Los vecinos tras la victoria judicial sobre Ana Botella y los fondos de inversión

MadridArantxa Mejías dice haber recibido un regalo de Navidad por adelantado después de que el 5 de diciembre el Tribunal Supremo confirmara que los inquilinos de unos pisos de protección oficial que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre pueden comprarlos al mismo precio. Es un gran hito después de muchos años de lucha, y por eso estamos contentos", expresa Mejías en una conversación con el ARA. Ella es una de las afectadas que ha liderado la batalla judicial, aunque su caso todavía está pendiente de resolverse. La sentencia del Supremo, sin embargo, es un balón de oxígeno: "Supone un precedente para muchas familias", asegura la vecina, que cifra en un centenar los hogares que podrían beneficiarse de la decisión.

Para entender el caso hay que remontarse al año 2013. La entonces alcaldesa de Madrid, la popular Ana Botella, vendió cientos de promociones de viviendas protegidas a distintos fondos de inversión, desde Goldman Sachs hasta Fidere, la filial española de Blackstone. "Cuando entramos a vivir eran pisos con unos alquileres asequibles que rozaban los 600 euros –recuerda Mejías–. Teniendo en cuenta que fue hace veinte años, no puede decirse que fueran alquileres bajos, pero comprar era muy difícil y eso nos permitía tener la perspectiva de hacerlo en un futuro", añade la vecina. Pero ese plan de vida saltó por los aires cuando Fidere entró en el juego: "La administración pública nos puso a los pies de los caballos", lamenta.

Botella vendió los inmuebles a un precio irrisorio, por debajo del mercado, para obtener liquidez de forma rápida, aunque ello supusiera perder parte importante del patrimonio público en materia de vivienda. Una de estas ventas afectó a 1.860 pisos municipales de 18 promociones. Todos ellos cayeron en manos de Fidere que, una vez materializó la compra, empezó a presionar a las familias que vivían allí. Mejías y el resto de vecinos vieron cómo se les imponían incrementos de alquileres cuando se les acababa el contrato, o cómo se ponían bastones en las ruedas cuando querían comprar el piso (algunas familias tenían derecho a ello). "Es acoso inmobiliario", denuncia la abogada y activista Alejandra Jacinto.

Lo que ahora reconoce la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta a una promoción situada en la calle Lope de Vega de Madrid, es que las familias que tenían reconocido el derecho a comprar el inmueble en un futuro pueden hacerlo por el mismo precio al que alcaldesa de Madrid lo vendió. Jacinto apunta que "es difícil" que la sentencia salpique muchas más promociones porque el alto tribunal solo lo reconoce en casos en los que la venta fue de un inmueble individual, pero no cuando afectaba al bloque entero, como suele ocurrir.

Obligados a marchar

Sin embargo, la sentencia deja un sabor de boca agridulce. Las prácticas que llevaron a cabo fondos como Fidere empujaron a muchos vecinos a marcharse. Ante el aumento de los alquileres, algunos desistieron negociar una renovación de los alquileres, mientras que otros incluso se vieron afectados por un orden de desahucio –muchas de las familias a las que el Ayuntamiento adjudicó un piso protegido tenían unos ingresos bajos–. "Muchos vecinos quedaron psicológicamente destrozados", apunta Enrique, del Sindicato de Inquilinos del barrio de Vallecas, donde hay otra promoción de bloques afectados por esa venta.

El ARA se ha puesto en contacto con algunos de los vecinos que se vieron forzados a marcharse y que por miedo a represalias han pedido mantener el anonimato. Una de ellas lo hizo en el 2022, aunque mantuvo el pulso con Fidere desde el 2018, cuando acabó su contrato de alquiler. "Ha sido una pesadilla –resume–. La única solución fue marcharse porque no podíamos asumir lo que nos pedían. No sólo nos subían el alquiler, también nos hacían pagar el IBI o la comunidad [...] Era una vergüenza porque los pisos no eran nada del otro mundo; estaban bien, pero de calidad muy baja", critica. Asimismo, señala que aunque muchos intentaron negociar durante un tiempo, el fondo "no tenía interés porque no quería gente como nosotros", recuerda la misma vecina, que, cuando se marchó intentó, sin éxito, volver a pedir un piso de alquiler social. "Lo que debemos plantearnos es si ante estas personas que no pudieron resistir, la administración, que es quien descalificó [el parque público], tiene responsabilidad patrimonial", reflexiona Jacinto.

¿Una salida diferente?

"Si España, y ayuntamientos como el de Madrid, no hubiera vendido esas promociones, tendría mucho más parque de vivienda pública", critica Diego Sanz, miembro de la PAH de Vallecas, justo cuando el gobierno español ha prometido "blindar" este tipo de inmueble. De hecho, para Sanz la sentencia del Supremo debería abrir otro debate: "Debemos pensar si la vivienda social puede incorporar el derecho a compra", apunta el activista, que plantea alternativas como la de la vivienda cooperativa .