Acuerdo entre Abertis y los trabajadores para despedir a 340 personas por el fin de las concesiones en Catalunya

BarcelonaAbertis, a través de sus empresas concesionarias Acesa, Autopistas España e Invicat, ha llegado a un acuerdo con los trabajadores para despedir a 340 en Catalunya, ocho menos de los inicialmente anunciados. La compañía presentó a mediados de julio un expediente de regulación de empleo (ERE) por la finalización de las concesiones de las autopistas AP-7 (entre Salou y la Jonquera), AP-2 y C-31, C-32 y C-33 (entre Montgat y Palafolls) el 31 de agosto y este viernes ha firmado el acuerdo de las indemnizaciones que recibirán los afectados con los sindicatos. La firma la han materializado CCOO, UGT, USO, CGT y PITA.

El ERE no afectará a la plantilla encargada del mantenimiento de las vías, que continuará trabajando tres meses después de que finalice la concesión, tal como ha ordenado el gobierno de Pedro Sánchez, y, posteriormente, pasará a formar parte de la nueva empresa que se adjudique el servicio por un periodo de dos años, prorrogable a tres más.

En un comunicado la concesionaria ha detallado que los afectados por el ERE recibirán la indemnización máxima por despido improcedente. Esto quiere decir que para los que llevan trabajando en la compañía desde antes del 2012 la compensación será de 45 días por año trabajado, mientras que los que empezaron después tendrán una indemnización de 33 días por año trabajado. Según Abertis, el personal con una indemnización más baja recibirá como mínimo 45.000 euros, mientras que a los empleados con una antigüedad mínima de 12 años se les añadirá una compensación lineal de 7.500 euros. En cuanto a los mayores de 55 años, se les aplicará el convenio especial de cotización.

Además, los trabajadores afectados por el ERE tendrán preferencia a la hora de ser contratados si la concesionaria necesita personal antes del 2024. A la vez se podrán beneficiar de un plan de recolocación externa y contarán con seguro médico durante un año que pagará la empresa.

La AP-7 y la AP-2 son concesión del gobierno español, mientras que la C-31, la C-32 y la C-33 lo son de la Generalitat. El primer tramo que abrió las barreras de peaje en Catalunya fue el de la AP-7 entre Salou y Alicante el 1 de enero del 2020. Más de un año después todavía no está resuelto cuál tiene que ser el futuro de las vías de alta capacidad. Desde el gobierno español no se ha aclarado si se impondrá un modelo de pago por uso, como podría ser una viñeta, tal como defiende la Generalitat.