularidad no corresponde al gobierno catalán, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta situación obliga a la Generalitat a asumir los costes de mantenimiento, reformas e inversiones de unos equipamientos de los que no es propietaria. Este miércoles, el diputado de ERC Carles Campuzano, a raíz del artículo del ARA y la investigación de la historiadora Neus Morán, ha llevado esta cuestión al Parlament, y la consejera de Economía, Alícia Romero, se ha comprometido a negociar con el estado el traspaso de la titularidad de los edificios.

Campuzano ha recordado en el Parlament que 112 inmuebles gestionados por la Generalitat están en manos del Estado. Entre ellos se encuentran los grandes hospitales de referencia del sistema —como Vall d'Hebron, Bellvitge, Arnau de Vilanova de Lleida, Josep Trueta de Girona o Joan XXIII de Tarragona— y algunos CAP. Como detallaba el estudio de Morán, el Estado blindó el patrimonio sanitario procedente del expolio franquista antes del traspaso de competencias.

"Todos los consejeros, desde Xavier Trias y Marina Geli hasta Josep Maria Argimon y Manel Balcells, han puesto esta cuestión sobre la mesa con poco éxito", ha lamentado Campuzano, que se ha preguntado por qué este problema que se arrastra desde hace 46 años todavía no se ha resuelto. "Más allá del simbolismo, la situación tiene un impacto económico directo en las finanzas de la Generalitat. El Govern es quien financia el 100% de las reformas, ampliaciones, mantenimientos y mejoras de eficiencia energética de unos edificios que no son suyos", ha añadido, y ha pedido que se haga un estudio del coste que esto ha supuesto y también cómo ha contribuido a aumentar el valor de este patrimonio. "Esto es relevante desde el punto de vista financiero: incrementa el valor de este patrimonio [del Estado], pero debilita el balance público consolidado y reduce la capacidad de maniobra de la Generalitat", ha dicho Campuzano, que ha recordado que cada vez que el Govern hace obras, por pequeñas que sean, tiene que pedir permiso a la TGSS. Un trámite que ha generado más de un problema burocrático.

El compromiso de Romero

"Es cierto que cuando nos transfirieron las competencias sanitarias no se transfirió la titularidad de los equipamientos", ha reconocido Romero, que ha recordado que esta problemática afecta también al resto de comunidades autónomas. "Sería mucho mejor que estos equipamientos fueran de la Generalitat, ya que asumimos todas las obras de mejora y mantenimiento", ha admitido. "La vez que estuvimos más cerca de conseguirlo fue en 2011, cuando hubo una habilitación legal fruto de un acuerdo entre el Estado y la Generalitat, pero que después fue derogada por el PP".

Según Romero, se debería recorrer parte del camino que se hizo en 2011: conseguir una nueva habilitación legal en Madrid y cerrar un pacto definitivo. La consellera se ha mostrado optimista respecto al contexto político actual entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat: "Estos últimos años hemos podido ver que hay una clara voluntad de acuerdo entre el gobierno español y Catalunya. La voluntad está ahí y estoy segura de que lo podremos conseguir", ha dicho, y se ha comprometido a llevar la propuesta a la próxima Comisión Bilateral Generalitat-Estado.