La UE quiere atar corto el gran negocio de los óvulos en Cataluña

BruselasCataluña, y el global del Estado, se ha convertido en la meca de Europa de la reproducción asistida. Proliferan las clínicas privadas que se dedican, miles de mujeres le dan óvulos y miles de extranjeras viajan hasta nuestra casa con el objetivo de ser madres. ¿Por qué? La legislación española es mucho más flexible que la mayoría de países europeos y cualquier hombre o mujer, independientemente de su estado civil, orientación sexual o edad puede acceder a este tipo de tratamientos. Además, las voluntarias tienen derecho al anonimato y reciben compensaciones económicas bastante más elevadas que en la mayor parte de estados de Europa por cada donación de óvulos, en torno a los 1.000 euros.

Estos factores hacen que España sea el estado del Viejo Continente en el que hay más clínicas (247) dedicadas a este sector, mucho más que en Alemania (140), Francia (103) o Reino Unido (86), según el informe de 2018 del consorcio de monitorización de tratamientos en fecundación in vitro (EIM, en sus siglas en inglés). Y también es uno de los países europeos que recibe a más extranjeros para este tipo de tratamientos: unas 18.457 personas en el 2019, según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad, que cuelga del ministerio de Sanidad.

Concretamente, en lo que se refiere a Cataluña (47) y al País Valenciano (44), éstas son la segunda y la tercera comunidad autónoma con más clínicas del Estado, sólo por detrás de Andalucía (58). Y en el Principado se realizan casi el 25% de tratamientos de reproducción asistida de toda España, siete puntos menos que en el global de las clínicas andaluzas y casi un punto menos que en los centros sanitarios madrileños.

Ahora bien, el Consejo (estados miembros) y el Parlamento Europeo están negociando el primer reglamento comunitario que quiere ligar más corto la cantidad y los motivos de las compensaciones económicas por donaciones de tejidos humanos y que pretende evitar que haya voluntarios que puedan sacar de ellos rédito económico, como acaba pasando en la práctica en la gran mayoría de donaciones de óvulos que se realizan en el Estado. "No es nada del otro mundo, pero sí sacan algo de rédito económico. El perfil que se interesa es un modelo de chica muy joven y precarizada", explica al ARA Júlia Bacardit, periodista y autora del libro El precio de ser madre (Apostroph, 2020).

Las dos instituciones europeas, que ya prevén cerrar un acuerdo a lo sumo el 15 de diciembre, coinciden en la voluntad de permitir que las administraciones y las empresas privadas puedan costear los gastos que conlleva el hecho de dar (transporte, dietas o, entre otras, horas perdidas de trabajo), pero en ningún caso que los voluntarios puedan recibir más dinero del gastado para hacer la donación. Es decir, no puede haber incentivos económicos, y debe prevalecer el altruismo y la llamada neutralidad financiera.

Los Veintisiete y la Eurocámara, en la misma línea de lo que propuso la Comisión Europea, también quieren mantener la prohibición de que no permite hacer anuncios que publiciten las compensaciones económicas como un incentivo. Aunque la legislación española actualmente ya lo prohíbe, distintos laboratorios lo incumplen de forma recurrente. Además, lo difunden entre los públicos más susceptibles de necesitar ese dinero extra, como en las universidades o en las redes sociales más utilizadas por los jóvenes.

Dudas sobre las consecuencias del reglamento europeo

Fuentes de las negociaciones de la ley europea dicen al ARA que este reglamento, que deberá transponerse en su globalidad a la legislación española, se prevé que afecte al modelo de negocio de la multitud de clínicas catalanas que ofrecen tratamientos de reproducción asistida. El ministerio de Sanidad también está siguiendo de cerca las conversaciones y, en la misma línea que las distintas partes negociadoras, apuestan por priorizar la neutralidad financiera por encima del gran negocio de la reproducción asistida de nuestro país. "No existe el derecho a ser madre, y sí el derecho a estar protegida como donante", resume una voz de las negociaciones.

En este sentido, el reglamento europeo no contempla un concepto que deja muy abierta la forma de calcular los dinero que merecen las donantes de óvulos en la actual legislación estatal, que es el de "compensar las molestias físicas", algo que es difícil de estimar si no se estandariza por ley.

Sin embargo, los propios legisladores temen que con el reglamento europeo puede acabar ocurriendo lo mismo que con la normativa vigente española, y que dé demasiada manga ancha a los estados ya las clínicas a la hora de calcular las compensaciones. En la misma línea, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB Manuel Jesús López Baroni destaca que las administraciones estatales continuarán siendo las que finalmente decidirán cómo "definir exactamente cómo es debe aplicar el principio de la no comercialización" de sustancias del cuerpo humano "en el contexto de cada país". Es decir, todo apunta a que continuarán teniendo la sartén por el mango a la hora de calcular y controlar qué compensaciones económicas permiten.

Además, López Baroni considera que el nuevo concepto de neutralidad financiera "no es muy diferente" del que ya apunta la legislación española actual y que, por tanto, no cree que "en la práctica acabe provocando grandes cambios" en el gran negocio de la reproducción asistida de Catalunya. De este modo, concluye que lo "más probable es que siga pasando como ahora, que se hagan compensaciones lo suficientemente elevadas como para que las voluntarias obtengan un cierto rédito económico, nadie lo denuncie y todo el mundo evite verlo".