La UE aprueba a última hora una 'ley rider' descafeinada

BruselasAcuerdo en el último minuto. Después de más de dos años de negociaciones y tira y aflojas constantes, los Veintisiete han aprobado pocos meses antes del final de la legislatura europea la conocida ley rider, que pretende acabar con los falsos autónomos en empresas como Uber, Glovo o, entre otros, Deliveroo. Eso sí, la normativa es mucho menos restrictiva de lo que propuso inicialmente la Comisión Europea y quería el Parlamento Europeo o algunos estados miembros, como España, quedando un texto legislativo mucho más descafeinado y favorable a las multinacionales del sector.

La polémica directiva ya se había acordado hace un mes, pero en el último momento una minoría de países, entre ellos Alemania y Francia, que son los mayores e influyentes de la Unión Europea, se hicieron atrás y la bloquearon. Sin embargo, este lunes Grecia y Estonia han cambiado de opinión y se han pasado al sí, lo que ha permitido que la ley se apruebe sin contar con el visto bueno de Berlín, que se ha abstenido, ni el de París, que ha votado en contra. Es un hecho muy excepcional en las instituciones europeas que una normativa salga adelante sin disponer del apoyo del eje franco-germánico o, al menos, de uno de los dos grandes socios del blog.

Alemania se ha abstenido por la división interna de su gobierno de coalición. Aunque los socialdemócratas y los verdes están a favor de regular el sector y favorecer los contratos de asalariados en vez de los autónomos o falsos autónomos, los liberales se oponían a ello. En Francia, su condición, que nadie les ha asegurado que al final sea así, es que los Estados miembros tuvieran la última palabra sobre cómo y hasta qué punto aplicar esta directiva europea.

En cambio, la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo alcanzado in extremis entre los Veintisiete. "Hoy es un día histórico para los trabajadores", se congratuló la dirigente española, que fue una de las máximas impulsoras. Ahora bien, ella misma ha contrapuesto que se trata de un texto final que "no entusiasma" al gobierno español, y en anteriores ocasiones había asegurado que le parecía menos "ambiciosa" de lo que desearía.

Hay que recordar que, según la Comisión Europea, actualmente en el bloque comunitario hay unos cinco millones y medio de falsos autónomos que trabajan para grandes plataformas digitales, y un total de 28 millones de personas que se dedican a trabajos de éste sector. Además, prevé que en 2025 esta cifra alcance los 43 millones de trabajadores.

Una medida que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo

Desde que la Comisión Europea planteó esta propuesta legislativa, hace más de dos años, la medida se ha ido diluyendo a medida que ha ido pasando el tiempo y que ha ido avanzando en su tramitación, especialmente entre las diferentes negociaciones y acuerdos fallidos de los estados miembros. Bruselas pretendía reducir el elevado número de falsos autónomos en este sector de las empresas de reparto y obligaba a las empresas a contratar como asalariados a los trabajadores que tenía de autónomos y cumplían al menos tres de unas siete condiciones.

Algunos de los requisitos más destacados eran, por ejemplo, que se le exija al trabajador llevar uniforme o un distintivo de la empresa para la que trabaja, o que tenga un sueldo fijo o con un tope de remuneración. También figura el hecho de que el repartidor esté sometido a un seguimiento digital de sus pedidos, que tenga horario, que la empresa no le deje trabajar para otras compañías o para clientes suyos, o, entre otros, que sea ​​penalizado con menos o peores entregas si algún día no desea o no puede prestar sus servicios.

Finalmente, un autónomo que trabaje para estas multinacionales no pasará automáticamente a ser asalariado si cumple con al menos tres de estos criterios, sino que el trabajador sencillamente tendrá derecho a pedirlo y que la empresa tenga que verificar si realmente es un falso autónomo. Además, tal y como se ha quejado la propia ministra de Trabajo española, no existe tanta seguridad jurídica en este aspecto como la propuesta legislativa de Bruselas y, al final, la decisión se basará sobre todo en las leyes estatales y los acuerdos colectivos de cada país, así como la jurisprudencia determinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.