Miquel Puig: "Los fondos son para la reconstrucción económica, no para ayudar a sectores afectados"

Miquel Puig (Tarragona, 1954) coordina el grupo de 13 expertos creado por la Generalitat para evaluar los posibles proyectos candidatos a recibir financiación de los fondos europeos NextGen. Ocupó varios altos cargos en el departamento de Industria con los gobiernos de CiU y posteriormente fue directivo de la empresa de infraestructuras Abertis. Actualmente es concejal de ERC en Barcelona.

 ¿Cómo funcionarán los fondos europeos de reconstrucción?

—  En primer lugar hay que tener muy claro que la UE ha dado unas directrices muy concretas. El dinero es para la reconstrucción económica, no son para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia. Y por eso se destinará un 37% a inversiones en transición ecológica, un 20% en transformación digital de la economía y el resto es más genérico. España ha enviado un borrador de plan a Bruselas y en abril enviará el definitivo.

 ¿Qué procesos ha abierto el gobierno español?

— Tres ministerios han pedido presentar PERTEs, proyectos estratégicos de gran envergadura, ambiciosos y pensados para empresas grandes. En diciembre se aprobó un decreto en el que dice dos cosas: que las ayudas serán más ágiles y que la figura de los PERTE recibirá un tratamiento excepcional.

 ¿Cómo tendrá que gestionar el Estado este flujo de dinero?

—  La UE obligará a los estados a asignar los fondos a proyectos en tres años y justificarlos en seis. Todo lo que no se haga en este tiempo se perderá. La gran preocupación es que el Gobierno no sea capaz de justificar este volumen, aunque Pedro Sánchez dijo que la mitad de los recursos estarán gestionados por las autonomías y los ayuntamientos.

 ¿Y el Gobierno catalán?

—  En realidad no sabemos qué podrá hacer la Generalitat porque no sabemos ni quién ni cómo lo administrará. El Gobierno tiene muy poca información, por eso debe tener las ideas claras sobre qué le conviene que se haga.

 ¿Cuántos proyectos ha recibido el Gobierno catalán?

— La Generalitat hizo un llamamiento a recibir proyectos de dentro y fuera de la administración. Hemos recibido más de mil proyectos de todo tipo, que se han agrupado en unas 450 fichas. Algunos piden una financiación del 100%, lo cual es muy poco realista y será difícilmente aceptado. Una financiación del 25% sí lo sería.

 ¿Qué proyectos industriales hay que potenciar en Catalunya?

—  Un primer ejemplo puede ser la industria de la automoción, que tiene que hacer la transición hacia el vehículo eléctrico o desaparecerá. Otro es que Catalunya tiene un problema muy grave con los purines, y la industria cárnica, que es muy importante, también puede desaparecer si no se soluciona. El polígono petroquímico de Tarragona también vive con una espada de Damocles encima.

 ¿Y más allá de la industria?

—  En los últimos años se ha hecho una apuesta en Catalunya por la investigación y se ha creado un ecosistema de start-ups que se debe potenciar. También existe la voluntad de apostar por el sector de la salud. Catalunya tiene un sistema sanitario muy potente, pero no tiene una industria de la salud y esto es un déficit muy grande. A nivel medioambiental, hace falta una mejor gestión de los bosques porque si el cambio climático continúa se quemarán, y hay que eliminar la fragilidad en la gestión del agua en cuencas como el Ter y el Ebro. Es un problema gravísimo.

 ¿La administración debe marcar las líneas o adaptarse a la iniciativa privada?

—  Hasta ahora la Generalitat y los ministerios han hecho un ejercicio de abajo hacia arriba. Han pedido ideas. Pero si los fondos deben servir para algo, será con un ejercicio de arriba hacia abajo. La administración tiene que poner prioridades y deben servir para resolver diez o veinte problemas estructurales. Si damos dinero a gente con proyectos interesantes, haremos cosas interesantes pero no resolveremos los problemas y obtendremos resultados mediocres.

 Hay miedo entre las empresas pequeñas y medianas que el Estado solo favorecerá las grandes.

—  Si se apuesta por proyectos ambiciosos es más probable que los hagan empresas grandes. Es un peligro lógico y aceptable. Lo que no lo es, es que esto ocurra porque las grandes compañías tienen más capacidad de lobi sobre las administraciones. Pero este no es el tema importante. Lo importante es que los fondos sirvan, y de poco servirán si van a pymes y éstas no lo hacen bien.

 ¿Cómo serán las condiciones que la Comisión pondrá a España?

—  Los proyectos estarán sometidos al escrutinio de la UE y revisados por el resto de estados. Es la primera vez que la UE pide dinero prestado para un proyecto así, por lo tanto es lógico que se pregunte si servirán para hacer más fuerte la economía de un país y no para hacer AVEs, y si los gobiernos serán capaces de pagar. Al fin y al cabo, el presupuesto de la UE sale del dinero que ponen los estados.

 Las condiciones incluyen reformas, como del sistema de pensiones o del mercado laboral, que pueden toparse con una gran contestación social.

—  Los países mediterráneos como España están pidiendo dinero y la Comisión le dice a España: "Quiero estar segura de que me podrás devolver el dinero". Y también le dice: "Mira el sistema de pensiones, que en 20 años no las podrás pagar". Tiene sentido. Que España tenga un paro estructural del 15% no es sostenible. Hay que hacer ver que un subsidio de desempleo no son unas vacaciones pagadas, que se debe forzar a los trabajadores a aceptar trabajos o a formarse.

 España lleva una década haciendo reformas. La reforma laboral fue bendecida por Bruselas. Y el papel de la Comisión en países como Grecia ha sido bastante penoso. ¿Hasta qué punto son de fiar las recomendaciones europeas?

—  La solución no es fácil. Los economistas clásicos de la Comisión con sus soluciones mágicas se equivocan, pero la inactividad mediterránea tampoco sirve. Ninguna solución será popular y es necesario que todos se sacrifiquen. Y eso en España es un problema político, porque las fuerzas políticas están llenas de irresponsables y en la lucha democrática no tienen rivales, sino enemigos.