Por qué Margarita Robles dijo que no en un taller de vehículos militares en Barcelona

Madrid¿Qué habría pasado hoy, en pleno rearme europeo y español, si un taller para reparar y adaptar vehículos militares se hubiera posicionado como candidato para reindustrializar a la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca? El proyecto se puso sobre la mesa en 2021, pero la Generalitat, entonces bajo el liderazgo de Pere Aragonès, le dio carpetazo rápidamente. Éste fue el motivo oficial por el que la propuesta del consorcio Tess Defence, y apadrinada por el ministerio de Industria, no prosperó. Los titulares del momento recogen que la Generalitat rechazó esta opción, pero, según ha podido saber el ARA, quien ya había sentenciado de muerte esa inversión en la Zona Franca fue la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Cuando la mesa de reindustrialización de Nissan recibió la propuesta, el no de Robles a situar el taller de Tess Defence en Catalunya era firme, lo que abrió una crisis con el ministerio de Industria, confirman tres fuentes consultadas por el ARA. Desde este departamento, encabezado por Reyes Maroto y con el catalán Raül Blanco como número dos, veían la opción de Tess Defence –consorcio controlado por Indra, la vasca Sapa, Escribano y Santa Bárbara, filial española de General Dynamics– como la más viable.

Blanco era el encargado de trasladarla a la mesa con los agentes sociales –tenía el apoyo de los sindicatos– y la Generalitat. Desde el ministerio de Industria se intentó incluso convencer a Robles a través del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Éste, sin embargo, resolvería el conflicto decantándose en favor de la ministra de Defensa, explican al ARA fuentes implicadas en el desacuerdo. El director de gabinete de entonces de Sánchez, Oscar López, trasladaría a Industria que a toda costa tenían que dar marcha atrás.

Sin embargo, el equipo de Reyes Maroto se había comprometido con los agentes sociales a poner, como mínimo, la inversión de Tess Defence sobre la mesa, reconocen diferentes fuentes. Ante este callejón sin salida, le fue como el anillo al dedo el rechazo de la Generalitat, y en particular de Natàlia Mas, que participaba en las reuniones como directora general de Industria. Si no había consenso, el taller de vehículos militares no podía prosperar, indicaban entonces desde el ministerio, cerrando así aquel capítulo.

Diferentes motivos

Sin embargo, los motivos del ministerio de Defensa y el gobierno catalán para decir que "no" a Tess Defence eran del todo diferentes. Robles, de hecho, no veía nada mal la inversión, sino la localización. Según ha podido saber el ARA, la titular de Defensa quería que el proyecto para reparar vehículos militares fuera a Huelva oa Jaén (esta última opción era la que tenía más puntos), y no en Catalunya. El motivo de fondo era compensar la decisión de haber concedido a Córdoba la gran base logística del ejército de tierra, que agrupa a una docena de talleres y centros de mantenimiento, lo que a Defensa le abrió un conflicto con las otras dos localidades, en especial con Jaén. Cuatro años después, el proyecto no sólo no ha pasado de largo por Catalunya, sino que sigue en un cajón.

En cambio, el gobierno catalán rechazaba el consorcio por ser una inversión vinculada directamente a la industria militar, un sector que históricamente ha levantado recelos en Cataluña. También porque el calendario de ejecución no se adecuaba al cierre de Nissan (dejaba a la intemperie durante más tiempo a los trabajadores), explicaban desde la conselleria de Empresa.

Efervescencia inversora

Lo cierto es que cuando se habla de la industria militar en el Estado, Catalunya no es la comunidad autónoma que primero viene a la cabeza. El investigador del Centro Delàs Pere Ortega recuerda en una conversación con el ARA que la participación del Principado en la producción militar del Estado no llega ni al 1%.

Cataluña no acoge ninguna fábrica importante del sector, a diferencia de otros territorios como Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid o Galicia. Ahora, sin embargo, el gasto público en defensa anunciado –España, por ejemplo, se ha comprometido a llegar al 2% del PIB este 2025 desembolsando más de 10.400 millones de euros– está dando alas a las empresas del sector a invertir, y muchas de ellas han situado a la comunidad en el punto de mira. También porque el gobierno de Salvador Illa está moviendo "más que nunca" los hilos para que estas inversiones lleguen y lo hace de forma concertada con la Moncloa, aseguran fuentes empresariales y sindicatos. Fruto del compromiso que ha asumido con la OTAN, el gobierno español necesita que el dinero llegue deprisa al tejido productivo.

"Hay una gran tarta y todas las industrias quieren participar, [...] también las de Catalunya de forma colateral", añade Ortega. Así, si bien Cataluña no se erige en un lugar donde situar una gran fábrica o taller, lo que está disparando el interés de algunas inversiones en defensa es el ecosistema de pequeñas y medianas empresas del sector de la robótica, el tecnológico, el digital, o empresas vinculadas a la investigación y el desarrollo (I+D) e incluso sobre el mundo las llamadas "amenazas híbridas".

En este sentido, una de las últimas grandes alianzas es la de Indra, empresa de defensa con un 28% del capital social en manos del Estado, con la empresa de componentes de la automoción Ficosa para "colaborar en el ámbito de los programas y necesidades de la industria de defensa". En concreto, Ficosa desarrollaría nuevos sistemas de visión para blindados militares. Por el momento, es una declaración de intenciones, pero según explicaron ambas compañías, se trataría de desarrollar sistemas electroópticos de visión y vigilancia para los vehículos militares blindados VCR 8x8 Dragón y VAC. De hecho, los primeros son los que fabrica el consorcio Tess Defence en la planta de Santa Bárbara, ubicada en Asturias. "Las empresas como Indra, si quieren competir [a escala europea], necesitan a esta industria para que les fabriquen los componentes", apunta el investigador del Delàs.

Más allá de Indra, el fondo de inversión Hyperion Fund, cofundado por Pablo Casado y en el que también participa Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín, también está moviendo ficha en Cataluña. En este sentido, destaca una inyección de dinero en la start-up catalana Sateliot, que busca posicionarse como el primer operador de telecomunicaciones vía satélite para internet de las cosas (IoT, en sus siglas en inglés) con cobertura 5G. A esta inversión se le suma otro desembolso a la firma catalana Gutmar, dedicada a la tecnología de precisión.