Guía para no perderse en el debate de la financiación autonómica

MADRIDPocos temas generan más lío que éste. El sistema de la financiación autonómica de régimen común es uno de los grandes quebraderos de cabeza de académicos, políticos y ciudadanos, no sólo porque suele ir de la mano de un debate crispado, sino porque está lleno de tecnicismos y cifras que a menudo carga el diablo. De nuevo será uno de los temas que marcará la próxima legislatura, pero también las negociaciones con los partidos independentistas catalanes de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.

Estas son algunas de las claves para no perderse en el debate:

¿Qué es?

El sistema de financiación autonómica de régimen común tiene por objetivo garantizar que todas las comunidades autónomas puedan satisfacer los servicios públicos básicos en igualdad de condiciones. Hablamos de sanidad, educación y servicios sociales, competencias transferidas. Forman parte todas las comunidades menos las forales (País Vasco y Navarra).

Para alcanzar este objetivo son necesarios recursos y hay que redistribuirlos. Es aquí donde entra en juego el entramado del sistema: valorar cuánto dinero necesita cada comunidad para cubrir estos servicios públicos. No sólo debe tenerse en cuenta que hay territorios con menos músculo o capacidad fiscal, sino que también hay que pensar que se trata de un gasto estrechamente ligado a la población, lo que hace que no sea estático en el tiempo. A modo de ejemplo, si en un territorio la pirámide poblacional se ensancha en las franjas de mayor edad, la presión sobre el gasto vinculado a la dependencia se incrementa automáticamente.

¿De dónde salen los recursos?

De la recaudación directa o indirecta de impuestos. Los de la financiación autonómica salen de las comunidades y del Estado.

Las comunidades aportan aquellos ingresos que recaudan a través de los tributos cedidos. Por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones inmobiliarias. También la parte autonómica de los principales impuestos: el 50% del IRPF y el IVA, y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, gasolina o tabaco). De todos ellos, las comunidades se quedan un 25%. El resto va al bote común.

En el bote común hay cuatro fondos: el fondo de garantía, el de suficiencia, el de cooperación y el fondo de competencia. Se nutren con el 75% de los ingresos tributarios de las comunidades, así como de transferencias que realiza el gobierno central. Este último ayuda a terminar de cubrir la diferencia entre lo que se destina a las comunidades por su recaudación de impuestos y la necesidad de financiación que se les reconoce.

¿Cómo se distribuyen?

El fondo más importante es el de garantía: reparte los recursos en función de las necesidades de gasto de la comunidad. El sistema actual ejecuta un cálculo de estas necesidades a través de la población ajustada, un concepto que nace de la ponderación entre la población real y diferentes variables demográficas (como la edad de la población) y geográficas (como la dispersión). La ponderación de cada criterio es decisiva para saber cuánto debe recibir cada autonomía y prestar los servicios públicos en las mismas condiciones.

"Es un concepto polémico", reconoce el catedrático Guillem López Casasnovas, quien añade que según el peso de los criterios que se ponderan puede generar superávit o infrafinanciación. El catedrático plantea que habría que abrir la puerta a criterios como la migración o el peso del turismo: "También generan gasto social".

Asimismo, también entran en juego el fondo de suficiencia y el de cooperación y competencia. Su entramado es una de las patas que los expertos tachan de opaca por su complejidad.

Todo ello opera bajo el mecanismo de nivelación, que es el encargado de redistribuir los recursos para complementar los ingresos de la comunidad en función de su necesidad de gasto.

¿Hay comunidades que aportan más de lo que reciben?

Sí. Cada año se genera un flujo redistributivo del sistema y en algunos casos un drenaje fiscal. Lo que liquidan las comunidades en el sistema se convierte en un saldo neto que puede ser favorable o desfavorable. Cuando es favorable significa que la comunidad recibe más recursos de los aportados. En cambio, cuando es desfavorable significa que ha aportado más recursos que los que finalmente ha recibido. "Puede estar justificado", apunta López Casasnovas. Quisiera decir que el territorio tiene más capacidad fiscal que necesidad de gasto por cubrir. Se situarían las comunidades con mayor músculo, pero no las pobres. De hecho, una de las bases sobre la que descansa el sistema de financiación es la de la solidaridad interterritorial.

¿Por qué hablamos de infrafinanciación?

¿Quiere esto decir que aquellas comunidades que reciben más de lo que han aportado están bien financiadas, o que en caso de recibir menos dinero están mal financiadas? Aunque suene contradictorio, la respuesta es no, y por eso se habla de infrafinanciación (cuando la financiación es inferior a la necesaria para cubrir los servicios públicos básicos).

Por ejemplo, Murcia o Andalucía no suelen sufrir drenaje, es decir , no suelen hacer una contribución neta al sistema sino que reciben más recursos de los que aportan. Sin embargo, no les basta para cubrir los servicios básicos como educación o sanidad. Lo mismo puede ocurrir, pero al revés: una comunidad puede aportar 100 y recibir 80 porque según los cálculos del sistema la necesidad de gasto para los servicios básicos está cubierta. Sin embargo, los 80 pueden no ser suficientes. Cataluña, por ejemplo, denuncia que se encuentra en esta situación. Éste es uno de los diferentes motivos por los que se pide una revisión del modelo, caducado desde el año 2014.

¿Cuál es el vínculo con el déficit fiscal?

El déficit del Estado con la comunidad autónoma no puede confundirse con el sistema de financiación. Aparecen de la mano porque el sistema es un componente más de este déficit. El déficit incluye otros muchos elementos como las inversiones o la redistribución de personal, entre otros, y una forma de calcularlo es a través de las balanzas fiscales.