Por qué hay pequeños propietarios a los que inquieta el decreto de la vivienda?

BarcelonaMuchos pequeños propietarios, que son la proporción más grande del mercado de la vivienda, no ven claro el decreto aprobado por el gobierno español que este viernes pasa el examen del Congreso. De los dos decretos de la vivienda, en principio el que incluye medidas para la protección de los vulnerables es el que parecía que tenía más posibilidades de salir adelante, especialmente después del sí anunciado por Podemos y el PNV. Pero el rechazo de Junts —pide al gobierno español que lo retire o votarán en contra— ha trastocado la posibilidad de que prospere. El segundo, el que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos, no tenía ninguna posibilidad, porque también el PNV votará en contra.

Una de las cuestiones que más temor provoca a los pequeños propietarios (diez inmuebles o menos, según la ley estatal de vivienda) es la suspensión de los desahucios a personas y familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030. Junts ha hecho bandera de la defensa de los pequeños propietarios, de sus preocupaciones y en contra de las ocupaciones ilegales. El aspecto que más les inquieta son las compensaciones a los propietarios cuando el inquilino que no paga es considerado vulnerable y no dispone de alternativa residencial ni la administración les facilita ninguna. "No queda claro cómo ni cuándo recibirán la compensación los titulares del inmueble" que no son grandes tenedores, afirman fuentes consultadas. En todo caso, el decreto establece un mecanismo de protección destinado a los desahucios por impago que es diferente del que afecta a los grandes tenedores.

El decreto especifica que "si la comunidad autónoma competente no ofrece una alternativa residencial, estará obligada a enervar la acción, es decir, a asumir el pago de las cantidades necesarias para evitar el desahucio en un plazo de dos meses". Además, dice que durante estos dos meses el procedimiento judicial queda suspendido; si la acción se enerva, el proceso termina y el contrato continúa vigente. Y si la comunidad autónoma no actúa dentro de este plazo, la suspensión del procedimiento se mantiene hasta que cumpla su obligación. Pero hay quien no ve suficientes garantías.

Cargar con la política social

Las cámaras de la propiedad, que acostumbran a tener muchos socios con pocas viviendas, comparten muchas de las críticas de grandes propietarios vehiculadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Las medidas, lejos de arreglar el problema, corren el riesgo de agravarlo, alertó el día antes el presidente de Pimec, Antoni Cañete. Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, fue más allá y, en unas jornadas el miércoles en Barcelona, afirmó que el gobierno español busca socializar de manera “encubierta” la propiedad privada. Y los constructores aseguran que ya convierten promociones de alquiler en pisos en venta, según el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y también presidente de APCE Catalunya, Xavier Vilajona.

Las cámaras denuncian que la Moncloa "vuelve a cargar sobre los propietarios privados una parte creciente de la política social de vivienda" y avisan que el marco regulador es "cada vez más complejo, restrictivo e inestable", con una creciente "inseguridad jurídica". El resultado, aseguran, será reducir la oferta de vivienda de alquiler, tal como afirma también la organización Som Habitatge (Unión de Propietarios de Cataluña). A pesar de admitir que hace falta abordar "con urgencia" las dificultades de acceso a la vivienda, las cámaras, como otras organizaciones, también critican que se pretende "trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas".

Bonificaciones fiscales

Desde el gobierno español destacan que la normativa que somete a aprobación incluye muchas medidas a favor de los pequeños propietarios. Como por ejemplo las bonificaciones fiscales previstas en el IRPF, que el ejecutivo central cuantifica en unos 330 millones. Las reducciones del rendimiento neto que se podrían aplicar en caso de que rebajen un 5% la renta de un nuevo contrato van del 70% al 100%. Si mantienen el precio, la reducción es del 50%, y si lo aumentan, las rebajas van del 15% al 40%. Si es el primer contrato, las reducciones van del 50% al 100%.

Otra exención fiscal del 100% en las ganancias patrimoniales se aplicaría a los propietarios que vendan una vivienda al sector público por valor de transmisión de hasta 200.000 euros. La ventaja será decreciente de 200.001 a 800.000 euros.