Nueva vía legal para que los murales de Sijena se queden en el MNAC

BarcelonaNuevo movimiento legal para que el MNAC no tenga que trasladar a Aragón los murales de la sala capitular del monasterio de Sijena: el exvicepresidente del Parlament Josep Costa registró el lunes "una petición de declaración de expolio" de las pinturas de Sijena a la dirección general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del ministerio de Cultura, según ha avanzado El Mundo y ha podido confirmar el ARA. Con este escrito, Costa abre una nueva "vía administrativa y, por tanto, el contencioso administrativo judicial" para que los murales se queden en el museo.

La iniciativa de Costa se basa en el caso de las casas del Cabanyal de Valencia, una parte del casco antiguo de la ciudad que hace unos veinte años la alcaldesa Rita Barberà quería derribar para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. "Los tribunales valencianos lo bendijeron, pero una plataforma ciudadana lo llevó al ministerio de Cultura, que no se atrevió a intervenir. Los tribunales dieron la razón a la plataforma y, finalmente, declararon que el plan urbanístico era un expolio y lo detuvieron", explica Costa al ARA.

Costa reclama en su escrito "declarar formalmente, a efectos del artículo 4 de la ley del patrimonio histórico y con carácter de urgencia, que el traslado de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sijena conservadas en el MNAC determina el expolio de este bien". Se trata de una declaración fundamentada "en el peligro real, objetivo, inminente y verificable de destrucción o deterioro irreversible que la ejecución de su traslado comportaría", según recogen los numerosos informes que ha encargado la dirección del museo.

Desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia por la que el museo debe devolver los murales, las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han ido en la línea a devolver las pinturas. El ministerio forma parte del consorcio de instituciones que rige el museo y algunos de sus técnicos forman parte del grupo de trabajo formado para estudiar el traslado de las pinturas. La juez Rocío Pilar Vargas, del juzgado de primera instancia e instrucción núm. 2 de Huesca, ha dado al MNAC siete meses, todavía en curso, para trasladar las pinturas.

Costa, que actualmente es abogado del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y profesor de derecho en la UPF, reclama que el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) emita "un informe para advertir del riesgo de destrucción de las pinturas si se someten al traslado". "Es la entidad pública encargada de velar por la conservación de los bienes de interés cultural y patrimoniales del Estado y la única que podría hacer repensar a la juez de Huesca la forma de cumplir la sentencia", subraya.

Obligar el ministerio de Cultura a actuar

El escrito de Costa exige también que se aplique el artículo 6 de la ley de patrimonio histórico, que obliga al ministerio de Cultura a actuar. Según esta premisa, el Estado debería pedir "inmediatamente al gobierno de Aragón, como autoridad que promueve el traslado y por tanto el riesgo de destrucción, ya la Generalitat de Catalunya, bajo cuya jurisdicción se encuentran actualmente las pinturas, que se abstengan de promover, autorizar o ejecutar cualquier acción de traslado de estas". Esta abstención debería mantenerse "hasta que no hayan acreditado de forma fehaciente, mediante informes técnicos independientes y avalados por expertos en la materia, las condiciones óptimas y garantizadas para su preservación física, ambiental, museológica y científica en cualquier ubicación".

Para evitar que los murales sufran cualquier daño, finalmente, Costa reclama que el ministerio adopte "las medidas provisionales necesarias para salvaguardar la integridad de las pinturas murales" y, por tanto, "suspender cualquier actuación que pueda implicar un riesgo para las obras", que quedarían bajo la "tutela provisional" del ministerio.