Cuentas públicas

La Generalitat reclama al Estado 5.000 M€ por las inversiones que no ha ejecutado en Catalunya

La cifra exigida corresponde a incumplimientos de inversiones presupuestadas por el gobierno español entre 2015 y 2022

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La inversión ferroviaria en Catalunya es una de las partidas en las que el Estado suele incumplir el presupuesto.

BarcelonaLa Generalitat reclamará al gobierno español la transferencia de 5.029 millones de euros para compensar las inversiones previstas para Catalunya en los presupuestos generales del Estado que finalmente no se ejecutaron entre los años 2015 y 2022, según informó el propio Govern.

Concretamente, el consejo ejecutivo de la Generalitat ha aprobado "reclamar al Estado medidas concretas para revertir el déficit permanente de inversiones en Catalunya". El gobierno de Pere Aragonès pedirá "las explicaciones pertinentes para detallar cuáles han sido los impedimentos que no le han permitido llevar a cabo las inversiones previstas en los presupuestos estatales", según un comunicado.

"La falta de inversión supone un agravio importantísimo para los catalanes", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. "En esta fotografía Catalunya siempre sale muy mal parada. Datos que se conocieron ayer, confirman la voluntad política de menospreciar a Catalunya. Da igual quién gobierne en la Moncloa, son datos indignantes", ha añadido.

Además, la Generalitat requerirá a la administración central que "acelere los encargos de gestión de las inversiones del Estado a la Generalitat para asegurar su ejecución", tal y como convinieron PSOE y ERC en el último pacto de investidura. Según el acuerdo entre ambos partidos, el gobierno español transferirá dinero adicional a la Generalitat (aparte de los que recibe de la financiación autonómica) para que sea la administración catalana quien gestione la licitación y construcción de algunas infraestructuras en Catalunya.

Pero en este contexto, ahora el Gobierno va un poco más allá y reclama al Estado el dinero correspondiente a las inversiones que debería haber hecho en Catalunya que finalmente se han quedado sin ejecutar a pesar de haber sido incluidos en los presupuestos estatales. La Generalitat ha situado en 5.026 millones esta cifra, que ha extraído de los datos oficiales que publica el ministerio de Hacienda cada seis meses desde el inicio de 2015 y hasta 2022.

Así pues, ha recordado que este dato no incluye los 2.951 millones de euros que el gobierno español aún debe a la administración catalana por la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut para los años 2009 a 2013.

Reclamaciones de transparencia en el Estado

La cifra tampoco incluye la falta de ejecución de 2023, sobre todo porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de que dejaría de publicar el informe semestral con la ejecución de toda la inversión estatal desglosada por comunidades autónomas. El gobierno español sólo facilitará algunos datos en el Congreso (tiene obligación por ley), pero mantendrá la publicación detallada de los niveles de ejecución en infraestructuras de transporte, tal y como se hacía antes del 2015.

En este sentido, la demanda llega justo dos días después de que el ARA publicara que en la primera mitad de 2023 la administración del Estado sólo invirtió en Cataluña un 16% de los 2.276 millones de euros previstos en las cuentas estatales. Esto situó la inversión del Estado en Catalunya en 370 millones, algo más de la mitad de los 636 millones ejecutados en Madrid, aunque, según los presupuestos, esta comunidad debe recibir este año inversiones valoradas en unos 1.000 millones de euros menos que Cataluña.

Además, este mismo martes veinte entidades empresariales y económicas catalanas han emitido una declaración conjunta –un hecho nada habitual– exigiendo que se mantenga la publicación de todos los datos de inversión estatal en Catalunya y que se publiquen las balanzas fiscales, además de reclamar una reforma de la ley de financiación autonómica que cree un sistema federal o, en en caso contrario, que dote a la Generalitat de competencias de gestión de impuestos similares a las que ya tienen País Vasco y Navarra.

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