Tres décadas después la industria tendrá una nueva ley sectorial
El gobierno aprueba una norma que obligará a avisar con nueve meses de antelación a la finalización de la actividad industrial
MadridLa ausencia de algunos conceptos en la actual ley de industria pone en evidencia los años que han pasado desde su aprobación. En concreto, treinta y dos. Las palabras descarbonización, digitalización, autonomía estratégica y transición verde no aparecen en el texto en vigor, lo que pone en evidencia lo desfasado que ha quedado, o al menos así lo ha argumentado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que este martes ha presentado el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica. La futura ley ha sido aprobada en el consejo de ministros y ahora da el salto al Congreso de los Diputados, donde puede recibir modificaciones.
Evitar deslocalizaciones
Uno de los objetivos principales de la futura ley es alejar el fantasma de las deslocalizaciones. De hecho, en caso de haber recibido ayudas públicas, estas deslocalizaciones estarán vetadas durante un período de tiempo. En concreto, cuando una gran empresa haya recibido más de 3 millones de euros, tendrá vetada la deslocalización durante, al menos, cinco años. Para las pequeñas y medianas empresas, el período de tiempo será menor (de entre tres y dos años). En caso de no cumplir con este período, deberán devolver las ayudas.
Se entenderá como incumplimiento del veto a la deslocalización oa la retirada de la actividad en España cuando se reduzca en más de un 65% la producción en el Estado o se recorte la plantilla en 500 o más trabajadores. Por último, ya propuesta de Sumar, las empresas que no cumplan y se deslocalicen "fuera del espacio económico europeo" también tendrán que devolver las ayudas públicas que hayan recibido para aplicar un ERE o un ERTO vinculado al mecanismo RED. "Una deslocalización tampoco podrá justificar un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o una anulación del convenio", apuntan desde Sumar.
La norma, que es uno de los compromisos fijados con Bruselas en el Plan de Recuperación, pone en la diana una serie de empresas concretas: la industria, las compañías que tienen un papel a lo largo de la cadena de producción de un producto industrial o las que trabajan con residuos, así como las que se dediquen a la actividad de servicios de ingeniería o digitalización, entre otros.
De hecho, uno de los otros puntos clave es la creación de una reserva de productos relacionados con sectores estratégicos como el farmacéutico, el de la defensa o la energía. Así, se establece la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) para asegurar el suministro de recursos básicos o de carácter estratégico en medio de una crisis o una pandemia, como fue la de la cóvida -19. "La intención no es tener productos en almacenes, sino disponer de una lista de artículos estratégicos y de capacidad de producción frente a situaciones críticas", apuntan desde el ministerio.
Tablas de reindustrialización
La experienciade Alcoa, en Galicia, o Nissan en el caso catalánse traslada a la ley. Ante una crisis industrial, la futura norma obligará a crear tablas de reindustrialización en las que participarán el Estado y las comunidades autónomas, pero también los sindicatos y la empresa afectada. "El objetivo de estas tablas de negociación es analizar alternativas y revertir la decisión de irse", ha puntado Hereu en rueda de prensa. De hecho, será necesario avisar con nueve meses de antelación en caso de que se quiera retirar la actividad. En ese momento se iniciará un proceso de reindustrialización.
El sector industrial en España ha perdido peso con el tiempo y el ejecutivo de Pedro Sánchez confía en recuperarlo, sobre todo después de la pandemia del coronavirus, cuando la dependencia del turismo puso entre las cuerdas a la economía española. La industria suponía un 18,7% del PIB en 2000 y ahora supera, por poco, el 15% del PIB, según los últimos datos publicados por el Consejo General de Economistas. Una cifra que se aleja de las recomendaciones de la Unión Europea, que aconseja que el peso industrial de los países de la zona euro se sitúe en el 20%. De hecho, la aprobación este martes de la norma coincide con la inversión de Stellantis en Zaragoza para construir una fábrica de baterías.