El ínfimo peso de los impuestos propios en los ingresos de las comunidades: un 2% en 2022
Los economistas señalan una "vorágine" de cambios normativos por parte de las autonomías sobre los tributos cedidos
MADRIDLos impuestos propios sólo supusieron un 2,2% de los ingresos de las comunidades autónomas del régimen común en 2022, lo que los convierte en una "escasa" fuente de financiación para las autonomías. En concreto, ese ejercicio ingresaron 2,6 millones de euros por estos tributos. Una cifra que queda lejos de los 118 millones de euros provenientes de los impuestos cedidos por parte del Estado a las comunidades autónomas. Así se desprende del último informe sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024 elaborado y publicado por el Consejo General de Economistas (CGE) este martes.
Ahora bien, la realidad no es en absoluto homogénea en todo el Estado. Cataluña se posiciona a la cabeza en cuanto a los ingresos provenientes de gravámenes particulares (922 millones de euros en 2022), ya que es una de las comunidades que más impuestos propios ha diseñado. Un ejemplo es el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas. En cambio, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna, por lo que ingresó un total de 0 euros por esta vía.
Desde el Consejo General de Economistas han detectado que la tendencia por parte de las comunidades autónomas ha sido la de derogar o modificar los impuestos propios, sobre todo cuando el Estado ha aprobado figuras similares que han provocado una duplicidad. El ejemplo más reciente lo tenemos con el impuesto estatal sobre los residuos, en vigor desde este 2024. Las comunidades que ya tenían este gravamen o bien lo han suprimido, o bien lo han dejado sin efecto, como es el caso de Cataluña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la regulación estatal de este impuesto obligaba al Estado a transferir, después, el dinero a la comunidad.
Impuestos cedidos
El peso de los ingresos, pues, se lo llevan los impuestos cedidos por parte del Estado, que son una parte importante de los recursos con los que se dota al sistema de financiación autonómica de régimen común: el IRPF (la parte autonómica) , el Impuesto de Patrimonio, el IVA (también tiene una parte autonómica), el impuesto sobre las transacciones inmobiliarias o los impuestos especiales (alcohol, gasolina o tabaco). Con el tiempo, las comunidades han ganado margen para aplicar cambios normativos sobre estos gravámenes. De hecho, el impuesto de Patrimonio está cedido al 100% por lo que permite a las autonomías bonificarlo por completo.
Esto ha llevado al Consejo General de Economistas a cifrar en 991 los cambios normativos aplicados por las autonomías en los últimos diez años, apunta el director del Servicio de Estudios fiscales del CGE al ARA, Rubén Gimeno. "Estamos en constante vorágine normativa", añade. Los economistas reconocen que esto responde a haber avanzado en competencia tributaria, algo que no cuestionan, pero detectan que muchos de los cambios de los gobiernos autonómicos se quedan en cuestiones "enunciativas". "No acaban afectando a un grueso importante de la población. Muchas veces hablamos de deducciones llenas de requisitos", reflexiona Gimeno.
Las modificaciones más recientes afectan sobre todo al IRPF. En los últimos dos años y en pleno contexto inflacionista hasta doce comunidades autónomas (si incluimos Cataluña, que lo ha anunciado) han llevado a cabo rebajas de este impuesto sea a través de una deflactación o reduciendo los tipos impositivos.
Precisamente, en el marco del acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno español, tanto ERC como Junts arrancaron el compromiso de reformar la financiación autonómica. En el caso de ERC, apuestan por crear una comisión para abordar esta reforma, mientras que Junts explicita que su propuesta es que el Estado ceda "el 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya".