Exconsejeros de Cultura se querellan contra la juez de Huesca para forzar el traslado de las obras de Sijena

BarcelonaLos exconsejeros de Cultura Lluís Puig, Laura Borrás, Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserras y Àngels Ponsa presentaron este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) una querella contra la juez de Huesca para reclamar que paralice cualquier actuación derivada de la ejecución del traslado de las obras. Durante la presentación de la querella en las Cotxeres de Sants, recogida por el ACN, los ex consellers de Cultura han alertado de que el procedimiento judicial es esencialmente "político" y que la respuesta que se está ofreciendo desde la Generalitat, el ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona es "débil". También lamentaron que Aragón impulse la medida para "liquidar" la catalanidad.

El exconseller Ferran Mascarell se ha preguntado si este asunto pretende ser una humillación para los catalanes, ya que no se requiere en el Museo del Prado de Madrid que devuelva otras obras en una situación similar. "Tienen la absoluta convicción de que la catalanidad debe liquidarse", ha advertido. A través de videoconferencia, el exconseller Lluís Puig ha llamado a cumplir las leyes de patrimonio cultural catalanas y ha avisado de que no quieren rendirse. "La última acción que nos quedará es encadenarnos a las puertas del MNAC", ironizó sobre el momento en que vive el procedimiento judicial. "Ojalá la querella detenga ese daño irreparable que sería para la humanidad la destrucción de estas obras", ha reclamado Puig.

El exconseller Joan Manuel Tresserras ha pedido preservar la integridad de las obras y ha constatado que existe una operación para segmentar la unidad territorial de unos territorios. Tras reivindicar el trabajo patrimonial realizado por la parte catalana, ha dicho que cuando Aragón acusa a los catalanes de expoliar "son mentiras". "El principal error de la Generalitat ha sido no ser suficientemente diligentes al explicar lo que se ha hecho para que el pueblo catalán se sienta orgulloso de ello", ha dicho Tresserras.

La exconsejera Laura Borràs ha dicho que tienen la "fuerza de la razón" y que los catalanes no se pueden resignar con una situación que interpela a todo el mundo. Borràs ha argumentado que el asunto es una de las formas más elaboradas de "catalanofobia". Constató que ninguna decisión legal debería estar por encima del principio de preservación y que el espíritu de posesión no se puede imponer al ánimo de conservación. Por todo ello, la ex consellera y expresidenta del Parlament ha dicho que Sijena es una batalla legal "pero también política, cultural, moral y nacional".

A su vez, la exconsejera Àngels Ponsa ha dicho que este "ataque patrimonial" no es contra la Generalitat, sino contra todo el pueblo catalán: "Se vulneran derechos culturales que son universales". Por último, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha defendido que la querella tiene una clara intencionalidad política para "remover conciencias". "Basta con que la Generalitat, el ministerio y el Ayuntamiento de Barcelona se pongan de perfil y no se hayan movido para salvarlo. Si las obras se destruyen, pierde la humanidad", ha afirmado. El abogado aseguró que los tres ejecutivos tienen herramientas para detener "este desastre con consecuencias fatales".

La querella

La querella por los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico va dirigida principalmente contra la magistrada de la plaza 2 de la sección civil y penal del Tribunal de Instancia de Huesca, por lo que el escrito se presenta al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), porque es aforada. También se dirige, como inductores, contra los representantes del gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Vilanova de Sijena que hubiesen ordenado la interposición de la demanda de ejecución forzosa de la sentencia de julio de 2016.

obras. Lo argumenta diciendo que no se puede poner en peligro el valor jurídico a proteger; en ese caso, el patrimonio histórico. Y para ampliar el argumento pone de ejemplo la medida cautelar de septiembre de 2017 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordenaba a los cuerpos policiales impedir la celebración del referendo del 1-O.

Según la querella, cargos municipales de Sijena y del gobierno aragonés indujeron a la magistrada a ejecutar forzosamente su sentencia de 2016 "con plena conciencia y voluntad de que la ejecución solicitada obviaba la evidencia constatada de que comportaba la destrucción o grave alteración de uno". La sentencia no fue declarada firme por el Tribunal Supremo hasta mayo del pasado año y la magistrada inició el procedimiento de ejecución en julio.

Según el escrito, la solicitud de ejecución forzosa es "consecuencia de una voluntad política alejada de lo necesario respecto al principio de legalidad". "El ciudadano es libre de actuar según su voluntad, conciencia y buen hacer, teniendo como límite la ley; pero el funcionario o servidor público sólo puede actuar de conformidad con el camino y el actuar que le marca la ley", añade.

El escrito recuerda que el propio juzgado de Huesca, en el procedimiento de ejecución provisional de aquella sentencia, en el 2018, ya denegó el traslado de las obras justamente por el peligro latente y/o resultado seguro de daños en los murales. "La realidad material no ha cambiado, los bienes son los mismos, y las circunstancias del traslado también", aseguran.

"Es evidente que los comportamientos objeto de esta querella ponen en peligro de ser destruidos bienes especialmente protegidos e integrantes del patrimonio histórico y artístico mundial, puesto que tienen el máximo nivel de protección jurídica", dice el texto. Además, recuerda que España ratificó en 1958 los estatutos del ICCROM, el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y la Restauración de Bienes Culturales, que depende de la Unesco y tiene como misión ayudar a los Estados miembros a conservar su patrimonio cultural. Por eso, el escrito también pide al TSJA que comunique al ICCROM, con sede en Roma, la presentación de la querella para que actúe como crea conveniente.

Para argumentar el peligro del traslado, la querella cita numerosos informes emitidos por expertos y organismos independientes de 2016 a 2025. "La ejecución de esta sentencia civil no puede llevarse a cabo si este acto implica la consumación de un delito, tal y como ocurre en este caso, porque eso contraviene el principio, porque esto contraviene excepciones en la ejecución de las sentencias si éstas son imposibles materialmente de cumplir.

Por todo ello, la querella pide el interrogatorio de la juez de Huesca y de los altos cargos del gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Vilanova de Sijena que ordenaron interponer las demandas de ejecución forzosa de la sentencia. La querella también advierte que la posible responsabilidad civil debería ser asumida por España, en el caso de la juez, y subsidiariamente por los gobiernos de Aragón y de Sijena.

Por último, el escrito justifica la presentación de la querella por parte de los exconsejeros asegurando que mientras tenían el cargo eran los responsables de preservar el patrimonio histórico y artístico ubicado en Cataluña y que actualmente siguen teniendo una responsabilidad e interés directo en la preservación de los bienes de interés cultural.