¿Qué podría pasar en el Ibex-35 después del 29-N?

Madrid"Pedro Sánchez no ha sido socialdemócrata, sino socialista". Un exdirectivo de alto nivel del Ibex-35 resume así la política que, a su parecer, ha llevado a cabo el gobierno español durante esta última legislatura en lo que respecta a la relación del Estado con las empresas, especialmente las consideradas estratégicas. Pero también en cuanto a la política económica –la regulación– sobre sectores de gran peso. Una afirmación, sin embargo, que probablemente cuestionarían los partidos a la izquierda del PSOE, particularmente Podemos.

Por ejemplo, después de décadas de euforia privatizadora en el Estado, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, Sánchez ha defendido la presencia de capital público en empresas importantes: el Estado ha entrado en Telefónica, de la cual tiene un 10% del capital; ha creado la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) para invertir en empresas tecnológicas y ha impulsado un "fondo soberano". También ha aprobado impuestos extraordinarios a las energéticas y los bancos. En la Moncloa han justificado muchas de las decisiones por el contexto europeo y mundial actual: el Viejo Continente hace lo imposible por conseguir la autonomía estratégica en ámbitos como la defensa en un tablero geopolítico que está patas arriba.

Ahora el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y un posible cambio de color en el ejecutivo central –tal como apunta buena parte de la demoscopia– ponen esta estrategia en el punto de mira. Y, de rebote, sus efectos colaterales: las participaciones públicas, los nombres de los directivos y la misma política económica.

"Seguro que habrá cambios", apuntan diversas voces vinculadas a la órbita privada de Madrid en relación con un posible gobierno del PP, en solitario o con Vox, aunque la entrada de la ultraderecha no parece que suscite mucha preocupación. "Las carpetas económicas se las quedaría el PP", dice una de las fuentes consultadas. Durante estos años, los populares han denunciado una "interferencia política [de Pedro Sánchez] en la gestión empresarial".

En cualquier caso, nadie se atreve a concretar el alcance de estos posibles movimientos. Más allá de esperar al resultado del 29-N –los comicios de 2023 demostraron que no se puede dar nada por hecho–, el PP se ha limitado a cuestionar la entrada del Estado en el capital de empresas como Telefónica, pero no ha dicho explícitamente que apueste por una desinversión. O como mínimo que sea una medida que quiera tomar inmediatamente. ¿Dejará que las empresas estratégicas sean un escaparate para cualquier inversor? En cambio, sí que ha dicho que adoptará cambios en la "gestión de las empresas participadas".

Sea como sea, es sabido que históricamente ha habido una especie de acuerdo tácito en cuanto a la alineación entre las compañías con capital estatal con el gobierno de turno, como ocurre con la gran mayoría de empresas públicas y organismos de peso.

Con todo, algunos directivos apadrinados por Pedro Sánchez en empresas con participación del Estado podrían hacer equilibrios "por su talante", según constatan tres fuentes consultadas por este diario. Es decir, llegar a una entente cordiale con un posible nuevogobierno. Se pone de ejemplo a Àngel Simón, actual presidente de Indra, empresa con una participación estatal de un 27,99% del capital a través de la SEPI, su brazo inversor.

Giro en 2022

Durante los primeros años de gobierno de Pedro Sánchez, y en particular los primeros de la pandemia, estuvieron marcados por una imagen pública de sintonía con las empresas del selectivo español, a pesar de que nunca vieron con buenos ojos la entrada de Podemos (y, más adelante, de Sumar) en el consejo de ministros. El inicio del curso político se celebraba ante los máximos directivos de las principales empresas cotizadas.

A partir de 2022, sin embargo, empezó a ganar protagonismo el eslogan "gobierno de la gente". Aquel año, después de aprobar los impuestos extraordinarios por el choque económico a causa de la guerra en Ucrania, el dirigente socialista, desde la tribuna del Congreso, dijo: "Si [Ana] Botín e [Ignacio Sánchez] Galán protestan por los impuestos, vamos en la buena dirección". Meses después, el pulso fue con Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, por la decisión de trasladar la sede de la empresa a los Países Bajos: "La patria no solo es hacer patrimonio. La patria es ser solidario [...], sobre todo cuando hablamos de la tercera o cuarta fortuna de España, que en buena parte ha crecido gracias al país".

