Fiscalidad

El PP fuerza el plan B de Montero: objetivos de déficit y deuda más restrictivos

Comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán 4.500 millones de euros menos de margen de gasto

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el Senado.

MADRIDLa vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), tendrá que aplicar el plan B sobre los objetivos de déficit y deuda. Este miércoles, el Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023).

El 7 de febrero los populares ya votaron en contra. Sin embargo, el gobierno central tenía una segunda oportunidad para que los objetivos vieran la luz. Una vez este segundo intento ha hecho aguas, se abre un escenario inédito para el que Montero ya estaba preparada: aplicar los objetivos que recoge el programa de estabilidad enviado a Bruselas en abril de 2023.

Menos margen de gasto

Sin embargo, este plan B no es favorable ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos, porque supone una restricción del gasto. La senda de estabilidad que se estaba tramitando en estos momentos y que el PP ha tumbado establece para el conjunto de las administraciones públicas un objetivo de déficit público del 3% para 2024, y cumple así con el retorno de las reglas fiscales en la Unión Europea. En el caso del Estado, el objetivo de déficit es del 2,7% del PIB; para las comunidades autónomas, de un 0,1% del PIB, y, por último, los ayuntamientos deberían cerrar el ejercicio con equilibrio presupuestario, es decir, con un déficit público del 0%.

Ahora bien, con el objetivo de déficit del programa de estabilidad del mes de abril el Estado tendrá más margen (objetivo de déficit del 3%), pero las comunidades deberían cerrar el ejercicio presupuestario en equilibrio ( déficit del 0%), mientras que para los ayuntamientos se establece un superávit de un 0,2%. En el caso de Catalunya, esta décima de menos en cuanto al déficit supondría 277 millones menos en gasto si se tiene en cuenta la estimación del PIB de 2023.

Visto bueno de la Abogacía del Estado

El hecho de aplicar la senda de estabilidad del programa enviado en abril a Bruselas no tiene precedentes. Cabe recordar que según la ley de estabilidad presupuestaria, si los objetivos de déficit y deuda para las diferentes administraciones públicas se tumban por segunda vez consecutiva, el gobierno español se ve obligado a fijar los objetivos del ejercicio presupuestario anterior. El hecho de que en el ejercicio 2023 España no tuviera objetivos de déficit y deuda (la UE tampoco) fruto de la suspensión de las reglas fiscales es lo que explica que haya que adoptar los del plan enviado a Bruselas. El ministerio de Hacienda ha explicado que la Abogacía del Estado ha dado su visto bueno.

Con todo, cabe recordar que estos objetivos no contemplan una posible condonación de la deuda autonómica, que ahora supone un lastre para las cuentas públicas, tal y como acordaron ERC y el PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Asimismo, con el retorno de las reglas fiscales a la UE, aunque se ha restablecido el cumplimiento con los objetivos de déficit y deuda, éste es más flexible y Bruselas pone en el punto de mira la regla de gasto. En cualquier caso, todo ello sólo hace que retrasar la elaboración de los presupuestos del Estado para este 2024 que, una vez aprobada la amnistía, será el próximo gran reto de Pedro Sánchez.

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