100.000 toneladas más de cereal catalán ante la crisis alimentaria
Los labradores reciben con críticas la decisión de Bruselas de derogar el barbecho y la rotación obligatoria de cultivos
LleidaLa Comisión Europea aprobó el miércoles el reglamento que prorroga hasta 2023 las medidas excepcionales para paliar los efectos de la guerra de Ucrania sobre los mercados (sobre todo el de cereal) y afrontar una posible emergencia alimentaria en el continente. Se trata de medidas solicitadas por Estados miembros de la Unión Europea (entre ellos, el español) que derogan la obligación de los labradores de practicar la diversificación y las rotaciones de cultivos y de dedicar un 4% de tierra al barbecho.
El nuevo reglamento implica el aprovechamiento intensivo de todas las tierras de cultivo, que en Catalunya aumentarían, según la Generalitat, en más de 36.000 hectáreas (el 4% de todo el suelo agrícola catalán). Este incremento de superficie cultivable para los próximos meses supone un potencial productivo adicional de 100.000 toneladas de cereal, la mitad de las cuales se concentrarían en la demarcación de Lleida. Pero la prórroga hasta el 2023 del plan de choque europeo, ya vigente desde marzo, no ha levantado ninguna euforia en el sector agrícola y mucho menos entre los grupos ecologistas, que se oponen.
Los sindicatos de labradores lamentan que la medida venga con retraso. El responsable de cereales y herbáceos de la Unió de Pagesos (UP), Santi Caudevilla, recuerda que hace “muchos años” que el sindicato reclama abolir de manera permanente la obligación de reservar superficies de interés ecológico, porque supone pérdidas para el sector que se calculan en 50 millones de euros anuales. “Que nos dejen hacer de una vez –exige el responsable sindical–, que nuestros abuelos ya nos enseñaron cómo hacer descansar nuestras tierras”.
Joan Carles Massot, el presidente de JARC, el segundo sindicato mayoritario, también piensa que el plan de Bruselas “no sirve de gran cosa”. Lo que Massot reclama es una nueva hoja de ruta definitiva para la futura PEC (la política agraria común), “que vuelva a sus orígenes y que garantice el autoabastecimiento de Europa dejando de penalizar las zonas protegidas”.
Aun así, los sindicatos lamentan que la PEC va en dirección contraria a sus intereses. “Es desesperante que la PEC sea cada vez más restrictiva y burocrática, y nos cobre más para producir”, denuncia el jefe sectorial del cereal en JARC, Vicenç Pascual, que a pesar de valorar positivamente la iniciativa de Bruselas lamenta que sea tan solo de carácter excepcional. “Tendríamos que producir siempre lo máximo que podamos”, concluye Pascual.
La Generalitat ve con buenos ojos la medida europea. El secretario de Agenda Rural, Oriol Anson, argumenta que “aligerará la presión sobre los productos como los cereales y los precios irán a la baja”, pero recuerda que no puede ser permanente. “Es solo una medida de emergencia, que tiene que estar pensada para un plazo corto de tiempo –indica Anson– y se tendría que replantear si la crisis de Ucrania sigue el año que viene”.
Cultivos "ilógicos"
Otro motivo de rechazo de los productores es la exclusión del maíz y la soja de estos cultivos. El nuevo reglamento de la Comisión Europea indica que está “restringido a lo que es estrictamente necesario para abordar los problemas de seguridad alimentaria global, excluyendo, por lo tanto, la plantación de cultivos que se utilizan normalmente para alimentar animales”. Pero el sector agrícola catalán replica que estas imposiciones “no tienen ningún sentido”. De hecho, la mitad de las importaciones de maíz vienen de Ucrania y algunos productores atribuyen esta exclusión a la presión de los principales productores americanos (Brasil, Canadá y Estados Unidos). “Nos están forzando a hacer cultivos tan ilógicos como el girasol para hacer aceite –denuncia Caudevilla–, cuando aquí somos unos de los principales productores de aceite de oliva”.
Un ataque a la biodiversidad
La derogación temporal del barbecho, de la diversificación y de las rotaciones de cultivos es, para los ecologistas, una mala noticia. Joan Vázquez, el presidente del grupo Ipcena (Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l’Entorn Natural), denuncia que “querer cultivar todas las tierras supone desnaturalizarlas”. Añade que la decisión de la Comisión Europea “es un paso atrás” y “un ataque a la biodiversidad” y recuerda que la administración catalana juega con la doble moral de “permitir parques fotovoltaicos en tierras de regadío, donde también se podría cultivar”.
Joan Alàs, ingeniero forestal y uno de los responsables del Centro de Fauna de Vallcalent de Lleida, reclama “diversidad de tierras para una mayor diversidad de especies”. Y también lamenta que con la eliminación de los barbechos las aves esteparias que viven allí, como la ganga, el sisón, la ortega y el alcaraván, e “infinidades de insectos y micromamíferos”, puedan acabar extinguiéndose.