Este tono se acentuó a raíz de las elecciones de 2023. Sánchez hablaba de "poderes ocultos" y afirmaba que "las grandes corporaciones" españolas habían impulsado a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP.

El retorno a las cotizadas

Durante este tiempo, y con la soberanía estratégica como telón de fondo, a Sánchez no le ha temblado el pulso a la hora de reforzar el protagonismo del Estado en el mundo empresarial y, en particular, en algunas cotizadas del Ibex-35. Aquí entra en juego el llamado escudo antiopas –aprobado en 2020 y en vigor hasta diciembre de 2026–, un mecanismo que permite al gobierno vetar o condicionar compras de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros, y que quedará en manos del futuro ejecutivo.

Otro caso es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un ente que, después de años de pasar desapercibido, ha eclipsado los principales titulares económicos –también por algunos frentes judiciales como el caso Plus Ultra–. Su presidenta Belén Gualda fue nombrada por Pedro Sánchez en 2021. Entre las operaciones de estos años destaca el peso que ha ganado el capital de la empresa de defensa Indra (ha pasado del 18% al 28% en poco menos de cinco años).

La compañía ya se vio salpicada por la trifulca política durante el primer mandato de Sánchez con el nombramiento de Marc Murtra como presidente. Más allá del nombre –que se ha vinculado con la órbita socialista–, el gobierno español quería dejar atrás los planes de Fernando Abril Martorell, nombrado por Mariano Rajoy (PP) en 2015, y encaminar Indra hacia la defensa.

La pipa de la paz llega con el fichaje de José Vicente de los Mozos, un perfil con buena sintonía con algunos dirigentes populares. Pero todo salta por los aires cuando se explora la operación con el grupo Escribano, hasta hace poco segundo máximo accionista de Indra. La SEPI acaba viendo un conflicto de interés, fuerza la salida de Ángel Escribano como presidente –entra cuando Murtra hace el salto a Telefónica– y apuesta por la entrada de Ángel Simón, exdirectivo de La Caixa.

El vínculo entre Simón y el ejecutivo de Pedro Sánchez viene precisamente de su paso por CriteriaCaixa, el holding inversor de la Fundación La Caixa, presidido por Isidre Fainé. Durante una época, el holding y el gobierno español trabajaron codo a codo para blindar sus intereses en empresas como Telefónica, de la cual La Caixa es un accionista histórico, hoy con un 10%. Sin su visto bueno no se podría haber hecho el relevo en la cúpula de la teleco con la salida de José María Álvarez-Pallete, una de las personas más cercanas a Isidre Fainé, y la entrada de Murtra. La sorprendente irrupción del fondo árabe STC en Telefónica fue su exponente: el Estado advirtió que se trataba de una compañía estratégica y puso mala cara ante la operación; finalmente, acabó comprando parte del capital 26 años después de su privatización.

El último movimiento importante llegó en el verano de 2025, cuando la SEPI entró en el fabricante de trenes Talgo. El movimiento ha servido para permitir que la empresa vasca Sidenor tenga el control de Talgo tras la compra de casi el 30% de las acciones por la salida del fondo británico Trilantic. Una desinversión que fue precedida de diferentes opas fallidas, entre las cuales la de la húngara Magyar Vagon que el gobierno vetó. De fondo estaba el recelo hacia la Hungría de Viktor Orbán. Bruselas lo avaló.

Las otras participadas

Pero estas no son las únicas compañías en las que la SEPI tiene un papel. También tiene participaciones: Enagás (5%), Ebro Foods (10,36%), Redeia –gestora de la red eléctrica– (20%), Hispasat (10%), Airbus (4,1%) e IAG (2,1%). En algunos casos, un cambio de color en el gobierno central no ha supuesto ninguna alteración. Por ejemplo, desde el año 2007 el presidente de Enagás es Antonio Llardén. En otros, en cambio, sí, pero hay que tener en cuenta que aquí entra en juego el peso de la participación.

En Redeia, Sánchez situó como presidenta a Beatriz Corredor, hoy en el punto de mira del PP por el apagón masivo de abril de 2025, mientras que en Hispasat está el exministro socialista Pedro Duque.

