Las organizaciones de autónomos mueven ficha para desatascar un acuerdo con el gobierno español
Después de ATA y UPTA, este lunes la organización UATE ha lanzado su propuesta de cuotas para el próximo año
MadridLas nuevas cotizaciones de los trabajadores autónomos son una de las patatas calientes que el gobierno español tiene sobre la mesa y que debe resolver antes de que acabe el año. La idea es que a partir del 1 de enero del 2026 entren en funcionamiento nuevas cuotas a la Seguridad Social, pero la negociación entre el ministerio de la Seguridad Social y las principales organizaciones está atascada. Sin fecha a la vista para una nueva reunión, en los últimos días las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propia han movido ficha poniendo negro sobre blanco cuáles son sus exigencias.
Primero lo hizo ATA, la organización integrada dentro de la patronal española CEOE; después UPTA, vinculada a UGT, y este lunes lo ha hecho UATAE, próxima a CCOO. La organización que preside María José Landaburu no sólo ha apoyado la congelación de las actuales cuotas en el caso de los tramos más bajos –también lo ha aplaudido ATA–, sino que plantea bonificar las aportaciones a la Seguridad Social en aquellos tramos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) y en aquellos tramos intermedios.
En concreto, UATAE ha detallado que apuesta por una bonificación "regresiva" de las cuotas de los autónomos con menos ingresos. Esto significa que sea mayor en aquellos tramos más bajos y que se vaya reduciendo en el caso de los tramos más altos. "Reducir las cuotas de los tramos más bajos sin ninguna medida adicional comporta una reducción de las bases de cotización, lo que disminuye la protección social de los más vulnerables, pese al esfuerzo contributivo que realizan", ha defendido la asociación en rueda de prensa este lunes. Si se traslada a la práctica, Landaburu ha explicado que esta bonificación se traduciría en una rebaja de la actual tarifa mínima que pagan los autónomos con rendimientos netos por debajo del SMI.
Cabe recordar que la reforma que se aprobó en 2022 y entró en vigor en 2023 obliga a los trabajadores autónomos a cotizar en función de sus ingresos reales, de modo que las prestaciones sociales futuras, históricamente mucho más precarias que las de los trabajadores afiliados al régimen general de la Seguridad Social, sean más altas. Al principio de la negociación de nuevas cuotas a partir de 2026, el gobierno español planteó un incremento generalizado para el período 2026-2028. Ante el rechazo, el ministerio que pilota Elma Saiz ha rehecho su propuesta y se centra sólo en el 2026. Ha propuesto una congelación de las cuotas de los tramos más bajos y un incremento progresivo de hasta un 2,5% en el caso de los tramos más altos.
Mejorar el llamado "paro de los autónomos"
La organización también ha puesto el foco en el subsidio para parados de más de 52 años y ha pedido que se traslade a los trabajadores autónomos (solo afecta a los afiliados al régimen general de la Seguridad Social). También exige que se mejore la prestación por cese de la actividad: el llamado "paro de los autónomos". En este sentido, propone, entre otras cosas, que las causas económicas que permiten acceder a esta prestación incluyan la existencia de pérdidas actuales, sin la necesidad de que deban prorrogarse durante un año entero, ni que se alcance un porcentaje de ingresos. También si se prevén pérdidas futuras, aunque todavía no se hayan llegado a materializar.