La receta Roosevelt para fortalecer la clase media
Son tiempos difíciles para las democracias occidentales. Los buenos resultados electorales de Vox y Alvise en España, Le Pen en Francia y los Demócratas de Suecia, o las favorables encuestas de Trump, sumados al aumento de grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo, hacen dudar de la capacidad de los partidos de centro para convencer a las clases medias de que sus propuestas les mejorarán la vida. Tras dos fuertes crisis –la que siguió el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país y la de la covid-19– la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado, produciéndose una reducción del número de familias consideradas clase media. Esto nos lleva a una sociedad con menos estabilidad y mayor incertidumbre, y donde, más allá de los efectos para aquellos que bajan en la escala social, las consecuencias son para todos.
El gran éxito en la construcción de nuestro estado del bienestar, con pilares básicos como los servicios sanitarios y educativos universales y gratuitos, y una importante red de protección social, fue la consolidación de unas clases medias a partir de la equidad social y la movilidad económica. Y éstas han jugado un papel clave a la hora de garantizar –y mantener– la calidad de estos servicios públicos. Nos hablaba de ello el economista Albert Hirschman en su obra Salida, voz y lealtad. Las clases medias son grandes usuarias de los servicios públicos, ya diferencia de aquellos con menos recursos, tienen la capacidad de expresar –y protestar– su descontento cuando consideran que no cumplen con la calidad esperada. Ya sea saliendo a la calle, con caceroladas oa través de las Asociaciones de Familias de Alumnos. Mantienen también una lealtad al uso de estos servicios, esperando que a partir de sus reclamaciones se produzcan cambios. Si esto no ocurre, pueden optar por salir, y abandonar estos servicios, pasando a la educación concertada o al seguro privado. Una clase media aspiracional, que mira hacia arriba buscando una mejor calidad de vida, es fundamental para sostener el estado de bienestar.
Pero que las clases medias que pueden permitirse abandonen los servicios públicos es un problema para todos. Primero porque estos servicios pueden deteriorarse aún más y ser percibidos como beneficiencia destinada a quienes no pueden acceder a las alternativas privadas. En la sanidad nos encontramos a las puertas de esta situación, con el constante aumento de las personas que pagan una póliza privada, que se sitúan ya por encima de los 12 millones en España. Pero segundo, y quizás más importante, por la desconexión que supone entre las clases medias y las instituciones públicas, que fomenta un resentimiento en su contribución –fiscal y emocional– al bien común. ¿Por qué estos millones de personas que ya pagan por su propia cobertura sanitaria deben querer sufragar con sus impuestos la cobertura gratuita de los demás? Quizás ellos también se beneficien de algunos tratamientos en los hospitales públicos (los más caros y complejos, claro, que no cubre el seguro), pero ¿por qué ayudar a pagar el CAP de la esquina?
Las familias de rentas medias lo tienen cada vez más difícil no sólo por mantener su peso en la sociedad, sino también su estilo de vida. Y quizá la definición icónica la hizo el presidente estadounidense Roosevelt en 1944 en su Segunda carta de derechos: derecho a un trabajo útil y remunerado que proporcione comida, ropa y esparcimiento adecuados; derecho a una vivienda digna; derecho a una atención médica adecuada; derecho a una protección contra los miedos económicos de la vejez, la enfermedad, el accidente y el paro; y derecho a una buena educación. 80 años después, a ambos lados del Atlántico, a las nuevas generaciones cada vez les cuesta más disfrutar de estos derechos. Los salarios no aumentan tanto como los costes de vida, y la vivienda se constituye como la gran barrera para poder ya no sólo emanciparse, sino también tener una vida digna. Y la sanidad y la educación públicas sufren un deterioro en gran parte del territorio. Ésta crisis de accesibilidad, como la denominan los expertos, se ha agravado con la inflación desde 2022.
Los gobiernos –a todos los niveles– deben hacer un mayor esfuerzo para fortalecer las clases medias que vaya más allá de sacar el IVA de algunos productos y dar ayudas puntuales. Se necesitan estrategias generales de inversión por los derechos de los que nos hablaba Roosevelt el siglo pasado. Por ejemplo, la que anunciaba esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar el acceso a una vivienda asequible. No debe inventarse la rueda, sino facilitar que roden los recursos.