Otras empresas públicas (o con mucho peso público) son Correos, la Agencia Efe, Renfe y Aena, cuyos presidentes suelen ser de la confianza del gobierno de turno, y en el último caso del ministerio de Transportes. Actualmente, son Álvaro Fernández Heredia (en Renfe desde 2025) y el exdirigente del PSC Maurici Lucena (presidente de Aena desde 2018, con el primer mandato de Sánchez). En Paradores la presidenta es Raquel Sánchez, exministra socialista de Transportes. Y también hay otras empresas como Navantia, Hipódromo de la Zarzuela, Grupo Tragsa, entre otras.

Leyes "intervencionistas"

A la hora de impulsar leyes y reformas, las grandes patronales, desde la CEOE hasta Foment del Treball, han denunciado el "intervencionismo" del gobierno, igual que el PP.

Las tensiones han aflorado en sectores regulados y estratégicos, como el de la energía, por ejemplo cada vez que se ha planteado establecer un tope al precio de la electricidad o del gas, y cuando se ha abordado la remuneración de la red eléctrica y la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares.

En el sector bancario, el ejecutivo español ha querido intervenir en cuestiones como la inclusión financiera, las hipotecas y la remuneración de los depósitos –cuando los tipos de interés se han disparado– o la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Aquí, la posición del gobierno no ha gustado a todo el mundo. Por ejemplo, mientras algunos veían con buenos ojos la consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una posible fusión –cosa que después sirvió al ejecutivo para poner condiciones adicionales–, otros quedaban estupefactos.

A todo esto se añaden otros sectores con los cuales el gobierno ha mantenido enfrentamientos hasta hace bien poco. La patronal de los centros de datos, por ejemplo, ha criticado las exigencias medioambientales de Sánchez con respecto al despliegue de estas infraestructuras. También ha habido un pulso con las multinacionales tecnológicas, empezando por X y su propietario, Elon Musk. "La voz de la democracia no será doblegada por los amos del algoritmo", ha afirmado Sánchez.

Y estos últimos días, ha sido el lobby inmobiliario quien se ha quejado por los decretos de vivienda aprobados por el gobierno español que han precipitado la convocatoria electoral. En el mundo empresarial, hacía tiempo que se especulaba sobre posibles fechas electorales, pero nadie contaba con tanta inmediatez ni con el 2026.

Mandatos blindados

Mientras tanto, hay quien puede mirar con cierta calma un posible cambio de turno en la Moncloa. Son los nombramientos que Pedro Sánchez ha hecho en instituciones en las que los mandatos están fijados por ley para proteger su independencia. De hecho, necesitan el visto bueno del Congreso y la figura del cese está muy limitada.

El primero es el Banco de España, con el exministro socialista José Luis Escrivá al frente desde diciembre de 2024. Su mandato no caduca hasta 2030, aunque él ha propuesto ampliarlo dos años más. Su designación desencadenó un alud de críticas por parte de la oposición, que consideraba una politización excesiva del ente. Su predecesor, Pablo Hernández de Cos, había entrado con el gobierno del PP de Mariano Rajoy y, aunque siempre se le ha querido vincular con los populares, ha sido abrazado por Sánchez, que le da apoyo en la carrera para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

También es el caso de los nombramientos en la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef), ahora presidida por Inés Olóndriz de Moragas (tiene un mandato hasta 2033), que provenía de la cúpula del ministerio de Hacienda; el de Carlos San Basilio en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el año 2024 (generó polémica porque no provenía de la casa, sino que había sido número dos de la exministra de Economía Nadia Calviño); y también el nombramiento de Juan José Ganuza como flamante presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en sustitución de Cani Fernández.

El gobierno de Sánchez no ha necesitado el apoyo del PP en el Congreso para que prosperaran. Y los populares se han quejado de que la Moncloa no les haya consultado sobre unos nombramientos que se solían hacer de forma consensuada entre las dos principales fuerzas del Estado.

De todo ello también han intentado sacar beneficio los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023, sobre todo Junts y ERC, pero también el PNV, que han colocado perfiles afines a los partidos en algunas cotizadas con presencia pública, pero también en organismos públicos cuando había un baile de sillas.