En enero, agentes federales de inmigración mataron a Renée Good y Alex Pretti –ambos ciudadanos norteamericanos– en Minneapolis, durante la Operación Metro Surge. Las muertes provocaron protestas en todo el país y la Administración acabó la operación en pocas semanas. Pusieron el foco en el coste humano de la escalada reciente en la aplicación de la ley migratoria. Lo que aún no se había medido es el coste para las economías locales donde esta vigilancia ha sido más intensa.
Las detenciones del ICE –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement)– se habían mantenido estables hasta finales de 2024, con una media de 8.000 a 9.000 mensuales en todo el país. En pocas semanas se doblaron: de 7.955 en diciembre de 2024 a 16.947 en febrero de 2025, y llegaron a 32.667 en octubre de 2025. Pero más determinante que el nivel es la composición: las detenciones en la comunidad se multiplicaron por 5,7, mientras que las realizadas dentro de prisiones solo lo hicieron por 1,3. Así, el peso de las detenciones comunitarias sobre el total pasó del 29% al 63%.
Con datos anonimizados de gasto con tarjeta de crédito (Affinity Solutions, via Opportunity Insights), hemos comprobado que el consumo cayó 1,7 puntos porcentuales en los estados donde la vigilancia en la comunidad creció más. Para situarlo: es aproximadamente el 7% de la caída total de gasto con tarjeta observada en el pico de la pandemia de la covid-19.
¿Por qué cae el consumo? Hay dos razones. La primera es la visibilidad. Cuando detienen a alguien en la calle, en el trabajo o en el juzgado, el vecindario se entera y tiene miedo de salir de casa, y por eso gasta menos. La segunda razón es más sencilla: cuando alguien es deportado, deja de trabajar y de llevar un sueldo a casa. Y no es solo cosa de los inmigrantes: cuando en el barrio hay menos gente gastando dinero, los negocios que dependen de esta clientela local –restaurantes, peluquerías, tiendas– también notan menos trabajo, y esto acaba quitando el trabajo a trabajadores norteamericanos que allí trabajaban. Con menos gente trabajando, a los hogares entran menos dinero, y por tanto se gasta menos.
No es fácil saber si la caída del consumo la provocan realmente las redadas, o si ambas cosas solo coinciden: el ICE podría estar actuando precisamente en las zonas con más inmigrantes sin papeles, o donde ya había más paro, lugares donde el consumo habría caído igualmente, con redadas o sin ellas. Pero la intensidad de las redadas no ha sido igual en todos los estados ni se ha concentrado allí donde había más historial previo de detenciones. Esta variación geográfica –un choque nacional con intensidades locales muy desiguales– nos permite tratarla como un experimento natural que usamos para analizar las consecuencias económicas.
Para asegurarnos de que lo que detectamos es el efecto de la visibilidad, y no otra cosa, hacemos dos comprobaciones. Primera: si el efecto viniera del nivel de detenciones y no del hecho de que se vean, las realizadas dentro de prisiones –que también han crecido, pero son invisibles para el vecindario– también deberían reducir el consumo. No lo hacen: su efecto es prácticamente cero. Segunda: si capturáramos una desaceleración económica genérica del estado, coincidente por casualidad con más vigilancia, el gasto que no requiere salir de casa también debería caer. Tampoco cae. Ambas pruebas apuntan al mismo lugar: la visibilidad de las detenciones corta el consumo.
Mientras en Estados Unidos la estrategia es intensificar la vigilancia visible, España acaba de tomar la dirección contraria. En abril de 2026, el gobierno aprobó un proceso extraordinario de regularización para personas migrantes en situación irregular que ya viven en el país desde antes del 1 de enero de 2026, con solicitudes abiertas hasta el 30 de junio. La ministra Elma Saiz lo ha presentado como una manera de garantizar derechos y seguridad jurídica a un colectivo que ya forma parte de la sociedad.
Si nuestra investigación dice algo sobre España, es que el camino es el contrario al de las redadas: el miedo hace que la gente se retire de la vida económica, y regularizarla saca ese miedo de la ecuación; al mismo tiempo, mientras las deportaciones retiran trabajadores de la economía formal, la regularización incorpora a ella –con contrato y derechos– a quienes ya trabajaban en negro. Si el miedo y la informalidad cortan el consumo y la producción, sacarlos debería reactivarlos.
La política migratoria no es solo una cuestión de seguridad o de ley: es, también, política económica, con efectos que toda la sociedad acaba sintiendo.
