La inversión en El Prat se queda en 325 millones de euros

La inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat ha quedado oficialmente fuera del DORA II. Este martes, el consejo de ministros ha dado luz verde al plan quinquenal de Aena (lo tenía que hacer antes del 30 de septiembre), denominado Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II), que recoge para el aeropuerto catalán unos 325 millones durante el quinquenio que dura el plan, según estima Aena. Gran parte de este dinero se destinará a la mejora de las instalaciones (250 millones) y una pequeña parte (75 millones) son inversiones no especificadas dentro del DORA II. Este es, por ahora, el desenlace de una inversión que desde el primer minuto ha estado marcada por los 'tira y afloja' políticos y que finalmente el gobierno español decidió suspender por la falta de consenso con la Generalitat.

El DORA II establece las "condiciones de calidad, capacidad y accesibilidad" que tendrán que cumplir los aeropuertos del gestor aeroportuario público desde el año 2022 hasta el 2026. La inversión conjunta del plan es de 2.250 millones de euros, cosa que anualmente se traduce en unos 450 millones de euros, según los datos que aporta el ministerio de Transportes. "Esta inversión tiene que permitir dar respuesta a las necesidades de los usuarios y contribuir a superar las consecuencias que la pandemia ha provocado en el transporte aéreo", ha defendido la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Una parte de este dinero corresponde a la inversión que recibirá el aeropuerto de Barajas, unos 1.694 millones de euros según datos de Aena, que este martes ha vuelto a ser criticada por entidades ecologistas madrileñas.

A la espera de saber más detalles, el DORA II también incluye la evolución de las tarifas aeroportuarias. Finalmente, el gobierno español ha optado por congelar durante los próximos cinco años las tarifas que Aena cobra a las compañías aéreas, una decisión que se aleja tanto de lo que pedía la empresa pública, aumentarlas, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en un informe no vinculante defendía rebajarlas un 0,44% cada año. Aena se verá obligada también a rebajar el alquiler que cobra a tiendas y restaurantes de los aeropuertos después de que el Congreso aprobara una enmienda incorporada en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Según la empresa pública, la medida tiene un impacto en los ingresos de 1.500 millones de euros.

"La propuesta final no es el resultado que esperábamos, pero es el escenario menos malo posible porque a pesar de que no se reduzcan las tarifas para los próximos cinco años, tampoco aumentarán como pedía Aena", ha dicho Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que ha acogido con buen gusto la medida. A su vez, desde el gestor aeroportuario también han recibido con buenos ojos la congelación de las tarifas. "El DORA dará estabilidad y permitirá impulsar la recuperación del sector", ha expresado el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Batería de medidas laborales

El carácter económico del consejo de ministros de este martes también lo han marcado las políticas en materia laboral. Por un lado, el gobierno español ha aprobado la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, después de un nuevo acuerdo in extremis con los sindicatos mayoritarios y las patronales. Durante el mes de octubre se mantendrán los ERTE actuales y a partir del mes de noviembre, hasta el 28 de febrero, empiezan unos nuevos expedientes que el gobierno español ha bautizado como "ERTEs de formación" y que las empresas tendrán que solicitar entre el 1 y el 15 de octubre.

La principal diferencia será que el grado de exoneraciones en la Seguridad Social del cual podrán disfrutar las empresas variará según si se da o no formación a los trabajadores, en el caso de los ERTE por limitación. En los ERTE por impedimento, es decir, cuando las empresas se ven obligadas a cerrar por motivos sanitarios (cada vez menos), las exoneraciones se mantienen al 100%.

Además de las exoneraciones, las empresas que formen a personas afectadas por estos ERTE también tendrán derecho a un aumento de la financiación de las actividades formativas. Así, para empresas de 1 a 9 trabajadores las empresas podrán recibir 160 euros por cada empleado en ERTE que reciba formación; las de 10 a 49 trabajadores percibirán 240 euros por persona, y en las de 50 trabajadores o más, 320 euros por empleado.

Que la formación haya ganado peso no es ninguna novedad, como ha anticipado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De hecho, el gobierno español ya está diseñando el esquema de los ERTEs permanentes y el pilar principal será precisamente la formación de los trabajadores. Esta negociación avanza en paralelo a la de la reforma laboral. "[Las reuniones] están muy avanzadas", ha asegurado Díaz, que ha defendido que el gobierno "cumplirá los plazos". La reforma tiene que estar terminada antes del 31 de diciembre. En estos momentos, unos 250.000 trabajadores están acogidos a un ERTE en el conjunto de España.

Mejora para los autónomos y SMI

El consejo de ministros también ha aprobado, en propuesta del ministerio de Inclusión y Seguridad Social, mantener las ayudas extraordinarias para los trabajadores autónomos. El ministerio calcula que unas 226.000 personas se beneficiarán de las ayudas. Hasta enero se mantendrán las exoneraciones como hasta ahora y los autónomos que continúen con la actividad suspendida por las restricciones mantendrán una prestación extraordinaria equivalente al 70% de la base mínima de cotización.

Además, también se ha aprobado el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021. Un total de 15 euros al mes en 14 pagas que se aplicará de manera retroactiva, es decir, a partir del 1 de septiembre. En este caso, el acuerdo solo obtuvo el sí de los sindicatos, mientras que las patronales lo rechazaron argumentando que la situación económica "no lo permitía". De hecho, la discordia por este acuerdo puso en el punto de mira al resto de medidas y reformas, como la laboral, que el gobierno español quiere consensuar con los agentes sociales. De hecho, sobre el SMI se abre otro reto que es cerrar el aumento para 2022. Según los sindicatos, el gobierno se comprometió a llegar a los 1.000 euros mensuales el año que viene. De hecho, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este mismo martes que la subida de 15 euros "es una mierda y una miseria".