Infraestructuras

La ampliación del Prat se rearma un año después

El Cercle d'Economia lidera un espacio de debate sobre el proyecto abortado en 2021

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El aeropuerto del Prado en una imagen desde la Ricarda.

Barcelona"Queda pendiente para tu mandato". Con estas palabras, y en referencia a la ampliación del aeropuerto del Prat, formalizó el relevo en la presidencia del Cercle d'Economia Javier Faus hace unas semanas. Su sucesor Jaume Guardiola, no ha perdido el tiempo. Según ha podido saber el ARA, el Cercle está ultimando un espacio público de debate para abordar la ampliación de la primera infraestructura catalana. Fuentes conocedoras de estos movimientos explican que uno de los objetivos de la iniciativa es explicar hasta qué punto sería económicamente deseable el proyecto, pero también poner datos a la contaminación que supone la aviación en comparación con otras actividades.

El establishment económico de la capital catalana seguirá así siendo lo principal valedor de una ampliación que ya empezaron a pedir intensamente durante la primavera del año 2021. Y fuentes del sector han explicado que el plan que promueve el Cercle ya ha encontrado eco en algunas de las grandes entidades civiles catalanas, como es el caso de la Cámara o la Fira. Los apoyos a la iniciativa del Cercle llegan por ahora a siete organizaciones de cariz económico. Será el segundo intento a un ambicioso proyecto que el año pasado quedó en nada después de semanas de dura polémica. Este es el relato de aquellos hechos.

El origen

Tenía que ser una rutinaria y previsiblemente aburrida reunión de la Comisión Bilateral entre Estado y Generalitat en Madrid. Tuvo lugar ahora hace un año, el 2 de agosto de 2021, y en la mesa se sentaron la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Aena, Maurici Lucena. Hacia las 20.00 horas de la tarde, sin embargo, estallaba la noticia, después de que la parte catalana comprobara que la información no aguantaría hasta el día siguiente: Gobierno central y Generalitat acordaban la ampliación del Prat.

La euforia de las primeras horas fue difícil de controlar: se anunciaba una inversión de 1.700 millones, la conexión con alta velocidad de los aeropuertos de Girona y Reus con el del Prat para una infraestructura que daría 83.000 puestos de trabajo directos y aumentaría el PIB catalán en dos puntos.

La ruptura

El 2 de septiembre, solo un mes después del inicio formal del proyecto, el gobierno de la Generalitat hacía un comunicado por sorpresa donde pedía a Aena que reformulara el plan para limitar "a la mínima expresión cualquier afectación en entornos medioambientales protegidos", especialmente en el estanque de la Ricarda. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, añadía que el borrador del proyecto no reflejaba "el consenso establecido en el seno del Govern" y exigía una "rectificación" para no malograr los humedales. "Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable", aseguraba.

La pugna política

El evidente conflicto en el seno del gobierno catalán entre Junts (partidario y promotor del proyecto) y Esquerra se hizo evidente en aquel momento. Pero no era el único ejecutivo enfrentado por la ampliación del Prat: en el Ayuntamiento de Barcelona se habían escindido dos bloques claros, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Comú mostrándose rotundamente en contra del proyecto, mientras que su primer teniente de alcaldía, Jaume Collnoni, se entusiasmaba con el proyecto tanto como el conjunto de su partido, el PSC. Exactamente la misma rotura se replicaba en el Gobierno central, con el PSOE promoviendo la infraestructura y Unidas Podemos manifestándose en contra.

La trifulca argumental

Este clima de batalla política abierta favoreció, durante semanas, que se sucedieran los posicionamientos públicos de entidades y expertos sobre el aeropuerto. El conflicto era claro: la ampliación del Prat no serviría para convertir el aeródromo en un hub, pero sí que mejoraría drásticamente la interconexión de Barcelona con Asia y América, además de dar oxígeno a una infraestructura que se acercaba a la saturación de pasajeros. Pero, por el contrario, la propuesta presentada por Aena tenía un inequívoco impacto medioambiental y suponía una nueva apuesta por un sector contaminante en plena emergencia climática. Después de semanas de pros y contras, la situación se descoyunta después de la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la zona de la Ricarda. Solo un día después, el Gobierno central anuncia la suspensión del proyecto entre críticas a la Generalitat. La gran inversión de 1.700 millones se perdía.

Esquerra, en busca de un posicionamiento

Después de meses de silencio sobre la cuestión, el ARA avanzó que Miquel Puig, en nombre de ERC, se había estado entrevistando con expertos aeroportuarios para tratar de fijar un posicionamiento del partido sobre la cuestión. El hecho era especialmente urgente teniendo en cuenta que en 2023 hay elecciones municipales y diferentes fuentes lamentaban que "no es normal que Esquerra no se atreva a hablar sobre el tema".

El tráfico aéreo tensa la cuerda

El mes de junio se cerró en el Prat con más de cuatro millones de viajeros, un 79% de los que tuvo en el mismo mes de 2019, el año anterior al estallido de la pandemia. Las perspectivas optimistas del turismo hacen pensar que el año llegará con datos próximos a aquel año, en el que la infraestructura rozó con 53 millones de pasajeros los 55 que en teoría puede acoger. Mientras el debate se alarga, los hechos avanzan: esta semana Aena ha iniciado las obras para derrumbar los aparcamientos VIP ubicados en la zona del Remolar.

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