La justicia se niega a revelar qué jueces participaron en cursos pagados por Agbar

Numerosos jueces participaron en 2012, 2013 y 2014 en cursos patrocinados por la Fundació Agbar. Estos programas se celebraron en unas cuantas ciudades e incluían el transporte y el alojamiento de los magistrados en hoteles de cinco estrellas, según ha podido acreditar el ARA a través de peticiones de transparencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre la documentación entregada por el órgano rector de los jueces está el contenido de los programas, los ponentes que hablaban y los lugares a los que se viajaba, por ejemplo. Pero el CGPJ se ha negado a entregar la información más valiosa: cuáles son exactamente los jueces que fueron invitados a participar como público en estos cursos. Consultada por este diario, una portavoz de Agbar tampoco quiso aclararlo ni hacer ninguna declaración.

El interés por esta información está en el hecho de que, en 2019, el Tribunal Supremo dictó una sentencia inesperada: daba la razón a Agbar y aseguraba que la adjudicación sin concurso de la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona era plenamente válida. La sentencia tumbaba una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que había anulado la concesión a Agbar porque consideraba que la ausencia de concurso público no estaba justificada. La decisión del Supremo "también sorprendió dentro de Agbar", donde el caso "se daba por perdido", según fuentes próximas a la compañía. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que quería que la gestión del agua volviera a manos públicas argumentando que la adjudicación estaba mal hecha, insinuó entonces que Agbar había podido influir en la sentencia a través de estos cursos de formación que pagó a los jueces.

La documentación muestra que al menos uno de los jueces que escribió las sentencias del caso Agbar, Rafael Fernández Valverde, fue a Gran Canaria como moderador de uno de los cursos, como se puede comprobar en el programa de las sesiones.

Encuentros en Barcelona, Granada y Gran Canaria

Los cursos, efectivamente, se hicieron, como demuestra el convenio que firmaron la Fundación Agbar y el CGPJ en diciembre de 2011. El motivo del convenio: formar a los jueces en "derecho del agua". El primero se hizo en junio de 2012 en Barcelona. Duró un día y medio (28 y 29 de junio), participaron dieciocho jueces y en la documentación no se especifica dónde se alojaron. En la sesión inaugural participaron el presidente de Agbar, Àngel Simón, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Fue el propio Trias quien decidió, pocos meses después (en noviembre de 2012), dar la concesión a Agbar sin concurso. 

Un año después, el 8, 9 y 10 de mayo de 2013, se produjo un segundo encuentro, en este caso en Granada y con alojamiento en el hotel NH Victoria, de cuatro estrellas. Como participantes había diecinueve jueces, los nombres de los cuales no se saben. El contenido era muy técnico y como ponentes había también jueces del Tribunal Supremo (Segundo Menéndez Pérez). Algunos de los ponentes de los cursos repetían siempre, como Dimitry Teodoro Berberoff (magistrado del TSJC), Santiago Miláns de Bosch (entonces socio del bufete Cuatrecasas y magistrado en excedencia) y Félix Azón y Ramon Camp (vocales del CGPJ).

El tercer curso se celebró el 4, 5 y 6 de junio de 2014 en Las Palmas de Gran Canaria con alojamiento en el hotel Meliá Tamarindos, un hotel de cinco estrellas con grandes piscinas y ante la playa. Este fue también el curso con más asistentes: veinticinco. Seguramente el detalle más llamativo es que, como se ha mencionado antes, uno de los que intervino como moderador de una sesión fue el juez Rafael Fernández Valverde. Este mismo magistrado fue quien escribió una de las cuatro sentencias que dieron la razón a Agbar en 2019 (en concreto, la sentencia número 1.612/2019) y con las que se cambió la decisión previa del TSJC.

Por otro lado, en las jornadas de Gran Canaria también habló Miguel Ángel Gimeno, entonces presidente del TSJC y que dos años después sería nombrado director de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Finalmente, en 2015 se hizo una "estada en la empresa", en la que quince jueces se reunieron tres días con directivos de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, exactamente la misma compañía que sería objeto de la sentencia del Supremo cuatro años más tarde. Este encuentro incluyó visitas privadas al MNAC, alojamiento en el hotel Barcelona Center (cuatro estrellas) y comidas en restaurantes como el Follia, de Sant Joan Despí.

Consulta aquí los programas de los cursos que Agbar celebró con jueces.

Argumentos del CGPJ

A pesar de que los ponentes son públicos, el órgano de gobierno de los magistrados no ha querido revelar cuáles participaron como asistentes en estos cursos con gastos pagados en diferentes lugares de España. El CGPJ alega que aportar esta información sería "excesivo" y vulneraría la intimidad de los jueces. La ley de transparencia, sostiene, no puede ir tan lejos. En concreto, afirma que aportar estos datos "constituye un tratamiento que no resulta adecuado, pertinente ni necesario en relación con el fin de transparencia, de forma que tiene que primar el derecho de protección de datos". Y también que la participación en actividades de formación del CGPJ "no está sujeta a escrutinio público". El ARA presentó un recurso a esta decisión, pero fue denegada por silencio administrativo.

Ni el CGPJ ni Agbar han querido responder al ARA cuando se les ha preguntado, reiteradamente, cuánto costaron los cursos y si la empresa asumió íntegramente la factura. Aún así, personas que saben cómo se negoció el convenio confirman que el coste económico lo asumía la Fundación Agbar, mientras que el CGPJ se encargaba de aportar los jueces y los conocimientos técnicos. "No hay ninguna conjura, se tiene que suponer que la gente tiene una cierta profesionalidad y que saben discernir entre lo que se puede hacer y lo que no", explican estas mismas voces.

Lo cierto es que los convenios entre el CGPJ y las empresas privadas con un coste económico son una cosa muy poco habitual. Tal como muestra el registro del órgano de los jueces, entre 1990 y 2014 se firmaron 170 convenios, pero solo tres fueron con empresas privadas: La Caixa (uno en 2003 y otro en 2005), Agbar (2011) y la empresa alemana Icon Institut, dedicada a la consultoría para el desarrollo y la cooperación (año 2008). Normalmente los convenios son con gobiernos autonómicos, locales o universidades.

El convenio de Agbar se renovaba anualmente de manera automática salvo que una de las dos partes decidiera interrumpirlo. Esto es lo que pasó en octubre de 2015, cuando la entonces directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa Conde (pareja del famoso juez Pablo Llarena), comunicó a Agbar la decisión de dar por cerrado el convenio por siempre jamás más sin dar ningún motivo, cosa que se materializó el 1 de enero de 2016.