La Audiencia Nacional rechaza la denuncia de un socio del Barça contra Joan Laporta
El juez Santiago Pedraz abre la puerta a que los delitos se investiguen en Barcelona
BarcelonaNuevo revés al socio del Barça que ha denunciado a Joan Laporta. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la denuncia presentada por Isidro Navarro Gurumeta contra distintos miembros de la directiva saliente, así como altos ejecutivos del club. El instructor, tal y como pidió la Fiscalía la semana pasada, abre la puerta a que los delitos de los que se les acusa –administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, falsedad en documentos societarios y organización criminal– puedan juzgarse en Barcelona.
En línea con el ministerio público, el magistrado explica en el auto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos que figuran en la denuncia. El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que el tribunal sólo es competente cuando todos los delitos se cometen en su "integridad" en el extranjero. Según se señala en el texto, Pedraz considera que existe una "evidente" vinculación territorial con Barcelona en los delitos de administración desleal y organización criminal.
Aparte de Laporta, la demanda solicita las imputaciones del presidente en funciones del Barça Rafael Yuste, la exvicepresidenta institucional Maria Elena Fort, el exvicepresidente económico Eduard Romeu, el extesorero Ferran Olivé, el secretario Josep Cubells, el director general Manel del Río, el jefe de cumplimiento Sergi Atienza, el jefe de los servicios jurídicos el asesor de presidencia Enric Masip y la jefa de gabinete Manana Giorgadze. En la denuncia también figura Xavier Laporta, hermano del aspirante a la reelección y propietario de la empresa Capital Planet SL, que aparece en la documentación adjuntada en sede judicial y está domiciliada en el mismo piso de la Diagonal de Barcelona donde Laporta tiene su despacho profesional.
Según los hechos aportados por la querella, diferentes operaciones estratégicas del club azulgrana, como el contrato de patrocinio con Nike o Spotify, así como la asignación de las obras del Espai Barça a Limak, habrían servido para efectuar pagos a cuentas sospechosas en países opacos, como los países opacos. Según el denunciante, el dinero –cantidades millonarias– volvía a España a través de negocios lícitos. La acusación ha salpicado de lleno la campaña electoral a la presidencia del Barça pocas semanas antes de los comicios: los socios del club están llamados a votar el próximo 15 de marzo.