El Estado vota en contra de los sueldos del equipo directivo de CaixaBank

ValenciaEl Estado, segundo principal accionista de CaixaBank con un 16% del capital, ha votado en contra de las retribuciones que la entidad ha fijado para sus principales directivos. La decisión se ha sabido durante la junta de accionistas que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, la primera después de que CaixaBank adquiriera Bankia.

En la asamblea se ha podido comprobar el malestar que ha generado la decisión del nuevo banco de echar a un 18% de la plantilla, el equivalente a 8.000 personas, lo que supone el expediente de regulación de empleo (ERE) más grande de la historia de la banca española. Hoy mismo el gobierno español (a través del ministerio de Trabajo) ha mandado una carta a CaixaBank y al BBVA, las entidades financieras inmersas en dos grandes ERE, para recordarles que están obligadas a negociar con los sindicados medidas para evitar o reducir los despidos.

A pesar de la oposición del Estado a los sueldos del equipo directivo, han recibido el visto bueno de una mayoría de los accionistas del banco. En virtud de esta decisión, el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, percibirá una remuneración fija anual de 1,65 millones de euros, a la que puede sumar una variable de hasta 200.000 euros si cumple algunos objetivos. Es un sueldo tres veces superior al que recibía en Bankia, que era de 500.000 euros. También es más elevado que los 1,2 millones que percibía su antecesor en el cargo, Jordi Gual, a pesar de que no tenía funciones ejecutivas y Goirigolzarri sí. En cuanto al consejero delegado, Gonzalo Gortázar, su salario se mantiene en 2,26 millones de euros.

El mismo Goirigolzarri se ha defendido de las críticas por el aumento de sueldo y ha enfatizado que la retribución de los consejeros de CaixaBank está "por debajo de la media" de las entidad financieras españolas, a pesar de la posición líder del banco dentro del sector. 

Los sindicatos se han opuesto de manera contundente al ERE y por eso han reunido cerca de 400 personas a las puertas del Palacio de Congresos. Los trabajadores han protestado desde buena mañana hasta que se ha acabado la junta general de accionistas, pasadas las tres del mediodía. En la concentración han participado dirigentes y afiliados de UGT, CCOO, el Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB), el Sindicat Independent de les Illes Balears (SIB) y la Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC). Precisamente el secretario general de la última entidad, Joan Maria Terribas, ha reconocido al ARA su "pesimismo" por el proceso negociador del ERE y ha admitido que tener otro planteamiento sería "iluso". Terribas ha insistido en la principal demanda de los trabajadores, que es que las bajas que se produzcan sean voluntarias y que en ningún caso se modifiquen las condiciones laborales.

Terribas ha añadido que la otra gran preocupación del sindicato es la afectación de la fusión a los servicios centrales de la compañía y el desequilibrio "notable" producido a favor de la sede de Madrid, tal como ya avanzó el ARA . "El centro de decisión ha ido a Madrid, lo que nunca había pasado desde la fundación de La Caixa", ha subrayado el portavoz de la FEC, que ha denunciado también "la centrifugación bancaria de Madrid, que es absoluta". "Todos los grandes bancos del Estado se trasladan a Madrid, a diferencia de otros modelos como el alemán, en el que muchas entidades financieras tienen la sede en Frankfurt y no en Berlín", ha asegurado.

En el mismo sentido se ha expresado, dentro del Palacio de Congresos, la portavoz de Comisiones Obreras, Ruth Bolaños, que ha avanzado que no aceptarían "despidos forzosos" y ha calificado el ERE de "injusticia" e "inmoralidad", sobre todo porque al mismo tiempo el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, "se sube tres veces el sueldo".

Bolaños ha defendido que las ganancias acumuladas cada año por la compañía son méritos de una plantilla que ahora no ve reconocido el esfuerzo y el compromiso. Casi calcada ha sido la intervención de Begoña Peiró, presidenta del Sindicato de Empleados de CaixaBank, que ha calificado el ERE de "salvaje" y el aumento de los salarios de la dirección "de vergonzoso".

José Ignacio Goirigolzarri ha respondido a las críticas y ha defendido que la obligación de los gestores era garantizar la "viabilidad" de la entidad, y que una fusión pedía "una redimensión" de la plantilla para "preservar el máximo número de puestos de trabajo de manera sostenible en el futuro".

Unos argumentos que ha repetido el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, que ha enfatizado que la dirección pretende llegar a un acuerdo "razonable" para evitar el "solapamiento" de funciones. Sobre los cambios de las condiciones laborales, Gortázar ha dicho que hacía falta una plantilla "sostenible" y con "flexibilidad". Todo ello, con el objetivo de lograr beneficios, que son "absolutamente necesarios" para devolver la inversión a los accionistas, entre los cuales ha destacado que está el Estado y la Fundació La Caixa.