Financiación de Cataluña: algunas precisiones

Varias voces de expertos, entre ellas la del presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, el compañero Valentí Pich, han expresado algunas opiniones sobre elacuerdo entre PSC-PSOE y ERC que pueden dar lugar a impresiones equivocadas sobre la financiación de Cataluña.

En primer lugar, conviene recordar que todas las comunidades de régimen común –exceptuando, por tanto, Euskadi y Navarra– sufren un defecto de financiación provocado, básicamente, por un desequilibrio entre los recursos fiscales que recauda la administración central y los que son distribuidos en las comunidades. Es el llamado desequilibrio vertical que se ha ido generando desde la puesta en marcha de la última revisión del sistema. Entre 2012 y 2022, los recursos fiscales de la primera (excluyendo la Seguridad Social) han crecido un 88,7%, mientras que los de las comunidades lo ha hecho un 40,5%. Cuando se dice, por ejemplo, que “no habrá más dinero porque la administración central está en déficit”, se olvida que es ésta la que ha ido reteniendo una proporción creciente de los ingresos fiscales y que, por tanto, tiene sentido que se restituya el equilibrio inicial pactado en el modelo de financiación.

Otra idea, a nuestro juicio, equívoca es la opinión manifestada por algunos expertos –y también en este caso por el compañero V. Pich– de que Catalunya no está mal financiada, sino que está “más o menos en la media”. Esto deja de ser cierto si la comparación de los recursos públicos por habitante se realiza según la población real y no sobre la población ajustada. En este caso, Cataluña pasa a estar sistemáticamente por debajo de la media. A título de ejemplo, en la última liquidación (año 2022) Cantabria recibe 4.215 euros por habitante, mientras que Cataluña recibe 3.264. La aplicación del principio de ordinalidad, es decir, mantener la misma posición en recursos per cápita en el conjunto de comunidades que la que refleja el esfuerzo fiscal –donde Cataluña ocupa la tercera posición y, en cambio, es la décima en recursos per cápita– es una cuestión de racionalidad económica y de equidad.

La población ajustada pretende reflejar las diferentes necesidades de cada territorio. Miremos con algunos ejemplos si esto es así.

El factor más relevante, que no es tenido en cuenta en ningún momento en el sistema de financiación, es el diferente coste de la vida. Es un aspecto básico, porque es lo que debería permitir una retribución justa a los empleados públicos (maestros, sanitarios, etc.) que sustentan el estado del bienestar. Los sueldos representan el 64% de los fondos proporcionados por el actual sistema de financiación. En este mismo sentido, no es necesario recordar el impacto de la vivienda en el gasto familiar de los hogares catalanes.

Otro elemento sería el de la evolución demográfica que impacta en las necesidades de gasto, de las cuales la sanidad y la educación serían las más representativas. El desequilibrio vertical que hemos mencionado, así como la disparidad entre la población real y la ajustada que sirve de base a la asignación de recursos y los diversos fondos que desvirtúan el modelo, generan en las comunidades muy dinámicas demográficamente como Cataluña una infrafinanciación que repercute en la calidad de los servicios públicos. Cabe recordar que, en términos relativos, Cataluña presenta un incremento de población de los más intensos de Europa.

No es extraño encontrar en el Estado admiradores de la Comunidad de Madrid y nuestro compañero Valentí Pich, con larga experiencia en la capital, no es una excepción. Aunque reconocen los efectos de la capitalidad, se resaltan específicamente las políticas fiscales que se aplican, sin que en ningún caso analicen qué parte del crecimiento corresponde a una u otra característica. En cualquier caso, es evidente que la concentración reiterada de las inversiones del Estado en Madrid y su área de influencia y el poder ligado a la capitalidad permite una política fiscal desleal en relación al resto de territorios. Por otra parte, que la capital de un estado que ha necesitado a menudo ayuda europea presuma de reducción selectiva de impuestos tiene, utilizando una expresión de estos sectores, efectivamente "mucho mérito". La falta de neutralidad en el diseño de las inversiones queda bien reflejada, entre otros muchos casos, en la política seguida en el Corredor Mediterráneo.

Finalmente, cabe recordar que el sistema de financiación es una parte relevante del déficit fiscal anual que soporta Cataluña (entre el 8% y el 10% del PIB, aproximadamente 22.000 millones de euros), como también lo es el déficit de inversiones de el Estado, como muy bien resalta una institución como Foment del Treball, que ama un déficit acumulado en infraestructuras entre 2009 y 2023 de 42.500 millones.

En otro orden de cosas, desde el Estado también son notorias las opiniones de que es mejor un acuerdo entre sus dos partidos hegemónicos, el PP y el PSOE. Desde el respeto a todas las opiniones, queremos recordar que si España aspira de verdad a integrar todos sus territorios debe abrirse a asumir realidades territoriales que piden más soberanía fiscal con la correspondiente responsabilidad que ello conlleva. Teniendo en cuenta la desconfianza generada en Catalunya durante años de relación y de modelos de financiación insatisfactorios, sería bueno que el acuerdo propuesto culminara con éxito para facilitar la tan deseada y pregonada estabilidad.