Cataluña y Euskadi instan a la UE a excluir la inversión en vivienda asequible del límite de gasto
La petición es conjunta y se enmarca dentro del período de consulta del Plan Europeo de Vivienda Asequible de la Comisión Europea
BarcelonaLos gobiernos de Cataluña y el País Vasco han presentado este martes una declaración conjunta para que el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, una medida que la Comisión Europea (CE) presentará el próximo año para establecer una estrategia comunitaria para resolver la crisis de la vivienda, incorpore lo que consideran una medida clave: que la inversión en vivienda protegida quede fuera del balance presupuesto Unión Europea (UE) y, por tanto, los estados puedan superar estos topes —que la UE establece anualmente en función del crecimiento económico— para invertir en vivienda asequible.
Lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del País Vasco, Denis Itxaso, que lidera una de las cinco carteras socialistas que el Partido Socialista de Euskadi (2) de coalición liderado por el PNV, ganador de las últimas elecciones.
Esta medida, que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha llevado hasta dos veces ante la Comisión Europea junto con una quincena de alcaldes de ciudades europeas bajo la alianza Alcaldes por la Vivienda, pide vía libre para que todas las administraciones -locales, regionales y estatales- puedan invertir en vivienda asequible y queden exoneradas de los límites presupuestarios que recoge el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la organización comunitaria.
El único precedente de esta flexibilización de la regla de gasto se produjo durante la pandemia, cuando la UE suspendió temporalmente la regla de déficit y deuda, pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que están estudiando hacerlo temporalmente para impulsar el gasto en defensa de los estados.
Financiación de la construcción
Si bien ésta es una de las demandas más importantes, la declaración conjunta va más allá e incorpora un decálogo que equipara la inversión en vivienda a otros recursos estratégicos, lo que eleva la vivienda asequible a una "política estructural europea". Entre otras comunidades, Cataluña y País Vasco piden que las políticas de financiación de la UE tengan un criterio de convergencia entre los estados miembros para que se reduzca la diferencia entre estados. Esto se explica porque mientras la media europea de vivienda protegida supera el 9%, en España es del entorno del 2%. "Lo primero que pedimos es un marco flexible y adaptado a los distintos territorios", ha dicho Paneque.
Otra petición es que el Banco Europeo de Inversiones facilite mecanismos de financiación a muy largo plazo y muy bajo interés por estimular la rehabilitación y construcción de vivienda protegida, una medida dirigida al talón de Aquiles del alquiler: el nivel de endeudamiento necesario y el largo retorno de las inversiones supone un desincentivo para la inversión. "Si a un promotor le pides el 75 por ciento de vivienda protegida, el riesgo es que te diga que no. Salen cero viviendas protegidas y cero viviendas libres. Sobre el papel suena muy bien, pero cuando explico fuera de Euskadi que en nuestra ley tenemos un 70 por ciento, la gente abre los ojos", ha dicho Itxa. Este límite, que hace referencia a la reserva mínima de protección oficial para la nueva construcción, en las áreas que desea impulsar la Generalitat es del 50%.
También han pedido la priorización de la función social de la vivienda ante la especulación y que la política de vivienda ponga a la juventud en el centro. "Creemos que hay que prestar atención a los jóvenes: Euskadi tiene la tasa de emancipación más tardía de Europa y la natalidad más baja de toda Europa. El único saldo positivo es el migratorio", ha defendido Itxaso.
Catalunya fue el primer territorio del Estado en declarar zonas tensionadas, que actualmente abarcan 271 municipios. Posteriormente, se sumaron otras comunidades autónomas, como País Vasco, que tiene cinco municipios declarados y está tramitando la inclusión de las ciudades de Bilbao y Vitoria.
