Las cifras de la inversión pública realmente ejecutada del Estado en Catalunya este último año 2021 han resultado, un año más, bajas y escandalosamente desproporcionadas en comparación con el resto de territorios, pero tendríamos que saber que esto no viene de ahora. Es un problema “cronificado” en el tiempo y que va más allá del color de los partidos que gobiernan en cada momento en la Moncloa.
En los últimos siete años (2015-2021) la inversión pública real del Estado en Catalunya ha sido de 105 euros por habitante, cuando la media estatal es de 225 euros por habitante. Si miramos los periodos en que ha mandado el PP, la media en Catalunya fue de 102 euros por habitante, y cuando ha mandado el PSOE, de 107 euros por habitante. No hay, pues, mucha diferencia. Tampoco es cierto, como dice el ministerio, que el Estado en estos últimos años haya invertido más en Catalunya que en ningún otro lugar. La señora Ayuso puede decir lo que quiera, pero desde el 2018 hasta ahora (periodo PSOE) el Estado ha invertido 3.265 millones de euros en Catalunya y 5.548 millones en Madrid. Y esto sin tener en cuenta la inversión pública no regionalizada (que supone un 25% del total) y que, en palabras de la misma ministra Montero, beneficia principalmente a Madrid por razón de la capitalidad (hipercapitalidad, deberíamos decir). Y todo esto se produce en un momento político en que el gobierno español necesita los votos de los partidos catalanes en el Congreso. ¿Qué pasaría si no fuera así?
Algún medio catalán apunta a unas supuestas complejidades específicas de los catalanes que obstaculizan las obras del Estado por encima de las otras. No. La obra en infraestructuras de la Generalitat en el periodo 2001-2019 se ha ejecutado en un –sin duda todavía mejorable– 88% y la del Estado en Catalunya (antiguo grupo Foment) en el mismo periodo en un 75%, y esto gracias a la buena ejecución a principios de la década (hasta el 2009), porque después bajó drásticamente al 60,9% en el periodo 2013-2019. Seguro que podemos gestionar mejor nuestras complejidades, pero quien tiene el poder es el primero a quien se le tienen que exigir responsabilidades. Y el estado español nos recuerda cada día quién tiene el poder.
