Trump y los 7,8 millones de personas que se quedarán sin cobertura sanitaria
El 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba el Día de la Independencia, el presidente Donald Trump firmaba una nueva ley que dejará sin cobertura sanitaria a 7,8 millones de personas. La One Big Beautiful Bill Act, aprobada por un margen muy estrecho en el Congreso (218 votos a favor y 214 en contra), contiene más de mil páginas y una larga lista de reformas. Entre todas ellas, una merece una atención especial: las restricciones al sistema público de salud, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.
Según las estimaciones de la Congresional Budget Office, tres disposiciones clave de la nueva legislación provocarán esa pérdida masiva de acceso a la sanidad pública. Por un lado, 4,8 millones de personas quedarán excluidas por no acreditar al menos 80 horas de actividad laboral al mes, un requisito que se introduce como condición para mantener la cobertura. Por otra parte, la reducción de los recursos que reciben los estados para financiar sus programas médicos afectará gravemente a 1,4 millones de personas que, por cuestiones de estatus migratorio o de nacionalidad, recibían cobertura a través de estos programas estatales. Además, los cambios en los criterios de elegibilidad y, sobre todo, el endurecimiento en la frecuencia de las verificaciones harán que otros 2,2 millones pierdan su seguro antes de tiempo. Dado que algunas personas se verán afectadas por más de una de estas medidas, la suma total no es acumulativa, pero el resultado global es igualmente impactante.
Perder el acceso al sistema público de salud puede tener consecuencias negativas para cualquier persona, pero el impacto es especialmente dramático para grupos como los que engloban a las personas con discapacidad, las familias que viven por debajo del umbral de pobreza o los inmigrantes. Para ellos, la pérdida de cobertura no implica solo un aumento inmediato del gasto sanitario, sino también una caída en el uso de los servicios médicos, con las consecuencias que ello tiene para la salud física y mental. Los datos son claros: cuando la asistencia médica deja de ser gratuita o accesible, una parte importante de la población directamente evita su uso.
Según se explica en la página web de la Casa Blanca, el objetivo del presidente Trump con esta reforma es "fortalecer el programa Medicaid, eliminar el desperdicio, el fraude y los abusos e impedir que los inmigrantes ilegales tengan acceso a Medicaid". Sin embargo, desde el mundo académico hace años que sabemos que vincular el acceso a la sanidad a requisitos laborales es una política ineficaz y con efectos contraproducentes. En junio de 2018 Arkansas fue el primer estado en implementar este tipo de condición. En tan solo seis meses 17.000 personas perdieron la cobertura sanitaria. Un año después investigadores de la Universidad Harvard publicaban un estudio comparativo entre la población de Arkansas y de tres estados similares –Kentucky, Luisiana y Texas–. Las conclusiones eran contundentes: el 95% de las personas que habían perdido la cobertura deberían haberla mantenido, ya que cumplían los requisitos laborales o bien podían acogerse a una exención.
Esta paradoja se explica por importantes barreras administrativas: muchas de las personas afectadas desconocen los cambios en la política, no tienen acceso regular a internet para realizar los trámites requeridos o sufren alguna discapacidad que hace muy difícil demostrar el cumplimiento de las condiciones o el derecho a una exención. Es decir, no se trata de incumplimiento voluntario sino de dificultades reales para navegar por el sistema burocrático. El estudio también muestra que esta política no tiene ningún efecto positivo ni en el porcentaje de personas ocupadas ni en el número de horas trabajadas y, por lo tanto, no cumple ni siquiera los objetivos que, teóricamente, la justifican.
En cuanto a la población inmigrante, ya hemos podido observar en nuestro propio entorno los efectos negativos de excluirlos de la atención sanitaria pública. Como ya conté en un artículo anterior, restringir el acceso a la salud de este colectivo conlleva un aumento de la mortalidad evitable.
Hay principios que deberían quedar al margen de la polarización ideológica, y garantizar el acceso universal a la sanidad es uno de ellos. Cuando la evidencia empírica demuestra, de forma persistente, que medidas como estas generan exclusión y empeoran tanto las condiciones de vida como los indicadores de salud de la población, es difícil defenderlas desde ninguna perspectiva política. La sanidad no debería ser un premio por trabajar, sino un derecho para vivir.
