Barcelona duplica a Madrid en alquileres contratados a través de inmobiliarias

BarcelonaLa intermediación inmobiliaria en el mercado de alquiler lleva años al alza: agencias inmobiliarias, administradores de fincas e incluso agentes autónomos gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas. Y eso, según un estudio publicado este miércoles, perjudica al inquilino.

Los inquilinos que tratan con inmobiliarias tienen menos satisfacción con su vivienda, más problemas con su propietario, sufren más subidas de alquiler y una mayor discriminación que aquellos que tratan directamente con el propietario. Son las principales conclusiones del informe Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler, elaborado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) a partir de una gran encuesta en las ciudades de Barcelona y Madrid.

En concreto, en la capital catalana las inmobiliarias gestionan la mayor parte de la oferta de alquiler, con el 74,8%, mientras que el resto son inquilinos que tratan directamente con el propietario (25,3%). En Madrid, el porcentaje de intermediación inmobiliaria sobre el total del mercado de alquiler es menos de la mitad que el de Barcelona (34,1%), por lo que la gran mayoría de inquilinos se relacionan con el propietario sin intermediarios (65 ,9%).

Incentivos para las inmobiliarias

Ahora bien, en la capital española las inmobiliarias crecen más rápido: en los últimos cinco años su presencia ha aumentado cerca de 15 puntos porcentuales, ya que gestionan el 27% de los contratos firmados hace más de cinco años, y el 41,7% cuando se miran los alquileres de menos de un año. Paralelamente, las relaciones de trato directo suponían hace cinco años el 73,4% de los contratos, siendo en los alquileres más recientes el 58,4%.

Según el estudio, este aumento se explica porque las inmobiliarias van a buscar viviendas que los propios propietarios cuelgan en los portales. Los arrendadores afirman haber recibido un gran número de llamadas de agencias pocas horas después de publicar su anuncio. El intermediario contacta entonces con el propietario, le ofrece el servicio de encontrar a un inquilino y gestionar el piso, lo que, según el informe, genera fuertes incentivos para el propietario porque puede delegar esta gestión sin coste alguno. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler y todo indica que en una parte significativa del mercado se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la ley de vivienda de 2023", recoge el estudio.

De hecho, el diario ARA ha hablado recientemente con algunos testigos que han relatado esta insistencia a la hora de vender sus viviendas, con casos de personas que han recibido hasta cincuenta llamadas en una semana, pese a explicitar que no querían el servicio de ninguna agencia.

Perjuicios para el inquilino

Uno de los principales impactos de esta mayor profesionalización es el aumento de las barreras a la hora de acceder a una vivienda, mayoritariamente de tipología laboral o económica, como pruebas de solvencia, la demanda de contratos indefinidos, nóminas tres veces más altas que el precio de alquiler y un buen historial bancario.

Según el estudio, el 59,6% de las personas que han accedido a una vivienda de alquiler en el último año han sufrido discriminación, frente a un 27% hace cinco años. El informe apunta que este aumento podría atribuirse a un efecto combinado entre el incremento de la intermediación y el encarecimiento de la vivienda de alquiler, que en Barcelona se ubica en 1.178 euros de media. Asimismo, el 46,6% de las personas que buscan piso a través de inmobiliarias han sufrido algún tipo de discriminación, mientras que sin intermediación el porcentaje desciende al 37,7%.

Otro perjuicio ha sido el cobro de honorarios, especialmente en Madrid. Esta práctica ha ido en aumento: el 64,2% de los que llevan menos de cinco años viviendo en una vivienda pagaron honorarios, mientras que los hace más de cinco años sólo fueron el 29,8%. Aunque la atribución de este gasto a los inquilinos se prohibió en la ley de vivienda estatal de hace un año, el informe asegura que se ha producido "un alto porcentaje de cobro ilegal de honorarios" después de haber entrado en vigor.

Para mitigar estos impactos, el estudio propone que se trabaje para aumentar la transparencia en el mercado de la intermediación, indicando por ejemplo la identidad del propietario y el número de viviendas; la creación de un sistema de concertación pública que vele por el interés general y desarrollar un sistema de inspección y sanción de oficio para garantizar el cumplimiento de las normativas, entre otros.