Bruselas propone volver a los ajustes de déficit y deuda, pero de manera "gradual"

BruselasCada uno ya puede decir la suya. La Comisión Europea ha lanzado este martes la consulta pública para la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, la regulación que fija las normas de déficit y deuda para los países de la UE. Era una promesa de 2020, que la pandemia puso en standby y que ahora Bruselas ha recuperado empujada justamente por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. El melón se abre en un contexto absolutamente diferente. Las normas, que fijan límites de déficit del 3% del PIB y de deuda al 60%, están excepcionalmente suspendidas hasta el 2023. Y ahora el déficit medio en la UE es del 8,2% y la deuda roza el 93%. El debate es extremadamente complejo y espinoso porque enfrenta a los bloques que piden más rigidez presupuestaria con los que esperan más flexibilidad. Pero Bruselas tiene una cosa clara: las economías necesitan tiempo para recuperarse y para que el debate no nazca muerto ha abierto una consulta muy genérica que no propone nuevos objetivos.

"La discusión será más por cuál es el ritmo que por la reducción del déficit", explica una fuente comunitaria. "Una reducción inicial excesivamente grande de las ratios de deuda comportaría un alto coste social y económico y sería contraproducente, sobre todo en el contexto de una política monetaria restringida y del riesgo de cicatrices económicas, pero una reducción realista, gradual y sostenida de la deuda sigue siendo importante también para reconstruir los amortiguadores antes de la próxima recesión", asegura el texto de la Comisión.

De hecho, la Comisión ya tuvo claro desde el momento en el que suspendió las normas de déficit y deuda que volverlas a poner en marcha tenía que ser progresivo, una lección aprendida de la anterior crisis, cuando se vio que las consecuencias de aplicar recetas de austeridad demasiado prematuramente habían sido en algunos casos remedios peores que la enfermedad. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, no se ha cansado de repetir que hay que evitar una retirada de estímulos prematura del mismo modo que habrá que adaptar el regreso al camino de la estabilidad fiscal en función de las necesidades de cada economía para no ahogar el crecimiento. Es decir, que hace falta flexibilidad.

"Se tiene que reducir la deuda, pero se tiene que hacer de manera inteligente, gradual y sostenible", ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, que ha insistido en que hay que conseguir ir reduciendo la deuda mientras se mantienen las inversiones, para lo cual están también los fondos antipandemia. Gentiloni ha recordado que este fue uno de los errores cometidos en la anterior crisis y ha usado la palabra "realista" para referirse a la futura reducción de la deuda.

Volver a las normas fiscales de golpe y de manera estricta en 2023 implicaría abrir procedimientos por exceso de déficit en la gran mayoría de economías europeas. Por eso, hay propuestas encima de la mesa como por ejemplo aplicar un periodo transitorio en el que Bruselas negocie un camino propio y razonable con cada gobierno. La consulta pública lanzada este martes refleja esta voluntad de fondo pero no entra en ningún detalle. Bruselas deja, pues, que sean los gobiernos, los ministros de Economía y Finanzas, los que bajen al barro y abren la batalla política.

Están invitados a responder desde la Eurocámara hasta el Consejo, pasando por gobiernos y Parlamentos nacionales, bancos centrales, académicos y autoridades fiscales independientes, por ejemplo. Después, el primer trimestre de 2022, Bruselas presentará una propuesta más detallada basada en todas estas respuestas. Para ver si la revisión está a punto para activarse en 2023, habrá que ver hasta qué punto se alarga la pugna entre las dos posiciones tradicionalmente enfrentadas. Por un lado, hay países como España o Francia, que han querido aprovechar la pandemia para acelerar este debate y relajar al máximo unas normas que ya consideraban obsoletas antes del estallido del coronavirus. Por el otro, está el ala más dura, capitaneada públicamente por los Países Bajos, los llamados frugales, que ya aprovecharon hace unas semanas para marcar posiciones a través de una misiva pública que firmaban también países como Dinamarca y Austria en la que ya avisaban de que la discusión irá para largo. Se mostraban abiertos a debatir "mejoras" –concretamente "simplificaciones y adaptaciones"– pero subrayaban que nunca se tiene que poner en peligro la sostenibilidad financiera del conjunto de la UE.

En este encaje de piezas será importante también el nuevo gobierno alemán. El ministro de Finanzas socialista, Olaf Scholz, previsiblemente futuro canciller sustituto de Angela Merkel, es más flexible que la todavía cancillera pero la presencia de los liberales en la coalición será clave para marcar la posición de la principal economía europea. Y justo es decir que, aunque sea socialista, Scholz no es ajeno a la aversión alemana a la deuda y al gasto elevado.

Justamente más que el déficit público la preocupación de autoridades, expertos e instituciones es el grueso de la deuda pública que acumulan la mayoría de economías mundiales. Países como Grecia llegan al 200% del PIB y España está actualmente en un 120%, por detrás de Grecia y Portugal. Las políticas del Banco Central Europeo (BCE) son claves para sostener estos niveles de deuda pero la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ya ha anunciado el inicio de la retirada de los estímulos. Sea como sea, la consulta consiste en 11 preguntas bastante abiertas sobre el futuro de las normas, las posibles mejoras, control o incluso sanción que vienen condicionadas por las "lecciones" aprendidas por la crisis y que ponen en valor la puesta en marcha de los fondos europeos antipandemia y la flexibilidad mostrada durante los últimos dos años.