Los pactos sociales se desaceleran

MADRID"Es el primer gran acuerdo [con los agentes sociales], pero no será el último”. Las palabras son de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el día en el que anunció el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales. El vaticinio llegaba en enero de 2020, pocos días después de la investidura del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y, con acierto, anticipaba lo que vendría después. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), los empresarios y el Gobierno español empezarían a encadenar una serie de consensos en materia económica y, en particular, laboral: la ley rider o del teletrabajo, los ERTE, parte de la reforma de las pensiones o la reforma laboral son solo unos ejemplos.

Desde entonces, el diálogo social —del que hace bandera el Gobierno español actual— ha ido con viento de cola, también porque el estallido de la pandemia del covid-19 y el consiguiente impacto económico sobre trabajadores y empresas obligaba a todo el mundo a mover ficha. Sin embargo, en los últimos meses las negociaciones se han ido complicando. A medida que se ha encarrilado la recuperación, las exigencias han aumentado, apuntan fondos del diálogo social, sobre todo las de las patronales, hasta el punto que algunos acuerdos acababan con los empresarios fuera de la foto: el último, el incremento del SMI hasta los 1.000 euros, una tendencia que ha continuado este 2022.

Las posiciones alejadas entre sindicatos, patronales y Gobierno español mantienen estancada la negociación de acuerdos como el salarial y la reforma de los autónomos, mientras que en el horizonte hay elementos de la segunda parte de la reforma de las pensiones por negociar.

Actualización de los salarios

El pacto salarial entre los agentes sociales —empresarios y sindicatos— pasa por uno de sus momentos más tensos. La renovación del Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC), que tiene que incluir las directrices salariales hasta 2024, ha encontrado su escollo en la inflación. En concreto, en las cláusulas de garantía salarial que tienen por objetivo que, si este 2022 se cierra un aumento salarial muy por debajo de la inflación —este mes de marzo ha rozado el 10%—, se pueda reconducir en 2023 y 2024.

A pesar de que fuentes conocedoras de la negociación son "optimistas" en cuanto a llegar a un acuerdo, asumen que "quedan días de contactos" informales, incluso al más alto nivel. Las cifras no son el problema principal. De hecho, los sindicatos han planteado una actualización de los salarios del 3,4% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, mientras que los empresarios apuestan por un aumento del 8% a repartir en los próximos tres años, es decir hasta 2024, y hacerlo según la situación del sector y la empresa. Ahora bien, para los primeros las cláusulas de salvaguarda son una condición sine qua non, mientras que los segundos solo estarían dispuestos a hablar para 2024 y con condiciones, apuntan fuentes del diálogo social al ARA.

Mientras el acuerdo llega, los salarios se mantienen, pero los precios aumentan. El total de convenios revisados y firmados desde 2021 y hasta marzo recogen un incremento salarial medio de un 2,3% para este año, muy por debajo del último dato de la inflación general (9,8%), pero también de la subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni la alimentación (3,4%).

Aquí entra en juego el "pacto de rentas" que quiere el Gobierno español: se asume que la moderación salarial continuará, pero que "no puede pagar todos los platos rotos" ni de la inflación ni de la guerra, como señalan los sindicatos. El ejecutivo quiere que se repartan los daños que tendrá la situación actual sobre la economía española y por eso también quiere hablar de costes y márgenes de beneficios. En este sentido, sin embargo, no se prevé una reunión hasta el mes de mayo, apuntan fuentes del diálogo social. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez ha aprobado un plan económico que, a diferencia de los sindicatos, no acaba de convencer a las patronales, que en sintonía con el PP piden una rebaja generalizada de impuestos.

Reforma de los autónomos

La última reunión formal sobre el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos fue el 28 de febrero. Desde entonces, ni Gobierno español ni asociaciones de autónomos y agentes sociales se han reunido para abordar la reforma, si bien algunas de las partes —Gobierno y algunas plataformas de autónomas— reconocen contactos informales. Las posiciones siempre han sido alejadas, no solo por el planteamiento, sino también por la complejidad de definir cuáles son "los ingresos reales", uno de los principales obstáculos de la reforma.

Ante el "contexto de incertidumbre económica actual" las patronales de autónomos han movido ficha por primera vez y proponen cotizaciones de entre 205 y 400 euros en función del tramo (12 en total) durante tres años (2023, cuando entraría en vigor la norma; 2024, y 2025) y, llegado el momento, revisarlo de nuevo. Las cantidades son inferiores a la última propuesta del ministerio de la Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, que además apostaba por un despliegue de la reforma en nueve años. Sin embargo, el tiempo juega a favor de la negociación porque hay margen hasta finales de año.

Otros acuerdos

Sin embargo, la reforma de los autónomos es solo una pata más de la segunda parte de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas, es decir, a cambio de los fondos europeos. Un segundo bloque no poco problemático que incluye la ampliación del periodo del cómputo de las pensiones o cambios en las bases máximas de cotización.  

Aun así, el ministerio de Trabajo —que ha encabezado gran parte de los acuerdos conseguidos hasta ahora— ha reabierto la mesa de negociación de la reforma laboral, una norma que los sindicatos confían en retocar antes de que acabe la legislatura. Es en el marco de esta reforma que se negociará el futuro Estatuto del Becario, que tiene por objetivo acabar con el fraude laboral por el abuso de esta figura para cubrir lugares de trabajo estructurales.