¿Quién paga el absentismo laboral causado por Cercanías?

BarcelonaLa Generalitat ha acordado este lunes activar el decreto de teletrabajo para minimizar la movilidad y reforzar todas las líneas de bus interurbano durante el día ante las incidencias que registra la red de Cercanías en Catalunya. Las medidas se han acordado en una nueva reunión de seguimiento del Govern, coincidiendo con dos nuevos paros en la red durante la mañana debido a incidencias informáticas. Pero muchos trabajadores, de nuevo, se han quedado sin poder llegar al trabajo o llegando tarde. ¿Quién paga esta factura?

Los agentes sociales se ha reunido en el Palau de la Generalitat con el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, para analizar la situación. Dos peticiones claras: que exista un canal de información claro y fiable para informar a la ciudadanía de la situación. Y por parte de los sindicatos, que la factura de las ausencias en el trabajo no la acaben pagando los trabajadores.

El ejecutivo catalán ha asegurado que sigue "con preocupación" la situación ferroviaria en Catalunya. El Govern ha expresado que "mantiene el contacto permanente con los agentes económicos y sociales del país para compartir y actualizar la situación de la red ferroviaria de Cercanías y las consecuencias que se derivan".

La situación preocupa a los sectores económicos catalanes. Así, la Mesa Muévete por Barcelona, ​​que agrupa a las principales patronales y sectores económicos de la ciudad, ha alertado de que la recomendación del Govern de apostar por el teletrabajo por la actual situación del servicio de Cercanías "no es viable" para muchos sectores como el sanitario, el educativo, el comercio, la construcción, la restauración o los servicios.

Por ello, ha reclamado una estrategia de emergencia que garantice la seguridad en todos los desplazamientos de los usuarios y la recuperación inmediata de la normalidad en la productividad empresarial. En un comunicado, la mesa alerta de que la crisis ferroviaria "sin precedentes" que vive el país está provocando que más de 400.000 usuarios al día no puedan cumplir con sus responsabilidades laborales.

País parado

"El Gobierno debe asumir que detener Cercanías es detener al país, con la grave repercusión social, sanitaria y económica que esto comporta", han manifestado. Por ello, insistieron en que es necesario un plan de emergencia "estable y sostenido" que asegure la eficiencia de los desplazamientos, preserve la normalidad productiva y garantice la seguridad de los usuarios, con el objetivo de recuperar la normalidad "con la mayor celeridad posible".

En paralelo, la Mesa ha instado al Govern a priorizar Cercanías ante otros proyectos y destinar más inversión a la movilidad cotidiana que a grandes infraestructuras simbólicas.

Por su parte, los representantes de CCOO y UGT han reclamado "instrucciones claras y precisas" al Govern para evitar que los trabajadores paguen la crisis de Cercanías. En una atención a los medios después de reunirse con los consejeros Dalmau y Sàmper, la secretaria general de CCOO, Belén López, ha reclamado un canal único para informar de la situación de la movilidad. El líder de UGT, Camil Ros, pidió "flexibilidad" para que los trabajadores no salgan perjudicados del caos ferroviario. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que el Govern "no es culpable" pero sí "responsable" de la crisis.

Cañete ha reclamado "toda la flexibilidad posible" para minimizar los efectos del caos de Cercanías, a partir de teletrabajo u "otras soluciones". Por su parte, el vicepresidente de Fomento, Lluís Moreno, no ha hecho valoraciones después de la reunión, pero en un mensaje enviado posteriormente a la prensa ha alertado de que el caos en Cercanías puede afectar a las previsiones del PIB para 2026 en Catalunya, y ha instado a los gobiernos a invertir para que las infraestructuras públicas funcionen de forma "correcta".

Por su parte, la Cámara de Comercio de Barcelona ha emitido un comunicado en el que ha exigido al ministerio de Transportes una solución "clara e inmediata" a la "crisis sin precedentes" en la red de Cercanías, que es resultado de los "déficits acumulados durante décadas". El ente cameral asegura que no ve "admisible" que "en el ecuador" de la ejecución del Plan de Cercanías "seguimos con una red tan poco robusta y resiliente". En el texto, la entidad ha denunciado "la evidente falta de inversión" en la red por parte de la administración general del Estrat.

Dudas legales

La cuestión que más dudas despierta entre trabajadores y empresarios es qué cobertura legal existe en casos de colapso de infraestructuras. La cuestión es que la normativa existente es estatal, no autonómica, por lo que la Generalitat tiene poco que decir, más allá de los casos de alerta climática.

En primer lugar, la ley de teletrabajo aprobada por el Congreso durante la pandemia estipula que "se pongan de acuerdo" la empresa y los trabajadores para decidir si los segundos pueden o no trabajar desde casa, explica Jordi Garcia, catedrático de derecho laboral de la Universidad de Barcelona. Esto significa que el teletrabajo no es un derecho de los empleados, pero tampoco una situación que una compañía pueda imponerles.

Igualmente, "no hay ninguna norma con la que una administración pueda imponer el teletrabajo", señala Garcia. Esto hace que las recomendaciones de la Generalitat no tengan "ningún valor" jurídico, añade.

Sin embargo, con la dana que afectó al País Valenciano en el 2024, la legislación se modificó para incluir la posibilidad de un "permiso por incidencias climáticas", que permitiría a los trabajadores no tener que asistir presencialmente al trabajo en caso de situaciones meteorológicas adversas. A juicio de García, esta norma permite dos interpretaciones: una es que las administraciones deben avisar a la población de que las condiciones climatológicas desaconsejan desplazarse al trabajo, aunque en este caso tampoco queda claro si se puede considerar como un aviso de un gobierno el hecho de que las agencias meteorológicas como el Meteocat o la AEMET incrementen los niveles de alerta.

La segunda interpretación de la normativa es que cada trabajador puede acogerse al derecho de no salir de casa si considera que las condiciones meteorológicas en un momento puntual ponen en riesgo su salud o su vida.

En cualquier caso, sin embargo, ninguno de los dos casos sería aplicable al caos de Cercanías, ya que el Gobierno no ha declarado ninguna emergencia y el área metropolitana de Barcelona no ha sufrido ningún episodio inusual de lluvias, nieve o viento que haya obligado a actuar a las administraciones de forma especial, como fue el caso de Valencia hace dos años. Por el contrario, las incidencias en el sistema ferroviario son derivadas por problemas relacionados con el mal estado de la infraestructura, opina el catedrático.