España acuerda con Bruselas someterse a controles trimestrales para los fondos europeos

Bruselas / MadridYa está casi todo a punto para que España pueda solicitar los diferentes pagos del total de 72.000 millones de euros de ayudas europeas directas que le corresponden del plan de recuperación y resiliencia. Este miércoles el gobierno español y la Comisión Europea han firmado definitivamente el documento que fija las condiciones del funcionamiento de estos pagos, que establece un control trimestral, con reuniones presenciales o virtuales, para supervisar la ejecución del plan de recuperación. Con la firma de este documento, España ya puede solicitar oficialmente el primer pago de 10.000 millones de euros, que estaba presupuestado para antes de final de año y que está vinculado a una serie de hitos y objetivos que España ya ha cumplido. Por eso, la Moncloa espera que la última luz verde sea rápida y que el dinero pueda llegar antes del 2022.

De hecho, el mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados que "en los próximos días" España recibirá los 10.000 millones. El acuerdo, que se puede consultar aquí, también fija la posibilidad de reuniones o actos anuales, con la participación de las partes implicadas en la aplicación del plan de recuperación. Con todo, todavía hay un pequeño tecnicismo más. El progreso en la ejecución de los planes (por lo tanto de los hitos y reformas pactadas) se incluirá en el llamado semestre europeo, que es el sistema de supervisión semestral por el cual la Comisión Europea controla el avance de las economías europeas y emite recomendaciones.

Entre estas reformas están la laboral y la de las pensiones, las dos más espinosas. En el documento hecho público este miércoles, sin embargo, no hay grandes novedades y la descripción de los cambios es bastante amplia. En cuanto a la primera, la reforma laboral, se habla de "modernización del mercado laboral" en el marco del diálogo social y de conseguir un "equilibrio" entre la flexibilidad de la empresa y la negociación colectiva. En relación con la reforma de las pensiones, el documento recoge las medidas de la primera parte de la reforma, ya en tramitación en el Congreso de los Diputados, y las de la segunda parte, es decir, que se deberán negociar con los agentes sociales durante el año que viene para aprobarlas antes de que acabe 2022. En este sentido, Bruselas recoge en el documento "la ampliación del periodo del cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", una medida que siempre ha levantado críticas por parte de sindicatos, pero también de partidos como Unidas Podemos, socios en el gobierno de coalición.

Si bien el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, ha negado que esto se traduzca en ampliar solo el cómputo de años, desde el ministerio nunca han cerrado la puerta a esta opción acompañada, eso sí, de otras medidas, como recoge el Componente 30 del Plan de Recuperación del gobierno español hecho público en verano. En este documento se planteaba "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años que integren la base reguladora a las carreras más largas" y se añadía que si bien la medida "aumenta el carácter contributivo del sistema, puede tener efectos negativos. Por eso es importante complementarla con medidas que modulen sus efectos como la posibilidad de elección de los años".

En realidad, la maquinaria de los fondos europeos ya se puso en marcha a mediados de agosto cuando, después de muchos meses de trámites, el Estado recibió una primera remesa: 9.000 millones de euros, el 13% de los 72.000 millones que Bruselas se ha comprometido a inyectar hasta el 2026. La particularidad, sin embargo, de esta primera tanda es que era en forma de adelanto, y por lo tanto no estaba condicionada al cumplimiento de ninguna reforma, a diferencia del desembolso solicitado este miércoles. La idea de esta transferencia por parte de Bruselas del mes de agosto pasado era ayudar a los gobiernos a amortizar algunas de las medidas que se han ido implementando desde que estalló la pandemia.

No se espera ninguna complicación para la entrega de esta primera remesa de dinero, porque van supeditados a hasta 52 hitos y objetivos retroactivos. Será más adelante cuando las cosas se complicarán más. El siguiente pago, el de 12.000 millones que tendría que llegar la próxima primavera, es el que va ligado a la reforma laboral y la de las pensiones, dos hitos mucho más controvertidas. El resto de pagos se irán repartiendo en cantidades inferiores hasta junio del 2025, con una última entrega de 3.700 millones. Que los hitos se cumplan es indispensable para ir liberando sucesivamente los pagos. Si hubiera cualquier traba, por ejemplo un cambio de gobierno o el incumplimiento de un hito marcado, se activaría automáticamente un proceso por el cual el gobierno en cuestión, la Comisión y el resto de países de la UE decidirán si es más adecuado aplazar el pago correspondiente o hacerlo parcialmente. 

No obstante, es difícil compaginar el sistema de supervisión de la ejecución de estos fondos con los llamados "hombres de negro", funcionarios de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional que supervisaban directamente los recortes de los países de la eurozona durante la crisis financiera. En este caso, se trata de un control de Bruselas de la ejecución de inversiones y el cumplimiento de las reformas pactadas.