El enésimo intento por poner freno al alquiler temporal aterriza en el Congreso en plena ruptura Junts-PSOE
Sumar, Bildu, Podemos y ERC iniciarán este martes en comisión la fase de discusión del redactado
Barcelona¿El acceso a la vivienda de alquiler ha mejorado desde que entró en vigor el tope de precios? No existe una respuesta clara, pero 18 meses después de la limitación de los alquileres, encontrar un piso asequible es más difícil que antes: hay menos rotación de inquilinos y la oferta de pisos en buen estado ya buen precio es mínima. Además, los datos más recientes sobre el precio de los nuevos contratos de alquiler no acaban de acompañar: el coste de alquilar un piso en Barcelona y en el conjunto de Catalunya subió en el segundo trimestre, tras encadenar un año seguido a la baja.
Entre las causas de esta tensión del mercado de alquiler, en el que la demanda multiplica la oferta existente, se encuentra el alquiler de temporada y de habitaciones, la brecha que han encontrado muchos propietarios para eludir precisamente el control de precios, ya que sólo afecta a los contratos de residencia habitual. La ley de la vivienda estatal, aprobada en mayo del 2023, no recogía una regulación estricta para estas modalidades, y desde entonces ya son varios los intentos de las administraciones de poner freno a ese fraude de ley. Todos, hasta ahora, sin éxito.
La incógnita es Junts, que está en pleno veto en el gobierno español a raíz de la rotura con el PSOE. Este martes arrancará el último intento en el Congreso, con una ley de Sumar, Bildu, Podemos y ERC que iniciará la fase de discusión del redactado. La propuesta inicial, que plantea una reforma de la LAU, deja claro que los arrendamientos temporales son también "arrendamientos de vivienda", desde el punto de vista de las limitaciones que les son aplicables. Además, establece que cuando superen los nueve meses o existan dos prórrogas pasarán a ser considerados arrendamientos de vivienda habitual.
El enésimo intento
El hecho de que la propuesta venga de los grupos parlamentarios, y no del ejecutivo central, podría facilitar la negociación. Ahora bien, hasta ahora los junteros tampoco se han mostrado demasiado entusiasmados con esta iniciativa. La primera vez que llegó al Congreso la propuesta para regular este tipo de alquileres, Junts bloqueó su tramitación junto al PP y Vox. En el segundo intento, en diciembre de 2024, votó a favor, argumentando que el nuevo texto no ponía en entredicho las competencias de la Generalitat. Fuentes de los grupos proponentes aseguran que no hay nada cerrado y que, por ahora, "las partes siguen hablando".
El primer intento por poner freno a esta modalidad de alquiler lo impulsó el gobierno de Pere Aragonès. En abril del 2024 el ejecutivo catalán presentó un decreto ley que al cabo de un mes PSC y Junts tumbaron a la diputación permanente del Parlament. El decreto establecía la obligación de especificar y acreditar con qué finalidad se alquila la vivienda de temporada.
Tramitaciones paralelas
Esta vía irá en paralelo a la que está en marcha en el Parlament de Catalunya, donde el PSC, ERC, Comuns y CUP han pactado una regulación catalana de esta modalidad de arrendamiento que le limita, exclusivamente, a viviendas vinculadas a vacaciones o usos recreativos. El texto está claro: todo arrendamiento que tenga como finalidad satisfacer la necesidad de "vivienda permanente" queda bajo el paraguas de la ley de vivienda y, por tanto, de los topes del alquiler. Incumplirlo expone a los infractores a multas de hasta 900.000 euros, de acuerdo con el régimen sancionador autonómico. Era, por otra parte, un compromiso que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó con republicanos y Comunes en el acuerdo de investidura, después de que la anterior legislatura el PSC tumbara (con Junts) una regulación prácticamente calcada. Entonces, los socialistas expresaban dudas sobre la posibilidad (y la idoneidad) de regular sólo este fenómeno a escala catalana, y no a través de una reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que afectara a todo el Estado. En todo caso, estaba previsto que el pleno lo aprobara la regulación catalana este mismo noviembre con los votos de las izquierdas del Parlament, pero PP y Junts lo han recurrido ante el Consell de Garanties Estatutàries. El dictamen de este ente no es vinculante, pero la petición retrasa al menos un mes la votación definitiva del texto.
En paralelo, Sumar y ERC siguen presionando al PSOE para intentar remediar la crisis con los precios de la vivienda. A través del ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, Sumar ha anunciado un decreto cuyo objetivo es congelar los alquileres en zonas tensionadas, introducir sanciones a quien haga fraude con pisos turísticos y alquiler de temporada y limitar las compras especulativas de vivienda –una medida que los Comunes también están intentando impulsar a través de la legislación catalana–. Ahora, tendrán que negociarlo con el PSOE dentro del gobierno de coalición.
Por otra parte, Esquerra presentará este martes en el Congreso una proposición de ley para endurecer los impuestos a los que "quiere acumular más pisos para enriquecerse", para también intentar poner freno a la especulación. "Quien trabaja para acumular, quien decide enriquecerse, debe pagar más. Nadie entendería que un partido catalán se ponga junto a los fondos especulativos, entendiendo que la vivienda es el principal problema del país", ha dicho el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una alusión implícita a Junts.
Asimismo, el gobierno español impulsó un registro, en vigor desde el 1 de julio, para que todos los alquileres turísticos –inferiores a 31 días–, de temporada y de habitaciones se registren si quieren operar legalmente en las plataformas digitales.