El próximo presidente del Barça no tendrá que ir al notario de madrugada

BarcelonaEl mandato de Joan Laporta empezó con una imagen inolvidable. De madrugada, en una notaría de la Diagonal, los directivos del Barça firmaban in extremis el aval para poder tomar posesión del cargo. Costó Dios y ayuda a reunir los 124,7 millones necesarios, correspondientes al 15% del presupuesto de gastos del club, ya que la mayoría de los miembros de la junta –incluido el presidente– no tenían el dinero. Se logró en el último minuto, hizo falta ayuda externa y condicionó las decisiones de los primeros meses de mandato, como la salida de Leo Messi. Cinco años después volverá a haber elecciones, pero escenas como estas no se repetirán. Los avales son ya historia y Laporta no hará cambios en los estatutos del Barça antes de los comicios.

En realidad, los estatutos se retocaron al inicio del mandato. Con previsión de que venían curvas, Laporta convenció a los compromisarios para eliminar temporalmente uno de los artículos, el 67, que forzaba a la junta a dimitir si cerraba un ejercicio con pérdidas y no lo compensaba la temporada siguiente. Hubo otros cambios, pero éste era el más sustancial. Unos meses después, la junta ponía en marcha un proceso participativo para reformar la carta magna y "adaptarla a los tiempos actuales", según Elena Fort, la vicepresidenta institucional. Inicialmente, el proceso debía presentarse y votar en 2022, pero han pasado los años y la propuesta se ha ido retrasando. "Hemos ido más lentos de lo que quisiéramos", admiten en los despachos azulgranas, donde aseguran que las líneas maestras de la reforma estatutaria ya están hechas, pero que "ahora no es el momento" de presentarla a los socios. "Con elecciones a la vista, el socio no entendería un cambio en los estatutos. Así que lo dejamos para el siguiente mandato", comentan al ARA fuentes de la directiva. Las modificaciones deberían haberse hecho en la última asamblea ordinaria o, si no fuera posible, convocar una extraordinaria.

La gran reforma estatutaria debía anunciarse y aprobarse en 2022

En la reforma de 2021, uno de los puntos que no pudo cambiar Laporta era el de los avales. Como explicó el ARA, el presidente no sólo estaba en contra, sino que había llegado a manifestar en alguna reunión que no veía justo que, aparte de avalar con el patrimonio personal, los directivos tuvieran que pagar el mantenimiento del aval –que ascendía a 75.000 euros trimestrales por directivo– con dinero de su bolsillo. Pero eran las reglas del juego y no podían modificarse, ya que el aval del 15% era uno de los requisitos de la ley del deporte de 1990 y se aplicaba a los clubs que no eran una sociedad anónima. Si se quería hacer cambios, era necesario hacerlos en el Congreso. Era una decisión política y el presidente encontró al mejor aliado, Florentino Pérez. Gracias a la intervención del mandatario del Real Madrid –que también quería retocar este punto– se eliminó el requisito de avalar en enero del 2022. Así, ya no debía avalarse por ley, sino que el texto dejaba la decisión de presentar un aval y la cantidad requerida en manos de los clubs.

"Consideramos injusto avalar por valor de 125 millones, pero tampoco es normal que sea cero. Es necesario un punto medio", decía una persona muy cercana al presidente. La reforma estatutaria ya preveía determinar esta cifra salomónica, aunque de momento no ha trascendido cuánto dinero debería ponerse. "Tenía que ser una cantidad suficientemente baja para que se pudiera avalar sin problemas, pero a la vez lo suficientemente alta para que los miembros de la junta notaran el peso de la responsabilidad", dice la misma fuente. Pero como los cambios no se han llegado a realizar, se llega a las elecciones sin que el aval sea necesario. Por tanto, no harán falta correderas de madrugada ni negociaciones interminables con los bancos, tanto si es Laporta como si hay algún otro inquilino en el palco del Camp Nou.

Se especula sobre un proceso electoral en el Barça con muchas precandidaturas

A raíz de esta decisión, en el club se especula sobre la posibilidad de que haya más precandidaturas que nunca en las próximas elecciones. Pero la realidad es que las cosas no han cambiado tanto, en lo que se refiere a la carrera electoral. Históricamente, el aval no se había exigido al inicio del proceso, sino que el ganador no debía depositarlo hasta un máximo de diez días después de las votaciones. "Pasará como siempre. Habrá candidaturas serias y otras que no lo serán. A partir de ahí, que cada uno decida a quien quiere hacer caso", apuntan desde la directiva.

De hecho, al principio de este mandato se llegó a plantear la posibilidad que se exigiera a los precandidatos que pagaran una cantidad a fondo perdido en el momento de recoger los boletos. La medida debía servir, por un lado, para "compensar los gastos" derivados del proceso electoral y, por otro, "hacer un primer filtro para evitar que las elecciones sean un circo", asegura un antiguo ejecutivo del club. Se había especulado con fijar una cantidad de 100.000 euros, pero esta propuesta también quedó en un cajón porque "se consideraba impopular y podía interpretarse como clasista".

Con Laporta decidido a volver a presentarse y con muchos precandidatos empezando a mover la cola para posicionarse, sólo queda fijar la fecha de las elecciones. Según los estatutos, deben estar entre el 15 de marzo y el 15 de junio. Quien gane tomará posesión del cargo el día 1 de julio.